Hace dos semanas, una alerta inusual y trascendental llegó desde uno de los Servicios Secretos de Inteligencia más potentes del mundo. No fue emitida por científicos en laboratorios, ni por activistas en las calles, sino desde el núcleo mismo de la seguridad nacional británica. El gobierno del Reino Unido publicó la evaluación de su comunidad de inteligencia, incluyendo al legendario MI6, titulada “Pérdida global de biodiversidad, colapso de los ecosistemas y seguridad nacional”. El mensaje es claro y estremecedor: la destrucción de la naturaleza ha dejado de ser una preocupación ambiental para convertirse en la amenaza estratégica definitiva del siglo XXI.
Esta no es la primera alarma. Durante años, el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha trazado con precisión científica el camino hacia el colapso. El papa Francisco, en su encíclica Laudato Si’, clamó por una ecología integral para salvar nuestra “casa común”. El Secretario General de la ONU, António Guterres, ha hablado repetidamente de un “código rojo para la humanidad”. Incluso las más altas cortes de justicia, como la Corte Internacional de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han emitido históricas opiniones consultivas declarando que los Estados tienen el deber legal de prevenir daños ambientales graves, y que la inacción puede acarrear responsabilidad internacional.
Pero cuando la advertencia proviene de quienes se dedican a descifrar amenazas a la soberanía y a anticipar conflictos, el mensaje adquiere una resonancia distinta, urgente y descarnada. Los servicios de inteligencia existen para analizar riesgos fríos y proteger intereses vitales. Su incorporación al coro de alertas significa que el colapso ecológico ha sido oficialmente catalogado en los mismos términos que el terrorismo, la ciberguerra o la proliferación nuclear: un multiplicador de caos que puede derrumbar naciones.
Los riesgos de un colapso ecológico inminente
La inteligencia británica no deja lugar a dudas. Su objetivo es “respaldar la planificación de la seguridad nacional” identificando los riesgos del colapso ecológico. Para ello, aplica la fría metodología de la inteligencia a los datos científicos, entre los que destaca la disminución del 73 % en las poblaciones de fauna silvestre desde 1970, impulsada principalmente por la agricultura insostenible, lo que sugiere que el mundo ya está experimentando la sexta extinción masiva.
El núcleo de la amenaza radica en la pérdida de biodiversidad y en el “colapso de los ecosistemas”, algo que podría producirse en efecto cascada. El informe explica que un ecosistema colapsa en el momento en que pierde irreversiblemente su estructura y función, pasando a un nuevo estado, degradado. El ejemplo más elocuente es la Amazonía, previéndose que pase de selva tropical a sabana seca si no se toman medidas para evitarlo. La inteligencia británica ha identificado seis de estos sistemas críticos para la Seguridad Nacional en peligro inminente: la selva amazónica, la cuenca del Congo, los arrecifes de coral y manglares del sudeste asiático, los Himalayas y los bosques boreales de Rusia y Canadá. El informe advierte que existe “una posibilidad realista de que algunos comiencen a colapsar para 2030 o antes”.
La consecuencia no es solo la pérdida de belleza o biodiversidad. Es la ruptura de los “servicios vitales” que sostienen la civilización: agua potable, producción estable de alimentos y regulación climática. El informe detalla una cascada de riesgos que empieza con hambrunas, escasez de agua y pérdida de medios de vida, y escala rápidamente hacia la inestabilidad política, migraciones masivas descontroladas, conflictos por recursos y el fortalecimiento del crimen organizado y el extremismo. En resumen, la degradación ambiental es el mayor multiplicador de amenazas para la seguridad global.
