PARÍS – El futuro del Pacto Verde Europeo se presenta sombrío. La próxima votación sobre el paquete ómnibus de la Comisión Europea, prevista para dentro de unos días, promete confirmar la desmantelación del pilar de divulgación del Pacto Verde: la Directiva sobre la Información Corporativa sobre Sostenibilidad (CDRS).
Las líneas de batalla son conocidas. Por un lado, están quienes se centran sobre todo en impulsar el crecimiento y la competitividad de Europa, atendiendo a la advertencia del expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, de que la inacción en estos ámbitos amenaza la soberanía de la UE. Por otro, están quienes se comprometen con la protección del medio ambiente y el bienestar humano, objetivos que comparten la gran mayoría de los ciudadanos y empresas de la UE. En otras palabras, se trata de un choque entre la prosperidad y los principios.
Pero no tiene por qué ser así. Como demuestra un nuevo documento de políticas de HEC París, Europa puede alcanzar sus objetivos de sostenibilidad sin sacrificar la competitividad. La clave está en trasladar el enfoque de las normas de divulgación de las empresas a los productos.
La lógica es simple. Si las normas de divulgación se aplican a lo que se vende, no a quién lo vende, entonces todos los productos, ya sean fabricados en Boston, Berlín o Pekín, estarían sujetos a las mismas normas. En un momento en que Estados Unidos impulsa excepciones en la presentación de informes de sostenibilidad para las empresas estadounidenses, esto garantiza la igualdad de condiciones, ya que las empresas europeas ya no tienen mayores obligaciones de cumplimiento que sus competidores extranjeros.
Los críticos podrían argumentar que este esquema sería imposible de implementar, ya que la información sobre sostenibilidad a nivel de producto es actualmente sumamente insuficiente. Sin embargo, el informe de HEC París, basado en la experiencia multidisciplinaria y las aportaciones de diversas partes interesadas, ofrece una solución: un sistema de puntuación digital único y estandarizado para cada producto, que incluye indicadores clave de sostenibilidad, como la huella de carbono, el impacto en la biodiversidad y el historial de derechos humanos.
Al igual que las tablas de nutrición alimentaria, las tarjetas de puntuación de sostenibilidad de productos proporcionarían información clara y objetiva que facilitaría la comparación directa. El sistema de tarjetas de puntuación sería mucho más fácil de usar que la maraña actual de etiquetas de sostenibilidad, de las cuales existen más de 450, cada una con sus propias normas opacas. En definitiva, aportaría a la sostenibilidad de los productos lo que la información de facturación armonizada logró en los mercados eléctricos y lo que la CSRD afirma hacer en la información corporativa: aportar claridad.
Como tal, los cuadros de mando contribuirían a decisiones más sostenibles por parte de reguladores, legisladores, empresas y consumidores. Además, al aprovechar los datos preliminares, el sistema de cuadros de mando aliviaría la carga de presentación de informes de las empresas. Muchas grandes empresas ya solicitan más datos a nivel de producto a sus proveedores. Un cuadro de mando estandarizado generalizaría y automatizaría este intercambio de información, permitiendo que las credenciales de sostenibilidad fluyan libremente a lo largo de las cadenas de suministro. Una vez que los cuadros de mando de sostenibilidad se integraran en los programas informáticos de contabilidad, nómina e inventario, la elaboración de informes sería prácticamente fluida.
Las empresas no tendrían obligación legal de informar, lo que hace que la propuesta sea políticamente viable en un momento de fuerte oposición estadounidense a los requisitos de información. Sin embargo, el diseño del sistema garantiza que negarse a hacerlo no protegería a una empresa del escrutinio. El sistema de puntuación mostraría claramente dónde falta información, mostrando en su lugar rangos de mejor a peor caso para el producto y el tipo de productor, que serían visibles para los consumidores de los productos finales.
Décadas de investigación conductual demuestran que, cuando se presenta explícitamente una falta de transparencia, las personas la interpretan negativamente. Si una empresa se niega a compartir información sobre su historial en materia de derechos humanos, los consumidores asumirán que no es buena. En un mercado donde estos consumidores pueden ver fácilmente el historial de sus competidores, el silencio no solo es evidente, sino también costoso. Por ello, las empresas, independientemente de su sede, aprenderán rápidamente que es mejor divulgar información.
Si bien las preocupaciones de Europa sobre la competitividad son comprensibles, no hay que olvidar que la inacción ante los retos sociales y ambientales también conlleva elevados costes económicos. Según la Agencia Europea de Medio Ambiente, el calor intenso, las inundaciones y otros fenómenos meteorológicos extremos costaron a la UE 44.500 millones de euros (51.800 millones de dólares) en pérdidas económicas anuales entre 2020 y 2023. En lugar de resignarse a sofocar su incipiente régimen de divulgación, el bloque puede lograr competitividad y sostenibilidad diseñando un nuevo sistema basado en cuadros de mando de productos. Con un diseño adecuado, esto permitiría a la UE no solo mantener sus estándares a nivel nacional, sino también proyectarlos a nivel global.
*Brian Hill es director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia (CNRS), es profesor de Economía y Ciencias de la Decisión y director académico del Centro de Economía Inclusiva de la HEC Paris Business School. Derechos de autor: Project Syndicate, 2025.
