NUEVA YORK – En 1945, mientras el mundo emergía de una guerra global que había demostrado la importancia estratégica del descubrimiento científico y la innovación tecnológica, Vannevar Bush, director de la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico de Estados Unidos durante la guerra, publicó un texto histórico. En «Science, the Endless Frontier», argumentó que el gobierno debía invertir fuertemente en investigación básica, convencido de que los avances científicos se traducirían en crecimiento económico, mejor salud y preeminencia global.
Esa visión se materializó plenamente en Estados Unidos, marcando el comienzo de una época dorada de descubrimientos. La universidad de investigación estadounidense impulsó el progreso científico estadounidense, y ese progreso consolidó al país como líder mundial en innovación.
Pero incluso antes de que la segunda administración del presidente Donald Trump lanzara un ataque a gran escala contra las universidades y la investigación científica estadounidenses, el modelo de Bush, de 80 años de antigüedad, mostraba signos de envejecimiento. Este modelo siempre se ha basado en tres supuestos: que existe una vía lineal desde la ciencia fundamental hasta las tecnologías aplicadas socialmente beneficiosas; que los científicos, en gran medida libres de regulación, generarían naturalmente resultados de interés público; y que se podía confiar en que el gobierno financiaría la investigación básica. Ninguno de estos supuestos sigue siendo completamente cierto.
Pocas veces la actividad científica ha sido tan importante y vulnerable como ahora. El cambio climático exige innovación urgente en energías limpias. La IA promete generar oportunidades revolucionarias y profundos riesgos. Y si bien la biotecnología tiene el potencial de curar numerosas enfermedades, también plantea cuestiones éticas complejas. Además, estos campos avanzan en un momento en que la confianza pública en la ciencia se ha erosionado, la financiación federal ha disminuido y la línea entre la investigación básica y la aplicada se ha vuelto más difusa con el auge de laboratorios emprendedores y equipos de investigación más interdisciplinarios.
Este problema se ha vuelto aún más urgente ahora que la administración Trump está decidida a recortar drásticamente la financiación de la investigación, instrumentalizar las facultades federales para conceder subvenciones e imponer exigencias exorbitantes a las universidades que desaprueba (por la razón que sea). La situación exige un nuevo pacto social para la ciencia, uno que reconozca las realidades políticas e industriales del siglo XXI y reimagine la relación entre la investigación y la sociedad.
La vulnerabilidad de los investigadores científicos a los caprichos de líderes y movimientos políticos populistas demuestra que debemos establecer formas de apoyo más fiables. Esto es especialmente cierto en lo que respecta al trabajo sobre cambio climático, IA y biología sintética. Los nuevos enfoques de la investigación biomédica están produciendo nuevas terapias para el cáncer, las enfermedades infecciosas y una serie de otros desafíos para nuestra salud personal y pública; pero estos avances podrían desaprovecharse sin un apoyo continuo.
Además, el entorno político actual nos obliga a reconocer que la pérdida de confianza en la ciencia solo puede revertirse enfatizando su papel como iniciativa cívica. El conocimiento no es solo propiedad de gobiernos, investigadores, universidades o corporaciones; es un recurso público. La investigación debe estar sujeta a mecanismos institucionales de rendición de cuentas, no solo para garantizar el rigor técnico, sino también para monitorear y gestionar su impacto ético, ambiental y social. Si los avances de vanguardia en IA están regidos únicamente por empresas tecnológicas, ¿qué confianza podemos tener en que servirán al bien público? Para que la ciencia recupere la confianza pública, debe demostrar, de manera tangible, que sirve a algo más que los intereses de los accionistas.
La ciencia también debe estar mejor interconectada y distribuida. Los descubrimientos no solo ocurren en universidades de élite o laboratorios federales, sino también en la industria privada y a través de colaboraciones internacionales, iniciativas de ciencia ciudadana y plataformas digitales. Un nuevo pacto social para la ciencia debe acoger esta diversidad.
Si bien la industria y la filantropía privada necesitan desarrollar una relación más productiva con las iniciativas gubernamentales, también necesitamos más ciencia abierta, infraestructura compartida y datos interoperables. Estos no son lujos; son necesarios para acelerar el descubrimiento, garantizar la transparencia, facilitar una participación más amplia y aprovechar más talentos y recursos del mundo.
Igualmente, debemos invertir en las personas, no solo en los programas. El actual sistema de financiación suele marginar a los científicos en sus inicios y premia los avances graduales en detrimento de las ideas audaces e innovadoras. Una sociedad que se toma en serio el descubrimiento debe estar dispuesta a apostar audazmente por la próxima generación. Esto implica empoderar a los científicos con financiación portátil, trayectorias profesionales más flexibles y la libertad de abordar cuestiones ambiciosas. No podemos permitirnos desperdiciar talento encasillándolo en ciclos burocráticos o en una prolongada precariedad posdoctoral, y debemos ser más tolerantes con el fracaso.
Del mismo modo, la ciencia debe volverse más interdisciplinaria. Ya sea en campos como la IA, que exige controles éticos más rigurosos y perspectivas de las ciencias sociales, o en algunas investigaciones biológicas, donde el enfoque puede ser demasiado limitado, existe una necesidad evidente de una participación intelectual más amplia. La ciencia tiene la capacidad única de ayudarnos a comprender mejor la compleja naturaleza del mundo social y físico, pero solo si se lo permitimos.
En esencia, la ciencia debe ser intersectorial por diseño. La antigua “triple hélice” de gobierno, universidades e industria ya no es suficiente. Las instituciones cívicas, las comunidades individuales y otros actores de todo el mundo deben participar en el proceso de configuración y creación de agendas científicas. Los científicos deben aprender a escuchar para poder interactuar con las comunidades no como sujetos o beneficiarios, sino como socios en el diseño y la dirección de la investigación. La pandemia de COVID-19 fue una lección contundente sobre la necesidad de involucrar a las comunidades de forma temprana y frecuente. De lo contrario, los mensajes científicos dejarán de ser ampliamente confiables y escuchados.
Los desafíos que enfrentamos —ya sean pandemias, cambio climático o tecnologías disruptivas— no son solo científicos, sino también sociales, políticos y éticos. La visión de Bush contribuyó a la paz y a la prosperidad tras la Segunda Guerra Mundial. Nuestra tarea hoy es forjar una visión para un mundo aún más complejo. Necesitamos un nuevo pacto social para garantizar que la ciencia siga siendo una frontera compartida, libre de influencias políticas, abierta a todos, responsable ante la sociedad y comprometida con el desarrollo humano y planetario.
*Nicholas Dirks es presidente y director ejecutivo de la Academia de Ciencias de Nueva York. Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.