Los años electorales presentan la posibilidad de poner los temas que preocupan a la sociedad en la discusión pública, o al menos así debería hacer. A poco más de un mes de las elecciones legislativas, es evidente que las campañas cada vez se esfuerzan menos en identificar las problemáticas concretas de la gente, y no discuten un proyecto de país. En el marco de una polarización muy fuerte, queda poco espacio para debatir sobre una política deliberativa y constructiva.
La llegada de Javier Milei a la Presidencia de la Nación aceleró y profundizó un proceso ya presente en la política argentina: el deterioro de la calidad en la práctica y deliberación política. Esta realidad es particularmente preocupante a la hora de pensar la situación que atraviesa la crisis ambiental. Política y ambiente no son asuntos separados, y junto a la pérdida de capacidad y voluntad para discutir y pensar de forma integral ejes programáticos fundamentales para el desarrollo, viene la preocupante pérdida de la discusión de la política ambiental. No solo como característica de la campaña sino como parte del deterioro del debate público de los últimos años.
Podemos identificar hechos políticos concretos que han marcado el debilitamiento de la agenda política ambiental, desarticulando instancias de participación y movilización social, así como también eliminando o vaciando los espacios institucionales ambientales. Durante la campaña electoral del 2023, el entonces candidato Javier Milei confrontó abiertamente con la agenda del movimiento socioambiental. Se encargó de vincular al ambientalismo con el socialismo, negar en reiteradas ocasiones la existencia del cambio climático y hasta proponer la privatización de recursos naturales como solución a la contaminación. Estas declaraciones no se quedaron en la puerta de la Casa Rosada; por el contrario, Milei avanzó en la desarticulación de la política ambiental desde el gobierno. De la degradación del Ministerio de Ambiente a una simple subsecretaría, pasando por el recorte de todas las partidas presupuestarias de políticas de prevención y mitigación de la crisis ambiental, hasta el abandono de instancias de participación en las discusiones internacionales. Sin embargo, no solo ellos han relegado la discusión e implementación de una agenda ambiental. Durante los últimos cuatro años resultó casi imposible avanzar en el tratamiento de cuestiones ambientales en el Congreso. Las reuniones de las comisiones de ambiente en ambas cámaras han sido escasas, y pocos los temas sobre los que se pudo avanzar.
Es justo y razonable también contextualizar esta realidad en un mundo que comparte estas tendencias. Luego de una fuerte “ola verde” internacional, durante los últimos años varios países y bloques regionales (quizás con la Unión Europea como máximo exponente) que habían avanzado en regulaciones ambientales de vanguardia, han tenido fuertes retrocesos. Las crisis económicas en el marco de conflictos bélicos, el auge de discursos de derecha reaccionaria y la resistencia de poderes económicos concentrados, han logrado volver a instalar a nivel global la falsa antinomia entre ambiente y desarrollo. Consecuentemente se flexibilizaron muchas de las metas en relación a emisiones de gases de efecto invernadero, se volvieron a generar incentivos a fuentes de energía fósiles y se relativizaron los controles ambientales.
Con estos antecedentes, no resulta sorprendente que en este año electoral la cuestión ambiental no aparezca en las campañas. Parece haber un contagio colectivo, una suerte de negación de las facultades propositivas de la política y un adormecimiento de la sociedad civil en la incidencia sobre la agenda. Se evidencia una sensación de que no suma electoralmente hablar de estos temas, o que no existe el espacio para ponerlo en discusión. Por lo tanto, mientras quienes están en el poder continúan avanzando y desfinanciando todas las políticas ambientales, en plena campaña hay un rotundo silencio sobre el tema. No podemos permitirnos que se deje de hablar de ciertas cosas. Desde la política tenemos la responsabilidad de volver a poner en la agenda pública la discusión y propuestas serias frente a una situación ambiental que lejos de estar mejor, se encuentra en un punto crítico.
