La compensación por biodiversidad en la COP17 marca un giro hacia mecanismos vinculantes: inversores privados financian proyectos de conservación bajo marcos regulatorios obligatorios, según un reporte presentado esta semana en Cali, Colombia, sede de la 17ª Conferencia de las Partes del Convenio sobre Diversidad Biológica.
El documento, difundido por Greenpeace International y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDP), sostiene que gobiernos de Europa y Asia están adoptando estándares obligatorios que exigen a empresas compensar el daño a ecosistemas con proyectos certificados de conservación. Los fondos llegan desde fondos de inversión y corporaciones que buscan cumplir con regulaciones nacionales, no como aporte voluntario.
“Estamos a mitad de camino hacia 2030 y la evidencia es clara: estamos muy lejos de alcanzar las metas 30×30”, afirmó An Lambrechts, jefa de la delegación de Greenpeace en la COP17, según el comunicado de la organización. “Los gobiernos necesitan acordar acciones concretas que aborden los impulsores de la pérdida de biodiversidad, aumenten el financiamiento y redirijan los flujos de dinero hacia donde se necesitan.”
Qué dice el reporte sobre los proyectos compensatorios
El informe, citado por Carbon Pulse, documenta que al menos 12 países ya implementaron sistemas de compensación obligatoria para biodiversidad. Empresas que desarrollan infraestructura en zonas protegidas deben financiar proyectos de restauración o conservación en sitios equivalentes.
Greenpeace International advierte que la calidad de la protección importa tanto como el área cubierta. “La conservación efectiva debe salvaguardar la integridad del ecosistema, prevenir la pérdida y degradación de hábitats, y reconocer los derechos y liderazgo de los Pueblos Indígenas y comunidades locales”, señaló Nichanan Tanthanawit, líder del proyecto global de Justicia Oceánica de la organización.
El Cali Fund y la meta 30×30
La COP17 revisa por primera vez el avance colectivo hacia el Marco Global de Biodiversidad Kunming-Montreal, adoptado hace cuatro años. La meta más visible del marco es proteger y conservar al menos 30% de tierras y aguas para 2030.
Camila Jardim, experta política internacional de Greenpeace Brasil, declaró que “el mundo avanza hacia un exceso de 1,5°C y la sexta extinción masiva, con las crisis climática y de biodiversidad causadas por humanos impactando ya severamente a personas en todo el mundo”.
La cumbre concluye el 2 de junio. Delegaciones de 196 países negocian si el llamado Cali Fund, un mecanismo financiero propuesto para canalizar recursos hacia proyectos de conservación liderados por comunidades, recibirá respaldo formal.
Fuente original: https://www.greenpeace.org/international/press-release/86551/un-biodiversity-cop17-governments-act-nature/
