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El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié, junto a la diputada nacional del Frente Renovador, Alicia Aparicio, presentaron una iniciativa para modificar la Ley 22421 de Conservación de Fauna con un abordaje integral. Su objetivo es ampliar las protecciones a las especies, en especial a los animales en peligro de extinción, y aumentar las penas, para que sean de prisión efectiva. El proyecto ya fue presentado en la Cámara de Diputados.
El proyecto propone nuevas restricciones a la caza y prohíbe: importar, exportar y transportar trofeos de caza, la cacería con perros y la caza deportiva de animales declarados como monumentos naturales y aquellos en peligro de extinción. La ley actual solo impide la caza de los animales que viven en reservas o santuarios de fauna.
“Está prohibido el tráfico internacional de trofeos de caza, pero queremos darle otra categoría, que sea ley, que tenga la fuerza de una ley”, dijo Cabandié, y sumó: “Nosotros queremos que esta discusión se dé en el Congreso nacional”. Asimismo, recordó varias acciones llevadas adelante por su cartera, como “la creación de la Brigada de Control Ambiental”, mediante la cual se incautaron “1.600 individuos faunísticos provenientes del tráfico” y también “800 trofeos de caza”, en el transcurso de casi cuatro años de gestión. “Esto lo hace el Estado. Creemos en el Estado”, concluyó.
La propuesta del Ministerio de Ambiente también endurece las penas para los cazadores. Podrían llegar a ser de hasta ocho años de prisión, dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán un 20%. En este sentido, Aparicio dijo: “Proponemos un endurecimiento de las penas y un sistema de multas de actualización automática que tutele y reconozca a los animales como personas no humanas, sintientes y con derecho ante la ley”.
Para quienes cacen animales que sean monumento natural o los prohibidos por la autoridad de aplicación, las penas aumentan de tres a seis años de prisión con inhabilitación especial de hasta diez años. Para los que cacen animales silvestres en campo ajeno sin autorización, las penas aumentan a seis meses y dos años de prisión y con inhabilitación especial de hasta tres años. Si esta acción se da de manera organizada o con concurso de tres o más personas o con armas, artes o medios prohibidos, la sanción se incrementa de cuatro a ocho años de prisión con inhabilitación especial de hasta 15 años.
Por último, en cuanto a la caza de animales silvestres con armas, perros, artes o medios prohibidos por la autoridad de aplicación, la pena se eleva de tres a seis años de prisión, con posible inhabilitación especial de hasta 10 años.
El comercio ilegal de animales es uno de los negocios más lucrativos del mundo: genera entre 15 y 20 millones de dólares anuales, según la ONU, lo que da cuenta de la permanencia de la caza furtiva a escala global.
