“Una soberana trampa”: FARN denuncia que la ley de infraestructura crítica amenaza derechos

La ley de infraestructura crítica en Argentina que avanza en el Congreso bajo el título de Defensa de la Soberanía Nacional podría restringir el acceso territorial y anular derechos de comunidades locales sobre recursos estratégicos, según advirtió la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) en un informe reciente. El proyecto, que dedica apenas uno de sus ocho capítulos al reclamo de Malvinas, contempla la creación de un Consejo de Seguridad Nacional con facultades para declarar áreas enteras como infraestructura crítica sin consulta previa a las poblaciones afectadas.

Según FARN, obras clave para la expansión de Vaca Muerta como oleoductos, gasoductos, terminales portuarias y buques licuefactores de GNL quedarían blindadas bajo esta figura. También proyectos de megaminería en la Cordillera de los Andes y centros de datos para inteligencia artificial en la Patagonia gozarían de protección especial. El Consejo de Seguridad Nacional, encabezado por el Presidente e integrado por funcionarios del Ejecutivo, tendrá la potestad de identificar qué instalaciones califican como infraestructura crítica y coordinar su protección, incluida la de proyectos binacionales con Chile.

Qué proyectos binacionales podrían quedar bajo el plan de seguridad nacional

De acuerdo con el análisis de FARN, la iniciativa binacional Vicuña entre Argentina y Chile o la integración energética de Vaca Muerta con infraestructura chilena para exportar gas podrían verse comprendidos en la estrategia de seguridad nacional. Ambos países atraviesan una fase de desregulaciones ambientales: en abril de 2026 Argentina sancionó una ley que debilitó la protección de glaciares como reservas estratégicas de agua, favoreciendo proyectos de minería binacional.

El proyecto de ley faculta a las Fuerzas Armadas a intervenir en la protección de estas infraestructuras. Según el texto, el Consejo elaborará la Estrategia Nacional de Seguridad de Infraestructuras Críticas y contemplará el “impacto que pueda producir su afectación o destrucción”. La falta de definiciones precisas sobre qué constituye “afectación” abre la puerta a que movilizaciones, acciones legales, sentencias judiciales o campañas comunicacionales puedan ser alcanzadas por esta calificación, señaló FARN.

El financiamiento internacional como amenaza según el proyecto oficial

La propuesta encuadra el financiamiento internacional de organizaciones como una potencial amenaza para la seguridad nacional. Esta tipificación, advierte FARN, habilita consecuencias administrativas y penales que pueden impactar directamente en la labor de organizaciones ambientales y comunitarias que reciban fondos del extranjero. Argentina ratificó en 2021 el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), que obliga al Estado a proteger a defensores ambientales y garantizarles un entorno seguro para actuar sin restricciones.

El proyecto profundiza el camino iniciado por el Decreto 1107/2024, que otorgó al Presidente la atribución de definir “Objetivos de Valor Estratégico” custodiados por fuerzas militares y policiales, y continuado por el Comando Unificado de Seguridad Productiva creado mediante la Resolución 893/24 del Ministerio de Seguridad para controlar “el orden en los enclaves productivos del país”. Según FARN, estas normas desconocen que quienes protestan contra proyectos de infraestructura con alto impacto ambiental son mayormente comunidades locales, indígenas y campesinas protegidas por normas internacionales.

El artículo 9 del Acuerdo de Escazú establece la obligación de proteger a los defensores ambientales. FARN sostuvo en su informe que el gobierno actual da señales contrarias al privilegiar la protección de infraestructura estratégica por encima de los derechos humanos y del ambiente. La iniciativa no prevé mecanismos de consulta previa ni participación ciudadana en la identificación de infraestructuras críticas, uno de los puntos más cuestionados por organizaciones de derechos humanos.

Fuente original: https://farn.org.ar/ley-soberania-nacional-organizaciones-derechos/

Exit mobile version