Garantizar el derecho ambiental es proteger los derechos humanos. Así lo demostró un informe de la ONU y una universidad de Estados Unidos que concluyó que, en cinco años, los litigios climáticos aumentaron más del doble en muchos países del mundo y se convierten en instrumentos clave de la justicia ambiental.
Las personas están recurriendo cada vez más a los tribunales para afrontar la crisis climática. Hasta diciembre de 2022, se presentaron 2 180 demandas relacionadas con el clima en 65 instancias procesales, incluidos tribunales internacionales y regionales, órganos cuasi judiciales u otros órganos jurisdiccionales, como los Procedimientos Especiales de las Naciones Unidas y los tribunales de arbitraje. Esto representa un incremento de 884 casos en 2017 y 1 550 casos en 2020. Además, alrededor del 17% de los casos se registran ahora en países en desarrollo.
Las mujeres, los niños, los jóvenes, las comunidades locales y los pueblos originarios son las personas que “están asumiendo un liderazgo prominente en interponer estos casos e impulsar la reforma de la gobernanza del cambio climático en cada vez más países de todo el mundo”, afirma el Informe Mundial sobre Litigios Climáticos: Revisión Global 2023, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Sabin Center for Climate Change Law de la Universidad de Columbia.
“Las personas recurren cada vez más a los tribunales para combatir la crisis climática, al exigir responsabilidades a los gobiernos y al sector privado y convertir los litigios en un mecanismo clave para garantizar la acción climática y promover la justicia climática”, dijo la Directora Ejecutiva del PNUMA, Inger Andersen. Por su parte, el director de facultad del Sabin Center, Michael Gerrard, sumó: “El presente informe será un recurso valioso para todas las personas que deseen obtener el mejor resultado posible en las instancias judiciales, así como para comprender lo que es y lo que no es posible resolver por dichas instancias“.
Hubo varios casos notables en los que se logró impugnar decisiones gubernamentales por ser incompatibles con los objetivos del Acuerdo de París o con los compromisos nacionales de cero emisiones netas. Asimismo, aumentaron los litigios contra las empresas contaminantes.
Dos de los casos más relevantes son:
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