La Comunidad Francisco Tripayan Aiñanco, perteneciente al pueblo mapuche, denunció un operativo de desalojo en Calcurrupe, Lago Ranco, Chile. Afirman que la medida estuvo impulsada por un litigio promovido por una inmobiliaria y denuncian destrucción de patrimonio cultural, vulneración de espacios ceremoniales y desconocimiento de títulos históricos de 1834.
“Si bien el procedimiento se desarrolló sin enfrentamientos físicos directos hacia nuestra gente, constituyó un acto de violencia legal, cultural y espiritual inaceptable”, aseguró la comunidad a través de un comunicado difundido el 7 de mayo.
Reclaman por títulos históricos y debido proceso
La comunidad afirmó que el desalojo desconoce derechos ancestrales respaldados por un “Título de Comisario” fechado en 1834, correspondiente a su antepasado Francisco Tripayán Aiñanco.
En el documento, acusaron al Estado de no garantizar el acceso a registros históricos y de haber desarrollado un proceso judicial “viciado”, en presunta contradicción con garantías contempladas en la Convención Americana de Derechos Humanos y el Convenio 169 de la OIT.
“Desconocer este documento es un intento del Estado por borrar nuestra historia y despojarnos judicialmente de lo que nos pertenece por derecho propio ancestral”, expresaron.
Denuncian destrucción de patrimonio cultural y espiritual
Uno de los puntos centrales de la denuncia apunta a la supuesta destrucción de una ruca y a la intervención sobre espacios ceremoniales mapuches, entre ellos un rewe y un nguillatuwe.
La comunidad subrayó que estos sitios poseen una relevancia espiritual fundamental y que su afectación constituye una “profanación” de elementos esenciales de su vida ceremonial y religiosa.
“Un desalojo que destruye una ruca y profana un rewe a manos de particulares, con la aquiescencia de la fuerza pública, no es justicia, es un acto de violencia que replica el despojo colonial”, advirtieron.
Las acusaciones contra organismos estatales
La comunidad también cuestionó la actuación de distintos organismos públicos, entre ellos la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
Según denunciaron, existen sitios arqueológicos documentados dentro del territorio desalojado y aseguran haber presentado solicitudes formales al CMN para su protección, sin obtener respuesta.
Además, acusaron a la CONADI de mantener una postura pasiva frente al conflicto pese a su rol institucional en la protección de tierras indígenas.
El conflicto ocurre en vísperas del Wiñol Tripantu
La comunidad remarcó que el operativo ocurrió semanas antes del Wiñol Tripantu, el Año Nuevo Mapuche, celebración central dentro de su calendario espiritual.
En ese contexto, afirmaron que el desalojo impide el normal desarrollo de ceremonias religiosas y reclamaron la restitución inmediata del territorio.
“No aceptaremos que la burocracia estatal nos prive del derecho inalienable a desarrollar nuestras ceremonias”, señalaron.
Exigencias y llamado público de parte de la comunidad Francisco Tripayan Aiñanco
Entre las principales demandas, la comunidad exige:
- la revisión del proceso judicial que derivó en el desalojo;
- el reconocimiento legal del título histórico de 1834;
- la declaración del territorio como sitio de interés cultural;
- un pronunciamiento público de la CONADI y el INDH;
- y medidas de reparación cultural y espiritual.
“Hacemos un llamado a las comunidades hermanas y a la sociedad civil consciente a solidarizar con nuestra reivindicación. Dejamos en claro que este acto de invisibilización no amedrentará nuestro espíritu. No nos daremos por vencidos. Nuestra memoria es larga y nuestra resistencia también; un mapuche puede luchar toda una vida entera por la tierra de sus ancestros, porque nuestra existencia y dignidad están ligadas de forma irrenunciable a nuestro mapu”, sostuvieron en el comunicado.