Estos días, lo único que acumulan las redes de pesca de la familia Ortiz es polvo. Atrás quedaron los días en que los hombres de la familia se adentraban a las aguas frías de la quebrada Ramo, un afluente del río Sogamoso en el nororiente de Colombia, para capturar Prochilodus magdalenae, conocidos en Colombia como bocachicos, durante su temporada de desove. Durante años, esta actividad fue parte esencial de la vida familiar. Al final de cada jornada, los Ortiz regresaban a casa con sus redes repletas y preparaban los pescados según la receta heredada por generaciones: asados y rellenos de tomate y cebolla.
Cuando Claudia Ortiz, una mujer campesina de 46 años, habla de esos tiempos es con nostalgia: “La vida era sabrosa y tranquila,” dice sobre esas tardes cálidas en la finca familiar, donde, hoy en día, aún reside con sus padres, un hermano menor y su familia y su manada de perros y gatos. “No nos faltaba la comida. Las condiciones…eran óptimas.”
Pero, ya hace más de una década que la quebrada Ramo se ha quedado sin bocachicos y sin el sustento que sostuvo a varias familias pescadoras de la región. En tramos del río Sogamoso, la población de estos peces endémicos de Colombia ha disminuido tanto que ha desatado una crisis económica y alimentaria entre los pescadores y sus familias. Muchos se han ido.
La razón de su declive, explica Ortiz, es la represa Hidrosogamoso, un megaproyecto de energía hidroeléctrica –cuya construcción inició en 2009– que, con su muro de 190 metros de altura y un embalse de 7.000 hectáreas, ha fragmentado al potente río Sogamoso en dos.
Las consecuencias para el ambiente y para las comunidades que viven del río han sido catastróficas, cuenta Ortiz, una de las miles afectadas por la represa. “Hidrosogamoso ha significado despojo, la pérdida de biodiversidad y cambios irreversibles para el territorio,” agrega Ortiz. Aquellos días tranquilos han quedado en el pasado. “Ahora, la vida es sobrevivir”.
Energía a qué costo
Al igual que muchos países de Latinoamérica, una región rica en recursos hídricos, la gran mayoría de electricidad producida en Colombia — alrededor de 70% de su matriz eléctrica — proviene de hidroeléctricas. El auge en la construcción de hidroeléctricas a gran escala comenzó en el 2000, impulsado por el aumento en la demanda energética, así como los bajos costos y la confiabilidad de esta fuente. Para 2020, el país contaba con 28 grandes hidroeléctricas y 115 pequeñas centrales en operación. Este desarrollo ha sido clave para la ampliación de la matriz eléctrica colombiana, considerada una de las más limpias del mundo.
Sin embargo, estas represas también son responsables de impactos ambientales y sociales que han provocado una creciente oposición por parte de ambientalistas y comunidades locales. En el caso de Hidrosogamoso, una de las represas más grandes del país que produce alrededor del 8% de la electricidad consumida anualmente, la lista de reclamos es larga.
Hay denuncias de que la información sobre los impactos del proyecto hidroeléctrico no fue entregada de forma completa a las comunidades ubicadas en su zona de influencia, que abarca nueve municipios de Santander: Girón, Lebrija, Betulia, Zapatoca, Los Santos, San Vicente de Chucurí, Sabana de Torres, Barrancabermeja y Puerto Wilches.
La construcción del megaproyecto provocó la pérdida de más de 7.000 hectáreas de tierras productivas y afectó a más de 10.000 personas que dependían del río, entre ellas pescadores, vendedores de pescado y familias desplazadas. Únicamente quienes contaban con títulos de propiedad en la zona de construcción del embalse —entre 40 y 50 familias— recibieron como compensación una vivienda en el municipio de Lebrija, según la Corporación Compromiso, una organización colombiana de derechos humanos. Sin embargo, varios de los reubicados manifestaron su inconformidad, pues el terreno asignado está ubicado en una ladera alejada del río donde no pueden pescar como antes. Otros afectados, en cambio, señalan que no recibieron ningún tipo de indemnización.
Además de los impactos sociales, las comunidades señalan graves afectaciones ambientales. Acusan a la represa de haber destruido ecosistemas mediante la deforestación de cientos de hectáreas de bosque tropical, interrumpido el curso natural del río Sogamoso y contribuido al aumento de la humedad local tras la creación de un espejo de agua de grandes proporciones.
Al respecto, ISAGEN –empresa a cargo de la central hidroeléctrica– adujo que la autoridad ambiental elaboró un plan de manejo ambiental para mitigar los impactos ambientales y sociales de la represa. Dentro del plan estaba incluído el reasentamiento de familias, lo cual comprendió “la construcción y/o adecuación de una vivienda; la entrega de un predio de mínimo 5 hectáreas; establecimiento o fortalecimiento de un proyecto productivo; y finalmente el fortalecimiento del tejido social”.
El Movimiento Social en Defensa de los ríos Sogamoso y Chucurí, creado por campesinos en el 2008, se ha dedicado a visibilizar estos impactos y a cuestionar el rol de las hidroeléctricas en una transición energética que sea justa con las comunidades locales y con el ambiente.
