En un hecho sin precedentes para la gobernanza ambiental global, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la red ecológica más grande y diversa del planeta, aprobó por amplia mayoría la Moción 061: “Reconocer el delito de ecocidio para proteger la Naturaleza” durante su Congreso Mundial celebrado en Emiratos Árabes Unidos.
La decisión marca un punto de inflexión en la lucha por incorporar el ecocidio —la destrucción masiva y grave de ecosistemas— al Derecho Penal Internacional, y posiciona a la UICN como una de las instituciones más influyentes en promover su tipificación como crimen autónomo dentro de la Corte Penal Internacional (CPI).
Una votación con respaldo histórico
Con más de 1.400 miembros entre Estados, organismos gubernamentales, ONG, científicos y pueblos indígenas, la UICN representa una autoridad sin precedentes en materia de política ambiental. La moción fue aprobada por un 62% de los votos de gobiernos y agencias y un 93% de apoyo de ONG y organizaciones indígenas, un consenso global que refleja la urgencia y el alcance de la crisis ecológica planetaria.
El texto aprobado insta a los Estados a reconocer el ecocidio como delito grave tanto en el derecho nacional como internacional, y recomienda a los países miembros del Estatuto de Roma considerar su incorporación formal a la CPI.
Además, encomienda a la Comisión Mundial de Derecho Ambiental de la UICN elaborar una guía práctica para orientar futuras investigaciones y juicios, incluyendo criterios sobre cómo los procesos judiciales pueden contribuir a la restauración de ecosistemas y la protección de la geodiversidad.
Un movimiento global en expansión
La moción fue copatrocinada por Vanuatu, que en 2024 lideró junto a Fiyi y Samoa la propuesta formal ante la CPI.
A esta coalición se sumaron la República Democrática del Congo y una extensa red de organizaciones ambientales e indígenas de todo el mundo, entre ellas The Wildlife Trusts, Earth Law Center, COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), AIDESEP Perú, Fundación Hábitat y Desarrollo Argentina, LIDEMA Bolivia, y Pronaturaleza Perú, entre muchas otras.
Con esta resolución, la UICN eleva una voz unificada para que los Estados adopten legislación nacional sobre ecocidio y refuercen los mecanismos de justicia ambiental. Su impacto no es simbólico: las resoluciones de la UICN suelen inspirar y moldear políticas públicas y tratados internacionales.
“De imperativo moral a prioridad jurídica”
Para Jojo Mehta, cofundadora y directora ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, la decisión constituye un antes y un después: “La aprobación de esta moción significa un punto de inflexión. La UICN reúne a una coalición singularmente amplia de gobiernos, sociedad civil, pueblos indígenas y expertos científicos. Su apoyo al reconocimiento del ecocidio envía una poderosa señal a los legisladores de todo el mundo”.
Mehta subrayó que esta evolución legal convierte el daño ambiental masivo en un crimen punible, desincentivando las decisiones empresariales y políticas que destruyen ecosistemas en nombre del desarrollo: “La criminalización del ecocidio está pasando rápidamente de ser un imperativo moral a convertirse en una prioridad jurídica compartida”.
La votación de la UICN consolida una tendencia global hacia una mayor rendición de cuentas frente a los crímenes ambientales más graves, en un contexto donde la crisis climática y la pérdida de biodiversidad demandan respuestas estructurales.
De avanzar su reconocimiento en la Corte Penal Internacional, el ecocidio se sumaría a los cuatro crímenes más graves reconocidos por el Estatuto de Roma —genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión—, consolidando un nuevo marco ético y legal para proteger la vida en la Tierra.
