El tráfico de pequeños felinos en Colombia tiene un punto ciego que las autoridades aún no logran mapear: las entregas voluntarias. Más del 60% de los felinos que ingresan al sistema de atención oficial llegan mediante esta figura administrativa, según un estudio publicado este año en la revista Biological Conservation. El problema es que nadie sabe con certeza cuántos de esos animales provienen del comercio ilegal.
Natalia Muñoz Cassolis, abogada e investigadora especializada en comercio de vida silvestre, identificó el patrón mientras revisaba 643 registros oficiales entre 2015 y 2021. «Cuando empecé a limpiar las bases de datos fue evidente que había muchísimos pequeños felinos y que las entregas voluntarias predominaban sobre los demás mecanismos», explicó Muñoz Cassolis a Mongabay Latam.
El ocelote (Leopardus pardalis) representa el 56,7% de los 708 felinos documentados en el estudio, casi cinco veces más que la oncilla (Leopardus tigrinus), la segunda especie más común. «El tamaño hace que la gente los quiera tener», señaló Johana Herrera, coautora del estudio y actual investigadora de WWF Colombia, en declaraciones reproducidas por Mongabay Latam. «Algunas especies se ven como gatos grandes y esa apariencia puede resultar atractiva para algunas personas».
El vacío jurídico que facilita la impunidad
La figura de la entrega voluntaria no aparece en ninguna ley colombiana vigente. Existe únicamente en un anexo de la Resolución 2064 del extinto Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, que operó hasta 2011. Ese texto define la entrega voluntaria como el acto mediante el cual un tenedor «desiste de conservar un animal como mascota ya sea por pesar, porque enferma, se volvió agresivo o porque ha sido encontrado en la vía pública».
Para Muñoz Cassolis, esa definición entra en tensión con el resto del marco jurídico colombiano, que prohíbe la tenencia de fauna silvestre sin autorización. «Hay una completa desconexión entre la definición de entregas voluntarias y lo que dice el resto del ordenamiento legal sobre la tenencia de fauna», advirtió la investigadora.
El problema se agrava porque Colombia no cuenta con un sistema nacional consolidado para registrar estos casos. «Cada autoridad maneja su propia información y muchas llevan simplemente un archivo en Excel», explicó Muñoz Cassolis. Las Corporaciones Autónomas Regionales, máximas autoridades ambientales a nivel regional, operan sin protocolos estandarizados y sin intercambio de datos entre sí.
La mortalidad post-decomiso que nadie mide
Las entregas voluntarias ocultan otro problema crítico: la falta de datos sobre qué ocurre con los animales antes de llegar a las autoridades y después de ser recuperados. El estudio documentó que muchos felinos llegan en condiciones críticas de salud, pero no existen estadísticas públicas sobre mortalidad post-decomiso ni sobre tasas de rehabilitación exitosa.
La figura administrativa permite que cualquier persona entregue un animal silvestre sin consecuencias legales, lo que dificulta reconstruir la cadena de tráfico. Un funcionario recibe al felino, diligencia un acta y el animal pasa a un centro de atención, pero el origen del comercio ilegal permanece en la sombra.
El estudio de Muñoz Cassolis y Herrera, publicado en Biological Conservation en 2026, constituye uno de los primeros análisis sistemáticos sobre pequeños felinos recuperados en Colombia y expone una brecha que atraviesa todo el sistema de protección de fauna silvestre del país. Colombia no tiene forma de saber cuántas redes de tráfico operan detrás de las entregas voluntarias que registra cada semana.
Fuente original: https://es.mongabay.com/2026/09/entregas-voluntarias-punto-ciego-trafico-pequenos-felinos-colombia/