Argentina se suma a la estrategia minera del Banco Mundial sin garantías ambientales sólidas, según denunció la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). El país integra la primera cohorte de ocho Estados seleccionados para implementar la nueva estrategia de minerales y metales del Grupo Banco Mundial, anunciada el 16 de octubre de 2026.
La iniciativa busca incrementar el financiamiento destinado a la explotación de minerales críticos de USD 3.600 millones a USD 19.000 millones entre 2026 y 2030, con el objetivo central de movilizar inversiones privadas. Sin embargo, de acuerdo con el informe de FARN, la estrategia deja en un segundo plano aspectos fundamentales como la protección del ambiente, los derechos de las comunidades locales y los mecanismos de debida diligencia.
La adhesión argentina coincide con el debilitamiento de los controles ambientales
Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos del Área de Política Ambiental de FARN, sostuvo que el Banco pasaría de apoyar iniciativas específicas a promover estructuralmente el sector minero mediante garantías para infraestructura, financiamiento de proyectos privados y asesoramiento a gobiernos sobre reformas administrativas.
“El fin de la estrategia es movilizar capital privado hacia el sector minero, profundizando el modelo extractivo en el grupo de países seleccionados, entre ellos Argentina”, señaló Gómez en el comunicado de FARN. “Esto ocurre en un contexto en el que el Banco pareciera flexibilizar sus salvaguardas ambientales y sociales, mientras se ponen en duda sus capacidades de monitoreo”, agregó.
El RIGI y los incentivos fiscales sin evaluación de impacto
Durante el lanzamiento del plan de implementación, el secretario de Política Económica y viceministro de Economía, José Luis Daza, anticipó que el país espera incorporar once nuevos proyectos a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El régimen contempla beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios, además de estabilidad normativa por períodos prolongados.
Según FARN, el RIGI establece mecanismos internacionales de resolución de controversias entre inversores y Estados, como los procedimientos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Estos mecanismos pueden exponer al Estado a reclamos económicos millonarios y generar presiones sobre su capacidad de establecer nuevas regulaciones de interés público, incluidas aquellas destinadas a proteger el ambiente.
A esto se suma la falta de información pública suficiente para dimensionar el costo fiscal de los beneficios concedidos, según el análisis de la organización.
Retroceso institucional en la política ambiental
La adhesión argentina a la estrategia del Banco Mundial contrasta con el retroceso institucional de las políticas ambientales en el país. El Ministerio de Ambiente fue degradado al rango de Subsecretaría y su presupuesto sufrió un recorte del 84% respecto de 2023, de acuerdo con datos oficiales.
En paralelo, el Gobierno impulsa la reforma de la Ley de Glaciares, una normativa fundamental para proteger reservas estratégicas de agua de las que dependen aproximadamente siete millones de personas. Según FARN, su flexibilización pone en riesgo los presupuestos mínimos de protección ambiental y los ecosistemas.
La organización sostiene que resulta contradictorio promover una expansión acelerada de la actividad minera mientras se debilitan las capacidades estatales para evaluar, controlar y fiscalizar sus impactos ambientales. Al momento de la publicación del comunicado de FARN, el Gobierno nacional no había emitido una respuesta oficial sobre estas observaciones.
Fuente original: https://farn.org.ar/argentina-estrategia-minera-banco-mundial/