Una de las preguntas centrales que se plantean es la energía para qué, para quién y a qué costo. Su principal reclamo —que los costos y beneficios de estos megaproyectos no se han distribuido de manera equitativa— refleja una preocupación global que ha crecido con la proliferación de represas por el mundo. En el caso de Hidrosogamoso, el Movimiento Social sostiene que han sido sus comunidades, compuestas en su mayoría por campesinos de escasos recursos, quienes han sido sacrificadas en nombre del desarrollo energético nacional.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, ha hecho de la transición energética uno de los pilares de su agenda ambiental, con el objetivo de reducir la dependencia del país de los combustibles fósiles. Sin embargo, ha insistido que la transición energética debe ser “justa,” es decir, minimizar el impacto ambiental y garantizar una mayor participación de las comunidades locales en las decisiones sobre proyectos energéticos. En este contexto, los afectados de la represa piden que el caso de Hidrosogamoso y de sus impactos no sean olvidados.
“Defender nuestro territorio, decirle a la demás gente sobre los daños que causa una represa es lo mejor que puede haber para que no la sigan construyendo”, dice Milena Aparicio, pescadora afectada por la central hidroeléctrica. A la distancia, a unos 800 metros de su casa, aparece el gigantesco muro.
Reclamos pendientes
La casa de Ortiz, adornada con plantas colgantes, muebles en bambú y fotografías familiares de las tres generaciones, está ubicada a tres kilómetros de la cota de inundación. En Zapatoca, un municipio del nororiente del país, reconocido por sus paisajes verdes y su abundancia de quebradas, los impactos de la represa pasan casi imperceptibles.
En los días más calurosos, su familia aún sale a bañarse en las corrientes heladas de la quebrada cercana y disfrutan de las sombras de los bosques densos que rodean su casa. Pero Ortiz, quien lleva toda su vida en Zapatoca, ha notado cambios: el bocachico y otros peces han desaparecido de la quebrada; también asegura que la temperatura y humedad han aumentado, exacerbando hongos que afectan cultivos como el aguacate y los cítricos y que han dejado a ratos a su familia con hambre. En otras zonas, sostiene que se ha intensificado la moniliasis, una enfermedad fúngica que ha dañado los cultivos de cacao, fundamentales para la región.
Aunque las hidroeléctricas son valoradas por su capacidad de reducir las emisiones de carbono, cada vez más estudios científicos advierten sobre sus efectos adversos.
Según un estudio, publicado en Current Opinion in Environmental Sustainability en el 2019, las hidroeléctricas representan una amenaza para la biodiversidad acuática al obstruir rutas migratorias fluviales, alterar la calidad del agua y promover la invasión de especies exóticas. Investigaciones en zonas aledañas a hidroeléctricas en países como Portugal y Turquía apuntan a un incremento en registros de humedad, causadas por grandes espejos de agua.
En Colombia, faltan más estudios científicos sobre los impactos ambientales de las hidroeléctricas, incluyendo a Hidrosogamoso, señala Juan Andrade, profesor de la Universidad Surcolombiana, investigador de ingeniería ambiental y co-autor de un inventario, publicado en el 2023, de los efectos positivos y negativos de las hidroeléctricas en el país.
Uno de los pocos estudios disponibles,publicado en 1998, desarrolló un modelo climático que proyectaba un aumento de temperatura en la zonas aledañas del embalse de Hidrosogamoso, lo cual podría reducir los rendimientos de cultivos sensibles como el café y el cacao.
Ortiz, quien también es cofundadora del Movimiento Social, afirma que, en las socializaciones, estos posibles impactos no fueron discutidos. Las socializaciones, que deben llevarse a cabo como parte del estudio de impacto ambiental, son procesos de divulgación de información a las comunidades que podrían verse afectadas por un proyecto. Pueden ir desde una cuña radial hasta una audiencia pública donde las comunidades puedan participar activamente.
Según Ortiz, muchas comunidades desconocían de la existencia del proyecto cuando el Ministerio de Ambiente aprobó la licencia ambiental en el 2000. Fue después de que el Movimiento Social exigiera su derecho a la participación y organizara grandes movilizaciones que el gobierno e ISAGEN realizaron la primera audiencia pública en el 2009, cuando la construcción del proyecto ya había comenzado.
Tatiana Rodríguez, directora de la organización ambiental Censat Agua Viva e investigadora de los impactos socioambientales de Hidrosogamoso, respalda esta versión. Constata que estas socializaciones se dieron sin brindar una información completa a las poblaciones locales y, en algunos casos, Rodríguez afirma que la empresa optó por reuniones privadas e individuales con líderes comunitarios en lugar de encuentros públicos con las comunidades.
“El reclamo es que las comunidades nunca han sido escuchadas, que sus reclamos siempre han quedado pendientes y que nunca han tenido una respuesta por parte del Estado ni de la empresa”, expresa Rodríguez.
