Coimas a pesqueras: acusan al Gobierno de Javier Milei de exigir 15 millones de dólares en la asignación de cuotas de pesca

Según el diputado que denunció coimas, las irregularidades surgieron durante las negociaciones para renovar el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza hubbsi.

Según el diputado que denunció coimas, las irregularidades surgieron durante las negociaciones para renovar el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza hubbsi.

El diputado provincial Gustavo Pulti acusó a funcionarios vinculados al gobierno argentino de Javier Milei de haber pedido coimas en el proceso de asignación de las cuotas de pesca de merluza, un negocio altamente rentable en Argentina.

Según Pulti, las irregularidades surgieron durante las negociaciones para renovar el régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura (CITC) de merluza hubbsi, que establece cuántas toneladas pueden capturar las empresas en los próximos 15 años. La asignación actual de estas cuotas vence el 31 de diciembre.

Durante las negociaciones, funcionarios del Gobierno que aseguraban actuar en representación del asesor presidencial Santiago Caputo habrían solicitado una coima de 15 millones de dólares a cambio de mantener el esquema actual de reparto de cuotas de pesca de merluza.

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¿Qué implica mantener esta asignación de cuotas de pesca?

Mantener el esquema actual beneficia a las empresas pesqueras, que podrían seguir capturando las mismas cantidades de merluza durante los próximos años, evitar la entrada de nuevos competidores y garantizar su permanencia en el mercado.

“Es imprescindible que se esclarezca el hecho”, afirmó Pulti, y subrayó que “hasta el día de hoy ningún integrante del gobierno del presidente Javier Milei se ocupó ni dio explicación alguna”.

La denuncia de Pulti también menciona que Iberconsa, una de las empresas más grandes del sector, habría informado de la situación a la Embajada de Estados Unidos en Argentina, aunque la embajada negó haber recibido tal denuncia.

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Pulti solicitó una investigación exhaustiva para verificar estas acusaciones, advirtiendo que, de confirmarse, podrían constituir un “perverso mecanismo extorsivo” que no solo dañaría a la industria pesquera, sino también la confianza en las instituciones públicas y en el gobierno.

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