Otro año más el gobierno argentino incumple con sus compromisos internacionales sobre política climática y ambiental profundizando una trayectoria que esperamos sea revertida prontamente. Si bien este año la delegación argentina estuvo durante todo el plazo de duración de las negociaciones de la COP30 (recordemos que en la anterior la delegación del país se retiró en plenas negociaciones quebrando una trayectoria sostenida desde 1992) no presentó su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) ni envió autoridades de alto nivel para llevar adelante las negociaciones y acuerdos políticos.
Ante esta COP30, llevada adelante en Belém (Brasil), se esperaba que los países presenten sus compromisos climáticos actualizados (NDC 3.0) tendiendo a aumentar la ambición en la reducción de las emisiones de gases contaminantes, tal como fue convenido por los países mediante el Acuerdo de Paris, a los fines de evitar consecuencias catastróficas e irreversibles para la vida en el planeta. Asimismo, en esta COP30 los países se reunieron para tomar decisiones fundamentales sobre financiamiento climático, marcos para la medición de progresos globales, y acciones sobre adaptación y transición energética justa.
De no existir estos espacios multilaterales de negociación, acuerdos y compromisos, el planeta estaría encaminado a un escenario mucho más riesgoso para sostener la vida humana y de muchas otras especies a 2050. Es por ello por lo que posiciones como las de nuestro país no hacen más que dañar el único sistema internacional de acuerdos posibles para enfrentar un desafío que sobrepasa límites geográficos y generacionales.
La ausencia de presentación de NDC 3.0 y la insuficiente participación de alto nivel en estas instancias de negociación y participación, nos margina de las posiciones que sostienen las democracias más desarrolladas en la materia. Además, priva al país de participar en la toma de decisión sobre un tema fundamental: el acceso a financiamiento necesario para abordar la crisis climática y ecológica. A este contexto multilateral, la ausencia de una NDC 3.0 implica la falta de cumplimiento integral de normativa ambiental nacional, como la Ley 27.520 de Presupuestos Mínimos de Adaptación y Mitigación al de Cambio Climático votada hace muy pocos años por unanimidad por el Congreso de la Nación y, fundamentalmente, a los postulados de protección ambiental dispuestos por el Art. 41 de la Constitución Nacional.
Argentina es un país que sufre de manera directa las consecuencias que produce el cambio climático con eventos cada vez más severos y frecuentes como las sequias, los incendios, inundaciones y la destrucción de bosques y de biodiversidad, que han generado pérdidas de vidas humanas y daños de todo tipo, principalmente en la población más vulnerable.
Por ello, necesitamos contar cada vez con más y mejor financiamiento que nos permite hacer frente a estas graves consecuencias y adaptarnos a los cambios que estamos afrontando producto del cambio climático, tal como señala el consenso científico mundial. La participación reducida e incompleta en estos espacios implica que otros países deciden por nosotros y sacan mayor provecho de las oportunidades que ofrece abordar los desafíos del cambio climático, tales como acceso a financiamiento y a mercados. Esto adquiere especial relevancia en un contexto global donde los estándares son cada vez más estrictos, frecuentemente vinculados a metas climáticas o a garantías de productos de un origen libre de deforestación.
Las COPs son espacios en el que todos los Estados Parte deben ser escuchados, poniendo sobre la mesa sus necesidades y circunstancias, y donde existen oportunidades significativas para construir y avanzar con agendas más ambiciosas que fomenten la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, siempre sobre la base del principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas.
*Daniela Gomel es coordinadora de Política Ambiental en Fundación Vida Silvestre Argentina.
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