Uno de los reclamos es que sean reconocidos como afectados. Incluso, Ortiz y su familia –quienes han sido testigos de cómo el río y la biodiversidad han cambiado después de la construcción de la hidroeléctrica– nunca fueron incluidos dentro de la población afectada ni compensados o reparados. Como ellos, hay muchas personas más, dice Ortiz.
Al respecto, la empresa –en convenio con la Fundación Natura– implementa un proyecto de monitoreo climatológico en el área de influencia directa de la central hidroeléctrica, esto “para atender la percepción de la comunidad sobre posibles cambios microclimáticos ocasionados por el embalse Topocoro”. Ese monitoreo de los potenciales daños emplea siete estaciones climatológicas y 27 parcelas agronómicas que estudian cultivos de cacao, café y tabaco.
“Se puede concluir que posterior al llenado del embalse, no se registran cambios significativos en las tendencias generales de las variables estudiadas en todas las unidades de monitoreo (clima y cultivos). Así mismo, se evidencia que el comportamiento de las variables meteorológicas está asociado principalmente a los fenómenos globales de variabilidad climática (El Niño y La Niña) y no pueden vincularse directamente con la presencia del embalse Topocoro”, declaró la empresa mediante correo electrónico.
“Los cultivos objeto de investigación (cacao, café y tabaco) no presentan anomalías sostenidas en el tiempo, su desarrollo fenológico y productivo permanecen constantes y su comportamiento no presenta diferencias antes, ni después de la llegada del embalse Topocoro; la incidencia de enfermedades no evidencia incrementos ni cambios en su comportamiento, manteniendo sus registros en los rangos históricos registrados en la zona colindante al embalse”, añadió la compañía.
Aún así, faltan estudios independientes que profundicen en estos temas. Mientras tanto, las comunidades exigen medidas de reparación para todos los afectados por la represa y mayor participación en la toma de decisiones energéticas a futuro.
Los expertos también coinciden que ha habido una falta de participación e información, así como una distribución equitativa de beneficios en los proyectos de transición energética y que corregir este punto es clave para que estos procesos sean justos.
“Hay una nueva tendencia de pensar en las transiciones energéticas centradas en personas”, dice Alejandra Bernal, oficial para América Latina en la Agencia Internacional de Energía, en un foro sobre la transición energética en Colombia.
En lo que representa un avance, el gobierno colombiano ha identificado la participación social vinculante como un pilar fundamental de la transición energética justa aunque investigadores sostienen que aún no hay claridad sobre cómo este eje se implementará.
También el gobierno considera que una transición energética justa debe reconocer daños causados, aunque Ortiz asegura que –a un año de que se termine el mandato del presidente Petro– aún no ha sido reconocida como afectada y muchos menos recompensada.
Agroecología para resistir en el territorio
Mientras tanto, los impactos de la represa se siguen acumulando. Uno de ellos es el sinnúmero de familias que se han retirado de la región. Aguas abajo de la represa, en un sector conocido como la Playa, varias casas de pescadores, ubicadas a pocos metros del río Sogamoso, han quedado vacías.
Milena Aparicio, quien ha vivido en la Playa por dos décadas, atribuye estos desplazamientos a los cambios en el río y la drástica disminución de peces, fuente principal de sustento para muchas familias. “Es muy triste ver que ahorita el río no es el mismo. Muchas personas se han ido porque por la situación económica no pueden seguir aquí”, reflexiona.
Frente a este panorama, el Movimiento ha buscado formas de resistir el destierro. Desde mayo del 2024, las mujeres han comenzado a implementar nuevas prácticas agroecológicas, con el apoyo de un técnico de la Corporación Buen Ambiente, para mitigar los impactos de la represa.
Está, por ejemplo, el agua de vidrio, biopreparado hecho de cal, ceniza y agua, que ayuda a enfrentar lo que las mujeres describen como un aumento en la humedad y la temperatura de la zona. También están introduciendo frutales amazónicos, como el asaí, en respuesta a los cambios climáticos que perciben.
“Es una manera de sanar con el territorio, en volver a tener un relacionamiento con la tierra, con el agua, con las plantas, qué es lo que habíamos perdido”, suma Ortiz.
En tiempos de innovación tecnológica, las mujeres del Movimiento han preferido explorar los métodos de agricultura sostenible de tiempos atrás para mejorar sus condiciones de vida, así están también logrando ser autosuficientes y depender menos de ISAGEN y del Estado.
Ortiz reconoce que no pueden revertir por completo los impactos causados por la represa. La tradición pesquera se está perdiendo en Zapatoca. Las herramientas para la pesca, como la atarraya, una red de pesca circular, han quedado a un lado. Pero, nuevas tradiciones, como cultivar de una manera más sostenible, empiezan a ocupar su lugar. Esperan que esta forma de pensar, entender como cohabitar con la naturaleza y defenderla, sean parte de su legado.
“Hay que pensar en la vida y no solamente de nosotros aquí, sino en la futura generaciones que igual todo esto es de paso y prestado,” concluye Ortiz.
*Esta historia fue producida en el marco del proyecto Narrar la TEJ, impulsado por las organizaciones de laAlianza Potencia Energética Latam
