OLLON, SUIZA – Mientras la emisión de gases de efecto invernadero sigue aumentando en todo el mundo y la pérdida de naturaleza continúa a toda marcha, la selva amazónica se acerca a un punto de inflexión. Para evitar una catástrofe climática, el mundo debe hacer avances rápidos y significativos en la protección de los bosques y la creación de una bioeconomía sostenible e inclusiva. Y Brasil debe mostrar el camino, comenzando por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30) de noviembre en Belém.
La Amazonia es una de las defensas más poderosas del planeta contra el cambio climático. Es más que un sumidero de carbono: es una reserva de biodiversidad, regulador de la lluvia en toda Sudamérica y componente vital del sistema climático del planeta. Como custodio de casi el 60% de la Amazonia, Brasil no sólo tiene la responsabilidad de administrarla bien, sino también la oportunidad de demostrar liderazgo internacional en un momento crucial para las personas y el planeta.
Y al parecer es consciente de ello. El renovado compromiso del gobierno brasileño bajo la presidencia de Luiz Inácio Lula da Silva con la protección de los bosques se refleja en un marcado descenso de las tasas de deforestación. Pero esto es sólo el comienzo. Brasil también está trabajando para crear las ideas audaces, la financiación escalable y las asociaciones sólidas que exige la transformación ecológica mundial.
En este esfuerzo, son centrales las soluciones basadas en la naturaleza, que al tiempo que promueven el cumplimiento de los imperativos ambientales también garantizan el crecimiento económico sostenible. A partir del conocimiento de que los resultados más rápidos y eficientes se obtienen preservando el entorno natural existente, estas soluciones suelen basarse en tres pilares: proteger, restaurar y gestionar.
En lo referido a proteger los bosques, Brasil promueve modalidades innovadoras, dentro y fuera del país. En el ámbito nacional, está contribuyendo a la creación de una estrategia jurisdiccional que vincula la financiación relacionada con el carbono con acciones de nivel estatal para la protección de los bosques, conforme a la iniciativa de «reducción de las emisiones por deforestación y degradación de los bosques en los países en desarrollo» (REDD+ por la sigla en inglés) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
Los programas REDD+ jurisdiccionales de Brasil recompensan a las regiones por reducir la deforestación, mejorar las reservas forestales de carbono y garantizar que los beneficios lleguen a los pueblos indígenas y a las comunidades locales. Un buen ejemplo es el estado de Tocantins: su programa de protección forestal (que busca generar créditos de carbono con alta integridad), se definió mediante consultas públicas inclusivas e incluye sólidos mecanismos de gobernanza. La primera emisión de créditos REDD+ jurisdiccionales está prevista para inicios del año entrante.
En el nivel internacional, Brasil ha propuesto un Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF) con 125 000 millones de dólares, para recompensar a los países en desarrollo que han tenido tasas de deforestación históricamente bajas y ayudarlos a mantener la buena gestión de los bosques. A diferencia de los mercados de carbono (que dependen de la reducción de emisiones verificada), el TFFF proveería a los países pagos predecibles y a largo plazo en función de la cantidad de hectáreas conservadas.
Ambas modalidades son altamente complementarias. Los programas jurisdiccionales abordan la necesidad inmediata de reducir la deforestación mediante una financiación basada en resultados, mientras que el TFFF ofrece el apoyo constante y a largo plazo que se necesita para mantener esos logros. En conjunto, corrigen un importante fallo del mercado: la subvaloración de los bosques en pie.
La protección forestal no es fácil: demanda supervisión rigurosa, distribución transparente de los beneficios y el compromiso inquebrantable de las comunidades. Pero con una implementación adecuada, puede desbloquear un volumen importante de financiación para el clima, catalizar la participación del sector privado e impulsar el desarrollo sostenible. La iniciativa Race to Belém, de la que soy director ejecutivo, busca aprovechar al máximo este potencial movilizando antes de la COP30 inversiones privadas a gran escala para la protección de los bosques.
Pero la protección es sólo el primer pilar. Brasil también está avanzando en la restauración de la naturaleza y en la gestión sostenible de la tierra. Se ha puesto una serie de objetivos ambiciosos, que incluyen restaurar doce millones de hectáreas de bosque con plazo en 2030; convertir cuarenta millones de hectáreas de pastizales degradados en sistemas productivos para alimentos, biocombustibles y bosques de alta productividad en el transcurso de la próxima década; y promover una bioeconomía respetuosa de la naturaleza y de las personas. A tal fin, la Coalición para la Financiación de la Restauración y la Bioeconomía busca movilizar 10 000 millones de dólares de inversión privada de aquí a 2030, lo que resalta el papel cada vez más importante del sector empresarial en este proceso.
Lejos de ser una reunión diplomática más, la COP30 se perfila como un momento decisivo para la acción climática y, en particular, para la conservación, restauración y gestión de los bosques. La ubicación de Belém justo al borde del Amazonas sumergirá a los delegados en el paisaje que buscan proteger. Y sobre todo, el país anfitrión les presentará un menú de soluciones probadas, basadas en la naturaleza, para dar respuesta a las múltiples causas de la deforestación; soluciones que ya están obteniendo ímpetu político y apoyo del sector privado.
Los cimientos para una acción transformadora ya están puestos. El desafío para Brasil será tomar como base su éxito en el uso de políticas nacionales, acciones subnacionales y la participación del sector privado para acelerar el progreso y liderar un nuevo modelo mundial de acción climática.
Keith Tuffley, ex director de banca de inversión, socio y miembro del consejo de administración en Goldman Sachs Australia, es director ejecutivo de Race to Belém, una organización que promueve la financiación de la protección de los bosques en Brasil.
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