Las comunidades peruanas afectadas por proyectos mineros chinos enfrentan una barrera infranqueable: la falta de mecanismos efectivos para exigir rendición de cuentas. A 4.700 metros de altura, en el distrito de Morococha, cinco familias resistieron durante 13 años el desalojo por la mina de cobre Toromocho, operada por Chinalco (Aluminium Corporation of China). El 19 de septiembre de 2025, 250 policías terminaron con esa resistencia de forma violenta.
“Fue un desplazamiento forzado e inhumano. Demolieron nuestras casas, se llevaron nuestras pertenencias, incluso nuestros animales. Nos trataron como criminales”, relata Elvis Atachahua, de 48 años, a Dialogue Earth. Las cinco familias que se negaron a aceptar la reubicación en 2012 vivieron sin agua potable regular y con paneles solares tras el corte de servicios básicos. Hoy se encuentran dispersas, alojadas con parientes y amigos en pueblos cercanos.
La magnitud del problema es continental. Según un estudio próximo a publicarse de Sustainable Latin America (LAS), las empresas chinas aseguraron 59 proyectos mineros en América Latina en apenas cinco años. El comercio bilateral entre China y Perú alcanzó los USD 24.000 millones en 2024, de los cuales el mineral de cobre representó el 62%, según datos oficiales citados por Dialogue Earth.
El mecanismo de mediación que no funciona
En mayo de 2023, la Cámara de Comercio China de Metales, Minerales y Químicos de Importación y Exportación (CCCMC) lanzó un mecanismo de mediación diseñado para que las comunidades presenten quejas contra empresas mineras chinas. El caso Toromocho se convirtió en su primera prueba real, y el resultado expone las limitaciones del sistema.
Tras aceptar la denuncia, la CCCMC anunció una visita histórica a Perú para abril de 2025: mediadores chinos viajarían para escuchar directamente a Atachahua y sus vecinos. Sin embargo, la visita se canceló con un día de aviso. La explicación de la CCCMC fue escueta: no se obtuvo la autorización de viaje. No hubo detalles adicionales ni propuestas para reorganizar el encuentro.
“Existe el riesgo de re-traumatizar a miembros de la comunidad que ya pasaron por tanto”, advierte Caitlin Daniel, de Accountability Counsel, organización de asistencia legal sin fines de lucro, en diálogo con Dialogue Earth. La comunidad fue redirigida a comunicarse con Lisset Mesa, jefa de relaciones comunitarias de Chinalco en Perú. Atachahua señala que Mesa estuvo presente el día de los desalojos.
Paulina Garzón, directora de LAS, explica que el mecanismo responde a “una demanda social internacional” para mejorar la gobernanza ambiental de las empresas chinas, que han enfrentado conflictos en proyectos como la mina de cobre Las Bambas en el sur de Perú, operada por MMG y sujeta a protestas y bloqueos constantes.
La brecha de rendición de cuentas sin cerrar
El mecanismo de la CCCMC permite presentar quejas sobre impactos sociales y ambientales a lo largo de toda la cadena de valor minera financiada por capital chino. Promete guiarse por “principios de legitimidad, accesibilidad y compatibilidad con derechos”. Si prospera una denuncia, ofrece tres vías de resolución: diálogo bilateral, mediación interna o mediación externa con expertos.
Sin embargo, los fallos no son vinculantes y el tribunal carece de poder para multar a las empresas. Daniel advierte que, si bien el mecanismo suena sólido sobre el papel, “hasta que la CCCMC tome acciones concretas, no queda claro si habrá una oportunidad genuina de diálogo para resolver este asunto”.
La cancelación de la visita a Morococha deja a las cinco familias desplazadas en el mismo lugar donde comenzaron: sin viviendas, sin compensación efectiva y sin un canal real para ser escuchadas. Atachahua y los suyos siguen a la deriva, mientras la mina Toromocho continúa operando como uno de los yacimientos de cobre más importantes de Perú.
Fuente original: https://dialogue.earth/en/business/communities-struggle-to-hold-chinese-miners-to-account-in-peru/