Especialistas se reunieron para debatir. (Créditos: Gentileza Senado de la Nación)
La reforma constitucional de 1994 declaró el derecho de todos los argentinos a un “ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano”. Sin embargo, a 30 años de esa incorporación en la carta magna legisladores nacionales y especialistas manifestaron que hay “un sabor a poco” por las deudas que tiene el país con las políticas ambientales y en la promoción del desarrollo sostenible.
En una convocatoria realizada este mediodía en el Senado por el Círculo de Políticas Ambientales, senadores, diputados y especialistas en derecho debatieron acerca de las implicancias que tuvo la sanción del artículo 41 de la Constitución, que sirvió como una “gran guía” para las normas ambientales que se promulgaron luego.
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La senadora Edith Terenzi, presidenta de la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Cámara Alta, expresó “el sabor a poco que a 30 años tengamos tantas deudas pendientes en materia de ambiente y desarrollo sostenible”.
Terenzí valoró que el artículo funcionó como “una gran guía” para la sanción de normas ambientales en el país y reclamó que “nos debemos un debate serio sobre cuidar nuestro ambiente asegurando la producción y la industria sostenibles”.
“Hemos padecido la controversia entre las propuestas conservacionistas y el utilitarismo ilimitado que han puesto un freno a la posibilidad de que avancemos con una legislación que pueda cumplir con este mandato constitucional”, aseguró.
“La reforma puso al ambiente como un bien jurídicamente protegido. Veníamos de una concepción del ambiente puesto a disposición de las personas y se pasó a una visión del ambiente como un bien a proteger en sí mismo”, explicó la diputada Margarita Stolbizer, vicepresidenta 2 de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano.
La legisladora reconoció que Argentina tiene “muy buena legislación pero tenemos muchas deudas pendientes” y pidió crear fiscalías ambientales y juzgar este tipo de delitos.
“En Argentina es delito robar una mandarina de la verdulería pero no tirar agua contaminada en un humedal o talar 500 árboles. La impunidad es la invitación a repetir el delito”, aseveró Stolbizer.
El diputado Maxi Ferraro, secretario de la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, opinó que “es importante comprometernos con las políticas de no regresión, con la mitigación, la reducción de la huella de carbono y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.
El legislador recordó que con la reforma constitucional “los recursos naturales pasaron a ser de las provincias pero eso no significa que la Nación renuncie a la legislación en materia ambiental ni a establecer presupuestos mínimos”.
Eugenia Testa, directora del Círculo de Políticas Ambientales, valoró el rol del Congreso Nacional en la promoción de las leyes ambientales y en el reconocimiento de estas preocupaciones en el presupuesto anual del gobierno.
“Tiene un papel fundamental ya que no hay posibilidad de una política ambiental si no se ve reflejada en el presupuesto”, aseguró y alertó que “hay proyectos que están hace 30 años esperando su sanción”.
“Tenemos leyes pendientes como la Ley de Humedales, colocar al Acuerdo de Escazú en jerarquía constitucional, la Ley de Envases, la ley de trazabilidad de la pesca o la de delitos ambientales. Con ellas honraríamos al espíritu de la reforma”, opinó Testa.
Daniel Sabsay, experto en derecho constitucional, aseguró que es necesario reforzar el control y el monitoreo de las leyes sancionadas hasta el momento ya que “mientras fracase el cumplimiento de poco va a servir que sigamos produciendo normas”.
Por otra parte, el reconocido jurista alertó que “estamos en un proceso de cataclismo porque el presidente Javier Milei es negacionista”.
“Es trágico. Hay una burla hacia la protección del ambiente y se pone con ignorancia a la protección del ambiente como un impedimento para el desarrollo”, sostuvo Sabsay, y advirtió que “el negacionismo es lo peor que puede pasar y no pasa sólo en Argentina”.
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