El crimen de ecocidio como nuevo paradigma legal
Frente a este escenario tan poco alentador, el informe identifica caminos de acción, que básicamente tienen relación con detener la degradación, pero a su vez con restaurar los ecosistemas. En este punto, el reporte de inteligencia se refiere expresamente al Derecho Internacional, específicamente al Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, en cuyo seno, en 2022, se acordó un Marco Mundial para la Diversidad Biológica Kunming-Montreal, un acuerdo histórico para “detener y revertir la pérdida de biodiversidad para 2030”. Sus objetivos, de cumplirse, cambiarían la trayectoria actual e incluyen: proteger el 30% de la tierra y los océanos del mundo para 2030 o restaurar el 30% de la naturaleza mundial en 2030, entre otros.
Sin embargo, los compromisos internacionales, por loables que sean, requieren de mecanismos de cumplimiento robustos. La historia muestra que la humanidad recurre al derecho penal para proteger lo que considera más valioso: la vida, la salud, la libertad, la propiedad. A nivel internacional, frente a la barbarie del genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad, se creó la Corte Penal Internacional para juzgar los peores crímenes que ha conocido la humanidad. Hoy, ante la destrucción masiva de los sistemas que nos sostienen, la respuesta proporcional y necesaria es la tipificación del crimen de ecocidio.
En 2021, un panel de expertos independientes, del cual tuve el inmerecido honor de formar parte, definió el ecocidio como aquellos “actos ilícitos o arbitrarios cometidos a sabiendas de que causan o pueden causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente”. Su poder es preventivo y transformador: establece un límite moral y legal inequívoco. Obliga a un CEO en una junta directiva o a un ministro en su despacho a preguntarse: “¿Podría este proyecto causar un daño grave a la naturaleza? ¿Podría yo ser personalmente responsable de ello?”. Y, más importante aún: ¿cómo podemos evitar esa situación? Cambia el cálculo del riesgo, haciendo que el financiamiento se retire de aquellos proyectos potencialmente agresivos para la vida en la Tierra, que las aseguradoras se nieguen a cubrirlos y que las decisiones temerarias encuentren un muro jurídico infranqueable.
Bélgica, Francia, Chile y Colombia ya tienen incorporado el ecocidio en su legislación interna. Italia, Países Bajos, República Democrática del Congo, India, Argentina, Brasil, México, Perú y República Dominicana debaten proyectos de ley de ecocidio. La Unión Europea y el Consejo de Europa han adoptado marcos para perseguir estos crímenes. Pequeños estados insulares como Vanuatu, Fiyi y Samoa, los más vulnerables al aumento del nivel del mar, lideran la propuesta para incluir el ecocidio como el quinto crimen en la Corte Penal Internacional. Es una red que se teje a nivel global para lograr este cambio legislativo y, a la vez, cultural.
“El ecocidio se define como aquellos actos ilícitos o arbitrarios cometidos a sabiendas de que causan o pueden causar daños graves, extensos o duraderos al medio ambiente“.
Llegó el momento de tipificar el ecocidio
Ya están sonando todas las alarmas: la científica, la religiosa, la judicial y, ahora, la estratégica. La inteligencia británica ha hecho su trabajo: ha identificado la amenaza más clara y actual para nuestra seguridad colectiva como especie humana.
Las advertencias morales, científicas y estratégicas son claras. Ahora sólo falta voluntad política. La inacción ya no es una opción neutral, pues a la luz de las opiniones consultivas de las Cortes Internacionales, puede acarrear responsabilidad internacional del Estado. Tenemos el diagnóstico, pero también tenemos la posibilidad de implementar la herramienta legal.
Tipificar el ecocidio es trazar esa línea roja que nuestra civilización necesita. Es el acto de responsabilidad intergeneracional más concreto que podemos realizar: elegir proteger, mediante la fuerza de la ley, los cimientos mismos de la vida, el agua, el clima y la estabilidad que heredarán nuestros hijos y nietos. Los servicios secretos han presentado su dossier sobre la amenaza. Ahora es el turno de la sociedad de elevar ese diagnóstico a la categoría de ley: construir, con el derecho, el límite infranqueable que proteja nuestro futuro común.
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