El caso de 14 comunidades mayas Q’eqchi’ desalojadas por plantaciones de caña de azúcar en Guatemala llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que podría establecer la responsabilidad del Estado guatemalteco y ordenar medidas de reparación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tramitó la denuncia el 28 de octubre, según informó Maxwell Radwin en Mongabay Latam.
Las disputas por el territorio se remontan al menos a 2005, cuando empresas privadas comenzaron a comprar tierras que los mayas Q’eqchi’ habían ocupado por siglos en Alta Verapaz. El Gobierno nunca otorgó títulos adecuados a las comunidades, lo que generó incertidumbre jurídica sobre la propiedad.
En 2011, un tribunal autorizó el desalojo de las 14 comunidades indígenas. Según el informe de la CIDH, los desalojos se ejecutaron de manera violenta y con uso desproporcionado de la fuerza. Las autoridades no investigaron la ocupación histórica de las tierras ni los impactos sociales y culturales del desplazamiento.
Cinco indígenas heridos a bala durante un desalojo en 2013
En mayo de 2013, durante el desalojo de 95 familias en la finca Río Polochic, en Panzós, cinco indígenas fueron heridos a bala y tuvieron que ser trasladados a un hospital. Por esa misma época, el Gobierno autorizó la expansión de plantaciones de caña de azúcar sin consultar a las comunidades ni realizar estudios de impacto ambiental.
La CIDH señala en su informe que el cultivo de caña de azúcar provocó el desplazamiento y la pérdida de cultivos de arroz, maíz y frijol que sustentaban la salud y la seguridad alimentaria de la población maya Q’eqchi’. La actividad también afectó considerablemente el medio ambiente.
Qué medidas pidió la CIDH a la Corte IDH
La CIDH solicitó a la Corte que ordene al Gobierno de Guatemala reparar los daños ocasionados a los integrantes de las comunidades. También pidió que el Estado garantice el retorno seguro de las poblaciones desplazadas a sus tierras y acceso a alimentos, agua potable y vivienda.
El organismo plantea que el Estado debe delimitar los territorios y otorgar títulos de propiedad colectiva a las 14 comunidades, además de desarrollar un marco jurídico que garantice los derechos ancestrales. El caso podría sentar un precedente regional sobre despojos territoriales causados por la agroindustria.
Fuente original: https://es.mongabay.com/short-article/2026/11/guatemala-caso-comunidades-indigenas-desalojadas-por-plantaciones-cana-llega-corte-idh/
