Tras las tensiones geopolíticas que rodearon la reunión del Foro Económico Mundial del mes pasado en Davos (celebrada inmediatamente después de las amenazas del presidente estadounidense Donald Trump contra Groenlandia y de sus ataques ilegales contra Venezuela), se espera que en la Conferencia de Seguridad de Múnich, que comenzó el 13 de febrero, la dirigencia europea reconsidere la dependencia respecto de la energía estadounidense.
La seguridad energética de Europa no es un tema nuevo. Hace cuatro años, la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia obligó a Europa a confrontar su dependencia de los hidrocarburos rusos. Pero a pesar de un compromiso inicial de acelerar la transición verde, el continente se volvió dependiente de la importación de gas natural licuado (procedente en gran medida de Estados Unidos). Alemania (cuyo vital sector industrial funcionó por mucho tiempo sobre la base del gas ruso) incluso construyó nuevas terminales de GNL para gestionar el aumento del volumen. Para colmo, un análisis reciente indica que el encarecimiento de los combustibles fósiles generó para Europa un costo adicional equivalente al 40 % de la inversión que se necesitaría para una transición del continente a las energías limpias.
El acuerdo comercial alcanzado el año pasado entre la Unión Europea y Estados Unidos (que aún debe ser aprobado por el Parlamento Europeo) profundizó esta nueva dependencia, ya que compromete al bloque a comprar 750 000 millones de dólares en energía estadounidense de aquí a 2028. En tanto, alrededor del 13 % de la importación europea de gas en 2025 tuvo como origen Rusia (con lo que Europa financió su guerra contra Ucrania).
Es verdad que la UE hizo avances en la transición verde. En 2024, la participación de la energía solar en la generación europea de electricidad superó a la del carbón, mientras que la del gas cayó por quinto año consecutivo. Pero el debate sobre la seguridad energética suele basarse en el supuesto de que el control de los combustibles fósiles y una mayor militarización genera más poder en el sistema internacional. El problema es que esta visión obsoleta no tiene en cuenta lo que yo denomino “inseguridad de los combustibles fósiles”.
En el nivel más básico, este concepto se refiere a las inseguridades directas derivadas de los combustibles fósiles. Por ejemplo, su explotación es perjudicial para el medioambiente y para la salud de las comunidades locales, que difícilmente obtendrán un beneficio financiero de esas actividades. Además de generar desigualdad, la producción de combustibles fósiles puede empoderar a autócratas como el presidente ruso Vladímir Putin, que depende de la exportación de gas y petróleo para financiar su maquinaria bélica. La volatilidad de precios también puede contribuir a una escalada de costos y exceso de deuda en economías que dependen en gran medida de la exportación o importación de combustibles fósiles. A esto se suman las vulnerabilidades ambientales asociadas a accidentes con petroleros, fugas en oleoductos y, en un nivel más amplio, la falta de supervisión adecuada.
Los efectos secundarios son incluso más marcados. Las grandes empresas gaspetroleras tienden a actuar con relativa impunidad (casi a la manera de estados rebeldes), y sus productos son factores fundamentales de alteraciones climáticas con enormes costos económicos. En 2022, se perdieron 299 000 millones de dólares en activos y capital por desastres relacionados con el clima, a lo que en 2100 tal vez haya que sumarle pérdidas anuales por entre 400 000 y 520 000 millones de dólares como resultado del avance de los mares (y eso sin hablar de los costos sociales). Ninguno de estos costos tiene una expresión adecuada en el precio de los combustibles fósiles, a pesar de que eran y siguen siendo daños previsibles.
Esto se debe a la normalización de la inseguridad de los combustibles fósiles como una forma de volatilidad impredecible, cuando nada tiene de ello. La turbulencia de las semanas previas a la Conferencia de Seguridad de Múnich no fue casual; no es que entramos por accidente a una nueva “era de inseguridad”: fue resultado de las externalidades negativas del petróleo y del gas.
Para crear seguridad energética real y garantizar la habitabilidad futura del planeta, la dirigencia política tiene que explicitar la inseguridad de los combustibles fósiles. Esto implica reconocer y enfrentar las vulnerabilidades que ya existen como resultado de la dependencia excesiva de los hidrocarburos y lograr que la seguridad energética futura no esté vinculada con el petróleo, el gas y el carbón.
Ya no es suficiente hacer reformas periféricas o esperar que la electrificación, sumada a avances tecnológicos y a mejoras derivadas de la inteligencia artificial, resolverá el problema. Lo que se necesita es una transformación total del sistema energético. A los contribuyentes sólo les parecerá costoso si la dirigencia no les dice la verdad sobre los billones de dólares en pérdidas causadas por la dependencia de los combustibles fósiles, así como sobre los costos futuros de la inacción. Pero si los líderes dejan de ver amenazas existenciales que van del peligro nuclear al cambio climático como cuestiones separadas y reconocen que seguir apostando por energías fósiles obsoletas llevará a un aumento exponencial de daños climáticos, una estrategia de seguridad energética apta para el futuro se tornará posible.
Para transformar el sistema energético de Europa, sus líderes deben aceptar que por mucho que se invierta en reforzar la capacidad militar del continente, seguir sosteniendo una economía basada en los combustibles fósiles hará mucho más difícil alcanzar la seguridad duradera que buscan.
* Pauline Sophie Heinrichs es profesora de Estudios Bélicos (Clima y Seguridad Energética) en el King’s College de Londres, Inglaterra.
Derechos de autor: Project Syndicate, 2026.
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