Finalizaron los dos días de la audiencia pública convocada para debatir el proyecto de vaciamiento de la Ley de Glaciares. El principal dato que quedará registrado en la historia es el récord de la convocatoria —más de 105.000 personas inscriptas en todo el país. Lamentablemente, también será protagonista la limitación del proceso participativo: apenas 213 personas habilitadas para participar en cada modalidad, presencial y virtual. Menos del 0,2%.
Lo que pudo haber sido un enorme hito de la democracia participativa se transformó en una instancia profundamente restringida, donde la gran mayoría de quienes quisieron expresarse no pudo hacerlo. A esto se sumaron otros obstáculos y limitaciones: los participantes no fueron debidamente notificados del horario y orden de las presentaciones, se redujo el tiempo de exposición de los cinco minutos habituales a cuatro, y hasta último momento no hubo claridad sobre el proceso de inscripción ni sobre quiénes estaban efectivamente confirmados para participar. Todo ello en un mecanismo cuyo objetivo central es, justamente, garantizar que toda persona interesada pueda expresar su opinión sobre una decisión legislativa, y que sea oída por sus legisladores.
Si bien asegurar el uso de la palabra a una cantidad tan masiva de personas es desafiante, existían alternativas viables para ampliar y diversificar los canales de intervención, como lo exige el reglamento, la Constitución y tratados internacionales. Sin embargo, se optó por cerrar este proceso de manera apresurada en solo dos días y en contradicción con el Acuerdo de Escazú, tratado regional ratificado por Argentina, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales.
A su vez, resultó particularmente preocupante el lugar que se le dio al IANIGLA, el organismo técnico-científico que por ley tiene a su cargo la elaboración del Inventario Nacional de Glaciares y el monitoreo del ambiente glaciar y periglacial. Para poder ser escuchado, el instituto tuvo que inscribirse en la audiencia pública y contar con apenas cuatro minutos para exponer su posición. Es decir, el máximo organismo técnico responsable de producir la información científica sobre la cual se sustenta la ley fue puesto en igualdad de condiciones con técnicos vinculados a empresas mineras, pero sí sobre su independencia y a los intereses que responden.
A esto se suman situaciones que agravan aún más el proceso. El diputado José Peluc, de La Libertad Avanza, quien presidió la audiencia pública, permitió la intervención de oradores provenientes de San Juan que no se encontraban en la lista oficial y se expresaron a favor de la reforma. Se trata de una de las múltiples irregularidades que marcaron el desarrollo de esta instancia. En efecto, del total de participantes de la audiencia presencial el 25 de marzo, 18 personas se expresaron a favor de la reforma de las cuales 4 fueron admitidas de manera irregular por parte del Presidente de la Comisión.
Pero no solo la audiencia está marcada por irregularidades, también el proyecto en tratamiento. La Ley de Glaciares fue sancionada en 2010 con amplio consenso social y, más de 15 años después, se intenta avanzar de forma acelerada sobre los glaciares y el ambiente periglacial con una propuesta regresiva y engañosa. Se presenta como una iniciativa “aclaratoria”, como si la ley vigente fuera ambigua o contradictoria, aunque no lo es. No existen fallos contradictorios que justifiquen esa necesidad. La verdadera función de esa supuesta aclaración es otra: intentar convalidar proyectos mineros que hoy se encuentran operando de hecho sobre glaciares y en una situación de ilegalidad.
El proyecto pretende brindar seguridad a los inversores detrás de las empresas mineras que demandan volúmenes extraordinarios de agua: miles de litros por segundo durante décadas, en zonas donde su disponibilidad es escasa y vital. La única seguridad es que habrá cientos de demandas y litigios abiertos por mucho tiempo. Será la ciudadanía, que depende del agua, la que se presentará -como lo está haciendo estas semanas- para seguir defendiendo lo que vale más que los minerales: el agua para vivir.
La audiencia pública dejó en claro varias cosas. Hay una ciudadanía atenta, informada y comprometida que está en contra de esta reforma. Hay generaciones que entienden que los glaciares no son un recurso más, sino fuentes de agua en el presente y reservas estratégicas para el futuro. De las pocas personas que lograron participar de manera efectiva en esta instancia, la amplia mayoría se manifestó en contra de la reforma y muchas de ellas se expresaron para reclamar más y mejores mecanismos de participación.
La Ley de Glaciares es la herramienta que tenemos para garantizar la seguridad hídrica de un país mayoritariamente árido y semiárido. Para asegurar actividades productivas y para protegernos del cambio climático. Es una ley que necesita ser cumplida. Y necesita, también, procesos democráticos a la altura de lo que está en juego.
- Agostina Rossi Serra es Licenciada en Ciencias Biológicas e integrante del equipo de campañas de Greenpeace Argentina.
- Andrés Nápoli es abogado y Director Ejecutivo de FARN.
- Enrique Viale es abogado y presidente de la Asociación Argentina de Abogadxs Ambientalistas.
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