La polémica por el despido de Virginia Aparicio del INTA escaló a la escena pública después de que el presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, saliera por primera vez a defender la exoneración de la investigadora que coordinó un proyecto internacional sobre residuos de agroquímicos en Argentina. Desde Europa, en cambio, las autoridades del Proyecto Sprint aseguraron que Aparicio cumplió con todos los protocolos establecidos.
“No estoy feliz de la decisión, pero estoy seguro que tomamos la mejor decisión para el instituto tecnológico para el cual trabajo”, dijo Bronzovich en una entrevista concedida a Agrositio, según publicó Bichos de Campo. Es la primera vez que el funcionario libertario, que asumió a fines de 2024, habla públicamente sobre la sanción dictada contra la ingeniera agrónoma de la Unidad Integrada Balcarce.
Virginia Aparicio fue exonerada del sector público por el Consejo Directivo del INTA hace dos semanas, tras un sumario interno iniciado en mayo de 2023. La investigadora coordinaba en Argentina el Proyecto Sprint, una iniciativa europea que entre 2020 y 2023 midió residuos de agroquímicos en el ambiente y en personas, con participación de diez países de la Unión Europea.
El cruce entre el INTA y el proyecto europeo
El conflicto se desató en septiembre de 2023, cuando Aparicio anunció que daría a conocer los primeros resultados de las mediciones, pese a que el INTA le había quitado su respaldo institucional y le había ordenado no divulgarlos. La investigadora desobedeció la orden del organismo argentino y presentó los datos de manera pública.
Cuatro días antes del cambio de gobierno, el entonces presidente del INTA, el peronista Mariano Garmendia, decidió despegar al instituto del proyecto europeo y dio inicio al sumario contra Aparicio. Bronzovich heredó ese proceso y tres años después lo cerró con la máxima sanción administrativa posible.
El presidente del INTA intentó desestimar cualquier interpretación de persecución política o encono personal. “Estudió en el INTA Balcarce igual que yo. Yo la conocía a Aparicio, aunque era unos años menor. No tengo nada contra ella y podría hasta hablar bien de ella”, afirmó Bronzovich en la entrevista, donde adjudicó la decisión final al Consejo Directivo del organismo.
El contexto de ajuste y nombramientos irregulares
La exoneración de Aparicio se produjo en medio de un fuerte ajuste en el INTA, con 1.800 empleados menos desde que se inició el actual gobierno, y después de que el mismo Consejo Directivo aprobara el nombramiento de un contador que había cobrado una indemnización de 110 millones de pesos de otro organismo estatal apenas un día antes de ser designado.
Bronzovich nunca explicó públicamente esa situación ni otras designaciones de funcionarios que ocuparon cargos sin concurso público, saltándose los mecanismos de selección que el propio organismo establece para la mayoría de las posiciones.
La sanción a Aparicio se dictó en un momento en que el caso ya circulaba ampliamente en las redes sociales y la comunidad científica cuestionaba la decisión como un gesto de autoritarismo para acallar un tema sensible: la medición del impacto de los agroquímicos en la actividad agrícola, un área donde ni el Estado nacional ni los gobiernos provinciales realizan relevamientos regulares.
El Consejo Directivo del INTA, donde participan representantes de entidades rurales y de universidades, tardó varios días en redactar la resolución final, según reconoció el propio Bronzovich.