Chile es un país de contrastes profundos: un territorio rico en recursos naturales, con una economía abierta y en crecimiento, pero también con desigualdad social persistente y conflictos territoriales que plantean una pregunta clave: ¿quién controla realmente este país?
Para entender cómo funciona el poder en Chile hoy, es fundamental mirar más allá de las autoridades oficiales y descubrir quiénes son los verdaderos dueños de la riqueza y las decisiones estratégicas que moldean el futuro nacional.
En Chile, la riqueza está fuertemente concentrada en un puñado de familias y conglomerados empresariales. Según Forbes, la mujer más rica es Iris Fontbona, heredera de la familia Luksic, con una fortuna que supera los 28 mil millones de dólares, construida principalmente en la minería, uno de los sectores más importantes y lucrativos del país.
Le siguen en el ranking personas como Jean Salata, empresario financiero, Horst Paulmann, fundador de Cencosud, y Julio Ponce Lerou, yerno de Augusto Pinochet y dueño de SQM, clave en la producción mundial de litio y fertilizantes. La familia del expresidente Sebastián Piñera también concentra riqueza en finanzas, retail y medios de comunicación, con activos en compañías como Chilevisión y Bancard.
Los medios de comunicación: jugadores clave en la construcción de poder
Los grandes medios chilenos, como El Mercurio, han tenido un rol fundamental en la defensa del modelo económico que favorece la concentración del poder. En mayo de 2025, un suplemento especial abogó por acelerar los permisos ambientales y limitar la participación ciudadana en la evaluación de proyectos, buscando facilitar la inversión y reducir las barreras regulatorias. El artículo puso a la luz el debate sobre la llamada “permisología”: los estudios, trámites y permisos que exigen las autoridades para aprobar un proyecto. Para el empresariado, es un obstáculo que debe simplificarse; para las comunidades, es apenas un resguardo mínimo frente a proyectos con alto impacto social y ambiental.
El artículo, además, hace una extensa enumeración de organizaciones de la sociedad civil, y señala que pueden frenar el desarrollo, operar contra las empresas, manipular la opinión pública y cuestionar determinadas prerrogativas.
Esta narrativa contrasta con la voz de comunidades y organizaciones sociales, que denuncian la sobreexplotación de recursos naturales y la exclusión de los pueblos originarios. Algo curioso es cuando ese artículo menciona que hay ‘‘una sociedad civil capturada’’ por manifestarse en contra de estos proyectos. A lo que naturalmente surge una pregunta: ¿la sociedad civil se equivoca cuando se opone, pero acierta cuando acompaña?
La nota llega a decir que ‘‘deben cerrarse los espacios de abuso que hoy permite la legislación’’, en referencia a esta participación de la sociedad civil: ‘‘No fue para esto que se concibió la institucionalidad que regula la participación ciudadana’’, concluye. Entonces cabe preguntar: ¿quién construye la verdad y cómo se manipula la opinión pública?
Contra esto, organizaciones socioambientales denunciaron un intento explícito de “acallar e inmovilizar” a la sociedad civil frente a los impactos de la industria extractiva. “Algo debemos estar haciendo bien, si desde El Mercurio y el gran empresariado están atacando sistemáticamente a las organizaciones chilenas”, afirmaron Patricio Segura, periodista y activista ambiental de la región de Aysén, y Pamela Poo, politóloga y especialista en políticas públicas ambientales, en una columna para El Divisadero.
Los autores remarcaron el carácter político y no solo económico del despliegue. Mientras se propone flexibilizar normativas ambientales y restringir la participación ciudadana, activistas recuerdan que “el derecho a vivir en un medioambiente libre de contaminación” está garantizado por la Constitución y por tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú. La verdadera crónica del futuro, sostienen, debería abordar la pérdida de bosque nativo, la contaminación minera y la expansión descontrolada de industrias como la salmonicultura o el hidrógeno “verde”. Porque quienes defienden los territorios, advierten, “no nos iremos; seguiremos estando, viviendo, proponiendo y luchando… incluida la naturaleza”.
¿Qué pasa con la pesca y el mar?
Una de las áreas donde la concentración del poder económico y territorial es más evidente es la industria pesquera, un sector que generó 3.4 millones de toneladas en 2021 y más de 8000 millones de dólares en exportación de pescado y productos pesqueros durante 2022¹.
El gigante del norte: Angelini y Lecaros Menéndez
Desde 2010, la fusión entre Pesquera San José S.A., controlada por la familia Lecaros Menéndez, y SouthPacific Korp S.A. (filial del grupo Angelini), creó Orizon S.A., una de las empresas con mayor cuota de jurel en Chile. Esto consolidó una alianza histórica que ya existía en Corpesca S.A., uniendo a ambos grupos para formar el mayor clan pesquero del país.
