Agenda ambiental legislativa: ¿por qué no tenemos una Ley de Envases en Argentina?

La Ley de Envases significaría un importante logro ambiental en materia de gestión y reciclaje de desechos en medio de una crisis mundial de residuos plásticos. Sin embargo, hace años se debaten distintas opciones de proyecto de ley, pero nunca llegaron a ser votadas en el Congreso de la Nación Argentina por los legisladores. ¿Por qué no se avanza con la Ley de Envases?

Un nuevo informe del Círculo de Políticas Ambientales estudió el proyecto que hace tiempo necesita el país: la Ley de Envases. Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales, recorrió la historia de esta iniciativa que todavía no fue legislada en Argentina.

La responsabilidad extendida del productor del envase

Si bien el reciclaje sirve para reducir el nivel de residuos plásticos y darles a estos una nueva vida, debido a la escalada exponencial de los desechos, no es suficiente. Es así como la REP (responsabilidad extendida del productor) es un elemento fundamental para mitigar el problema. 

La REP busca extender las responsabilidades legales y económicas de los fabricantes del producto. Esto incluye las etapas posteriores al consumo, es decir, la recuperación de los envases, el reciclaje y la disposición final.

Argentina fue pionera en la región en discutir la implementación de la REP. Desde el 2010 se la incorporó en los proyectos para la gestión de envases. Sin embargo, los proyectos no prosperarón por la oposición de las fábricas envasadoras. 

Avances y retrocesos

Durante el 2014 y 2015, la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación comenzó a elaborar un proyecto de ley para implementar la REP. El envasador debía hacer un aporte económico por cada envase puesto en el mercado y así cubrir los costos del sistema de recuperación y reciclaje. 

También establecía la posibilidad de que los productores gestionaran sus envases a través de consorcios llamados SIG (Sistemas Integral de Gestión) en forma privada. El rol del Estado era de fiscalización de los sistemas.

Este proyecto de ley fue presentado en el 2016 por la diputada María Emilia Soria (FpV) e incorporó modificaciones requeridas por movimientos de recuperadores urbanos de residuos —popularmente llamados “cartoneros”— : la inclusión de las cooperativas en la gestión de los residuos y dar la posibilidad de opción para el productor entre los consorcios SIG o los sistemas públicos de gestión de residuos vigentes.

Si bien en 2017 el proyecto obtuvo dictamen de mayoría por la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente, las cooperativas de recuperadores urbanos no quedaron conformes y se opusieron al dictamen. El proyecto de ley no logró salir de la comisión para ser tratado por el parlamento. 

En los años siguientes, el diputado Gustavo Menna (UCR-JxC) llevó adelante el texto que logró dictamen de mayoría en comisión, con algunas modificaciones. Las cooperativas de recuperadores urbanos, por su parte, promovieron proyectos en los que se tenían en cuenta políticas sociales y laborales, como la formalización de las cooperativas en las que participaban y la inclusión social. 

Un impuesto ambiental que generó rechazo

En 2021, el Poder Ejecutivo envió un nuevo proyecto de ley para implementar una tasa ambiental para los envases. Esos fondos se usarían para financiar planes municipales de gestión, promover las mejoras laborales de los recuperadores y fomentar el ecodiseño. Sin embargo, esta iniciativa no buscó mejorar el sistema de gestión, sino que “redujo la discusión a términos económicos de ‘impuesto y caja’, olvidando el objeto ambiental de la norma”, manifestó Bilbao. 

La tasa ambiental propuesta desplazaba la predominancia de la REP que se venía discutiendo hace tanto tiempo. Lo que funcionó en otros países fue el diseño de un abordaje eficiente por parte de los mismos productores de envases, y no la recaudación de tasas o impuestos por el Estado, como proponía el Ejecutivo.

 “La vasta experiencia demuestra que la mejor opción es la autogestión de los productores, con la inclusión de los recuperadores urbanos en sus sistemas y con el Estado ocupado en su rol de fiscalizar el cumplimiento de los esquemas y las metas de recuperación de envases”, finalizó Bilbao. 

“El oficialismo trató de sacar la norma de forma express, desconociendo los debates previos y desaprovechando el contexto caracterizado por un sector corporativo más resignado a la sanción de una norma”, manifestó Bilbao. El esquema de la tasa ambiental no despertó confianza en términos de eficacia y recuperación de residuos, por lo que despertó el rechazo de las empresas envasadoras y de los legisladores opositores. 

¿Qué esperar para el futuro?

A fines de 2022, el Ministerio de Ambiente de la Nación anunció que propondría un proyecto que diera la opción a las empresas de implementar su sistema de gestión o de pagar una tasa ambiental. Si bien el anuncio fue bien recibido, nunca se formalizó en un texto de ley. 

En la Asamblea Legislativa de 2023, Alberto Fernández manifestó que “es necesario avanzar” con la “Ley de Envases, guiada por el principio de responsabilidad extendida del productor (REP)”. Sin embargo, por ser un año electoral, el 2023 no promete avanzar con el debate ya que por el desdoblamiento de los comicios provinciales de la elección nacional, muchos legisladores estarán lejos del Congreso por más de medio año.