En las comunidades indígenas de México, donde el cultivo de cannabis y cáñamo tiene una larga tradición cultural y medicinal, reina la indignación. A pesar de la legalización del cannabis en 2021, las autoridades continúan criminalizando a los pueblos originarios por cultivar estas plantas, incluso cuando lo hacen de forma legal y ancestral.
Recientemente, el diputado mexicano de Morena Horacio Sosa Villavicencio denunció que el Ejército Mexicano, la Fiscalía General de la República y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), en alrededor de 20 camionetas militares y otras 10 particulares, fueron al domicilio de una mujer sembradora.
Aseguró que los agentes, sin identificarse, amenazaron con destruirle los cultivos si no dejaba de sembrar, a pesar de tener una autorización, y le dijeron que le dijera esto mismo a los demás agricultores.
La Asociación Indígena de Productores de Cannabis expresó su preocupación, ya que hay más de 100 personas que realizan cultivos en comunidades indígenas de seis municipios de Oaxaca. Estos sembradíos están amparados por 63 autorizaciones sanitarias de Cofepris, tanto individuales como colectivas.
El origen de la mala fama del cannabis
Desde hace siglos, las comunidades indígenas de México cultivan cannabis y cáñamo para diversos fines. Sus usos abarcan desde la elaboración de textiles y artesanías hasta la medicina tradicional y rituales religiosos. Esta profunda conexión con la planta forma parte de su identidad cultural y su cosmovisión.
Sin embargo, la llegada de la “guerra contra las drogas” en la década de 1970 criminalizó el cultivo de cannabis, sin distinción entre su uso recreativo y tradicional. Esta política tuvo un impacto desproporcionado en las comunidades indígenas, que fueron criminalizadas y marginadas por defender sus prácticas ancestrales.
La legalización en México: ¿una promesa incumplida?
En 2021, México legalizó el cannabis para uso adulto y medicinal. Se esperaba que esta medida trajera consigo un cambio en la política hacia las comunidades indígenas, permitiéndoles cultivar y comercializar la planta libremente. No obstante, la realidad fue otra.
Las autoridades implementaron una serie de requisitos y regulaciones que hacen que sea casi imposible para las comunidades indígenas obtener los permisos necesarios para cultivar cannabis legalmente. Además, la falta de acceso a información y recursos técnicos dificulta aún más su participación en la nueva industria.
Un caso emblemático: la comunidad nahua de Santa María del Río
En la comunidad nahua de Santa María del Río, ubicada en el estado de San Luis Potosí, la criminalización del cannabis legal tuvo un impacto devastador. A pesar de contar con un permiso para cultivar cáñamo industrial, la comunidad es víctima de redadas y confiscaciones por parte de las autoridades.
La criminalización de las comunidades indígenas por cultivar cannabis y cáñamo legal es una grave injusticia que debe ser abordada de manera urgente. Diversas organizaciones sociales y activistas exigen al gobierno mexicano que cumpla con sus promesas y garantice el derecho de las comunidades indígenas a cultivar estas plantas de forma libre y legal.
El futuro incierto del cannabis en México
El futuro del cannabis en México está plagado de incertidumbres. La criminalización de las comunidades indígenas y las trabas burocráticas para el cultivo legal ponen en riesgo el desarrollo de una industria que podría generar miles de empleos y beneficios económicos para el país.
Es necesario que el gobierno mexicano adopte un enfoque más justo e inclusivo hacia el cannabis, que reconozca el papel fundamental de las comunidades indígenas en la historia y cultura de esta planta. Solo así se podrá construir un futuro sostenible y equitativo para la industria del cannabis en México.