El grupo liderado por Roberto Angelini controla el 60% de Orizon y el 77% de Corpesca, y opera desde la frontera con Perú hasta la región de Los Lagos. Juntas, estas empresas concentran casi el 32% de la cuota industrial de jurel, más del 75% de anchoveta, y porcentajes significativos de sardinas y merluza, especialmente en la zona norte, donde poseen más del 77% de la cuota de anchoveta y más del 75% del jurel: un mercado hiperconcentrado².
Este dominio genera tensiones no solo económicas, sino también políticas: el grupo Angelini ha manifestado su preocupación por la demanda marítima presentada por Perú en La Haya, que podría reducir su zona de pesca en más de un 20%, afectando gravemente su negocio.
Los extranjeros del sur: dominio español y japonés
En la zona austral, la pesca industrial está en manos mayoritarias de empresas extranjeras. Destacan la española Pesca Chile S.A. (filial de Pescanova), que controla el 66% de congrio dorado y casi la mitad de la merluza del sur; Pesca Cisne S.A., también española, con históricas acusaciones de pesca ilegal y malas prácticas; y Emdepes S.A., japonesa, que domina casi en exclusividad la merluza de tres aletas y participa en la captura de merluza del sur, cola y congrio.
El salmón: un oligopolio que exporta millones
Chile es el segundo mayor exportador mundial de salmón, con más de 780 mil toneladas y ventas que superan los 6.300 millones de dólares en 2024³, tan solo detrás de Noruega. Pero el multimillonario negocio está en manos de pocas empresas⁴:
- AquaChile (mayor holding de alimentos chileno) lidera con más de 178 mil toneladas exportadas.
- Cermaq Chile (propiedad de Mitsubishi) y Multiexport (propiedad en parte de Cargill) juntas controlan más de la mitad del mercado.
- Empresas noruegas como Cermaq (Japón) y Mowi (de Noruega) tienen una presencia destacada, evidenciando la influencia extranjera en uno de los sectores más lucrativos.
Esta concentración otorga un peso político crucial para influir en leyes, permisos y regulaciones que afectan el sector y el medio ambiente: concentra el poder, además de la riqueza. Veamos cómo.
El reciente Salmón Summit 2025, realizado en Frutillar, se convirtió en escenario del primer debate presidencial en Chile, dejando en evidencia la fuerte influencia del lobby salmonero en la política nacional. Los tres principales candidatos manifestaron intenciones de modificar la Ley Lafkenche, la cual reconoce el derecho de los pueblos indígenas a administrar y proteger sus espacios costeros ancestrales.
Nota final sobre la desigualdad en un modelo concentrado
La concentración de poder en Chile no se limita a la minería, la pesca o el salmón. En sectores claves como la banca, la farmacia y la telefonía móvil, unos pocos actores dominan casi todo el mercado:
- Las cuatro principales bancas concentran más del 65% de los créditos.
- Tres cadenas de farmacias controlan el 95% de las ventas, según análisis sectoriales⁵.
- En telefonía móvil, tres empresas manejan el 97% del mercado⁶
La mayoría de los chilenos depende de muy pocos grupos para servicios esenciales. Según el World Inequality Report (2022), el 1% más rico de Chile concentra casi la mitad de la riqueza total. La estabilidad económica convive con una desigualdad profunda que se manifestó con fuerza en la crisis social de 2019 y en la demanda por una nueva Constitución.
Las movilizaciones sociales, la lucha por los derechos de los pueblos originarios y las demandas de justicia evidencian que la concentración económica va de la mano con la concentración del poder político, limitando la participación real de la mayoría. De acuerdo a la información pública, los verdaderos ‘‘dueños’’ de Chile no son las autoridades ni la ciudadanía en general, sino un reducido grupo de familias y conglomerados que concentran la riqueza, el territorio y la capacidad de decidir sobre el futuro del país sin importar que la participación ciudadana se exprese mayoritariamente en contra.
- ¹FAO 2023, https://www.fao.org/fishery/es/facp/chl
- ² Investigación de CIPER https://www.ciperchile.cl/2012/01/25/los-duenos-del-mar-chileno/?utm_source=chatgpt.com
- ³ Aduana y SeaFoodSource https://www.seafoodsource.com/news/supply-trade/obstacles-both-domestic-and-abroad-take-toll-on-chile-s-2024-salmon-exports?utm_source=chatgpt.com
- ⁴ Salmon Expert https://www.salmonexpert.cl/exportaciones-ranking-skills/el-top-5-con-los-mayores-exportadores-de-salmon-chileno/1911896
- ⁵ Informe BBC, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo y OCDE.
- ⁶ Datos de SUBTEL Chile.