La discusión sobre los datos digitales de la naturaleza en la COP17, que se celebra en Ereván del 19 al 30 de octubre, enfrenta a países ricos en biodiversidad con empresas del Norte que aprovechan información genética sin retribuir. El debate gira en torno a la Información Digital de Secuencias (DSI), es decir, datos de ADN que científicos suben a bases públicas y que luego otros investigadores o compañías usan para desarrollar medicamentos, cultivos resistentes o productos biotecnológicos, todo sin tocar la muestra original ni solicitar permisos.
En 2022, los países acordaron crear un sistema global para compartir estos beneficios. Dos años después, en la COP16 celebrada en Cali, nació el Fondo de Cali, diseñado para recibir contribuciones voluntarias de empresas que se benefician comercialmente de la DSI: un 0,1% de sus ingresos anuales o un 1% de sus utilidades. Según un análisis de la London School of Economics, el fondo podría generar entre 929 millones y 3.600 millones de dólares al año si participaran las casi 22.000 empresas elegibles.
Pero la realidad dista de ese potencial: solo dos empresas aportaron un total de 6.000 dólares, según reportó Mongabay. Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), admitió en una conferencia de prensa en septiembre que “la capitalización actual es obviamente decepcionante”, aunque también aclaró que “este fondo es un instrumento nuevo” y que lleva tiempo que los actores del mercado confíen en él, según consignó Dialogue Earth.
Las empresas temen pagar dos veces
Uno de los obstáculos clave es la incertidumbre jurídica. Según un análisis del estudio Covington & Burling publicado en julio de 2026, 65 países ya cuentan con leyes nacionales sobre acceso y distribución de beneficios derivados de recursos genéticos, en virtud del Protocolo de Nagoya de 2014. Esas normativas exigen permisos y acuerdos de reparto específicos.
“Las contribuciones son limitadas porque las empresas desean resolver primero cuestiones críticas”, explicó Bart Van Vooren, socio del estudio, a Dialogue Earth. “Un pago al Fondo de Cali, en este momento, no significa que una empresa haya cumplido con la legislación de su país”.
Siva Thambisetty, profesora asociada de derecho en la LSE, rechaza ese argumento. “No estoy de acuerdo con quienes afirman que la ‘certeza jurídica’ es la razón principal por la que no hay fondos disponibles”, declaró a Dialogue Earth. Según Thambisetty, la única forma de lograr certeza jurídica verdadera sería mediante un acuerdo vinculante, algo que las empresas suelen evitar.
Qué se decide en Ereván
La COP17 deberá definir cómo hacer operativo el mecanismo. Los temas pendientes incluyen la estructura de las contribuciones, los mecanismos de gobernanza del fondo y la articulación con las regulaciones nacionales fragmentarias que ya existen. La conferencia reúne a las 196 partes del CDB y concluye el 30 de octubre.
El debate expone una tensión creciente en la economía del conocimiento: la biotecnología permite aprovechar la biodiversidad del Sur sin extraer físicamente una sola muestra, pero los países proveedores de esos recursos genéticos no ven reflejada esa riqueza en inversiones para conservación ni en beneficios para las comunidades locales que custodian esos ecosistemas. El Fondo de Cali fue diseñado como respuesta a ese desequilibrio, pero su éxito dependerá de que los gobiernos logren convertir la buena voluntad declarativa en compromisos verificables.
Fuente original: https://dialogue.earth/es/naturaleza/cop17-pueden-paises-repartir-beneficios-datos-digitales-naturaleza/