Greenpeace Argentina presentó una apelación judicial para revocar el procesamiento de 12 activistas que protestaron de forma pacífica en las escalinatas del Congreso Nacional el 26 de febrero, durante el debate de la reforma de la Ley de Glaciares. La audiencia se realizó el 22 de septiembre ante el tribunal de apelaciones, según informó la organización en un comunicado oficial.
Los 12 activistas fueron procesados sin prisión preventiva por violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público. El juez de primera instancia dispuso además un embargo de 2 millones de pesos para cada uno de ellos. Según el texto de la resolución judicial, la protesta no afectó el tránsito, no hubo daños materiales ni se interrumpió el funcionamiento ordinario del Congreso.
La defensa de Greenpeace ante el tribunal
Diego Salas, director de proyectos de Greenpeace Argentina, declaró tras la audiencia: “Si pensaban amedrentarnos, no lo van a lograr. Hoy, más que nunca, mantenemos nuestro compromiso con el activismo pacífico y responsable para seguir defendiendo los ecosistemas y las leyes que los protegen”.
Cynthia Moreno Gallo, una de las activistas procesadas, se presentó en persona ante el tribunal. “Participé con la convicción de defender los glaciares y el agua de nuestro país. Nuestra actividad no debería representar un delito; no agredimos, dañamos las instalaciones ni lastimamos a nadie. Solo nos expresamos para hacer visible una preocupación que compartimos con muchísimas personas”, expuso ante los jueces.
El reclamo ciudadano por la Ley de Glaciares
De acuerdo con Greenpeace, la protesta formó parte de una movilización ciudadana más amplia. Más de 102.000 personas se inscribieron para participar de la audiencia pública sobre la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados, aunque solo 200 pudieron exponer. Posteriormente, casi 900.000 personas acompañaron el reclamo judicial que la organización presentó tras la sanción de la reforma.
Greenpeace mantiene activo el pedido de inconstitucionalidad de la reforma aprobada en febrero y reafirma su posición sobre el derecho a la protesta pacífica en defensa del ambiente. La resolución de la apelación se conocerá en las próximas semanas.