La crisis ambiental no es un tema accesorio ni de futuro: está entre nosotros y avanza con una velocidad que alarma a la comunidad científica internacional. Los peores pronósticos sobre el calentamiento global se están cumpliendo: la temperatura promedio del planeta aumenta, ecosistemas fundamentales se destruyen, la biodiversidad se pierde a un ritmo acelerado y la contaminación se profundiza. No hablamos de un escenario hipotético, sino de una realidad que afecta nuestra vida cotidiana, la salud de las personas y la disponibilidad de recursos básicos como el agua y los alimentos.
En este contexto, preocupa el silencio que domina la campaña. Sobre todo frente a un gobierno que incentiva la profundización de un modelo extractivista, basado en actividades de explotación de recursos sin control ambiental. No se discute el modelo de desarrollo que necesita el país. Esta ausencia no es casual: forma parte de un deterioro más amplio de la política argentina, que en los últimos años ha relegado la agenda ambiental al punto de invisibilizarla casi por completo.
El impacto económico y social de la crisis ambiental debería ser argumento suficiente para que el tema ocupe un lugar central en las campañas. Sequías históricas, inundaciones devastadoras u olas de calor extremo ya afectan nuestras actividades productivas y generan enormes costos para la economía nacional. Sobran ejemplos concretos, en la Provincia de Buenos Aires hay ciudades enteras inundadas y paralizada su actividad económica. Pero el debate electoral parece encapsulado en la polarización, y lo ambiental no se asocia con los problemas concretos de la gente, cuando en realidad está directamente vinculado a nuestra producción, al trabajo y a la calidad de vida. Pensar el ambiente separado del desarrollo es una falsa dicotomía que solo nos condena a más crisis. Por eso insistimos: la política ambiental es una política pública estratégica para el futuro del país, que requiere planificación con todos los sectores económicos bajo un enfoque sostenible y de largo plazo.
En esta ausencia de discusión, el Congreso tiene un rol irremplazable. Es el ámbito institucional que puede recuperar la deliberación política y volver a instalar la agenda ambiental, avanzando en leyes que den un rumbo de desarrollo sostenible y justo. Vengo trabajando hace años en propuestas legislativas ambientales, algunas para incentivar un modelo económico más sostenible, otras para mejorar el acceso a la justicia ambiental, y también en fortalecer el control del poder legislativo sobre la ejecución de la política ambiental del Ejecutivo. Para que ese debate exista, es necesario que la política se anime a poner el tema sobre la mesa aunque suponga enfrentar intereses económicos poderosos o discursos negacionistas.
La ciudadanía también tiene un papel fundamental: exigir a sus representantes que hablen de ambiente, que presenten propuestas concretas y que no sigan postergando decisiones urgentes. El voto es, sin lugar a duda, la herramienta por excelencia para manifestar esta exigencia. Y quienes hacemos política debemos reconocer nuestra responsabilidad. No alcanza con señalar los retrocesos: tenemos la obligación de defender esta agenda, incluso cuando parece que “no suma votos”. Porque si algo demuestra la crisis ambiental es que callar tiene consecuencias, y que el silencio político frente a este tema nos sale cada vez más caro como sociedad.
Desde el año 2015 en el que fui Candidata a la Presidencia de la Nación y firmé el Compromiso Ambiental y lo puse como un diferencial con el resto de los candidatos, y hasta el presente, he reiterado que es imposible discutir un proyecto de país sin asegurar a todas las personas su derecho “a gozar de un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras”. De ahí derivan todas y cada una de las iniciativas parlamentarias que, como equipo, hemos presentado.
Proponemos atender la conflictividad ambiental y reconocer las conductas que constituyen delitos estableciendo sus sanciones. El ecocidio, entendido como la destrucción a gran escala de la naturaleza, a través de cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas que pueda causar daños graves, extensos y duraderos al medio ambiente, debe ser tipificado como uno de los crímenes más graves que ya son competencia de la Corte Penal Internacional.
En estas elecciones legislativas, volver a hablar de ambiente no es un lujo ni una moda: es un deber que vamos a volver a asumir.
*Margarita Stolbizer es abogada y Diputada Nacional por el partido GEN.
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