La crisis del agua en el norte de Córdoba afecta a miles de habitantes que enfrentan una combinación explosiva: contaminación por agroquímicos, sequía prolongada y una administración pública que esquiva responsabilidades. Hace tres años, 80.000 personas de la Zona Norte estuvieron casi un año sin agua potable del grifo, y hoy las causas estructurales siguen sin resolverse.
En las afueras de Pozoblanco, Miguel Aparicio, coordinador de la plataforma Unidos por el Agua, señala una balsa maloliente de color marrón verdoso. “Esto va directamente al río Guadarramilla, que desemboca en el embalse de La Colada, nuestra fuente de reserva de agua potable”, explica a Climática. A sus espaldas, explotaciones ganaderas y macrogranjas dominan el paisaje. “Aquí llevan años vertiendo estiércol puro, todo el mundo lo sabe y nadie hace nada”, afirma.
El embalse de La Colada está al 90% de su capacidad, pero el agua está demasiado contaminada para bañarse. Juan Díaz, alcalde del municipio de El Viso, recuerda cuando en abril de 2023 la Junta de Andalucía declaró el agua no apta para el consumo. “La planta potabilizadora de Sierra Boyera no era capaz de convertir el agua contaminada en agua potable”, señala.
La magnitud de una crisis sin precedentes
Elena, vecina de Pozoblanco y activista desde el inicio de la crisis, cuenta que estuvo embarazada durante el primer mes de contaminación sin saberlo. “Puse en peligro tanto mi salud como la de mi hijo aún no nacido”, relata. El video que difundió más tarde, mostrando a su bebé en una bañera llena de agua color marrón chocolate, se hizo viral.
Durante un año, los 80.000 habitantes de la Zona Norte dependieron de camiones cisterna o de agua embotellada para consumo. “Nos duchamos con los ojos y la boca cerrados”, recuerda Elena, quien agrega que algunas personas sufrieron erupciones cutáneas pero no quieren hablar públicamente porque trabajan en explotaciones ganaderas. Empresarios de la zona, desde panaderos hasta empresas cárnicas, tuvieron problemas para elaborar sus productos y realizar tareas de limpieza.
Después de ocho meses con agua marrón saliendo del grifo, la desesperación ante la pasividad oficial llevó a Aparicio a iniciar una huelga de hambre junto a otras tres personas. “Solo cuando, cinco días después, el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, vino a vernos y nos prometió personalmente una reunión con todas las administraciones competentes, volvimos a comer”, cuenta.
Administraciones que se pasan la pelota
Aquella reunión fracasó. “Las principales partes implicadas, como la Junta y la Diputación, no acudieron”, afirma Aparicio a Climática. Solo asistieron Samuel Moraleda, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana, junto con representantes de algunos municipios y miembros de la plataforma. “Las partes no hablan entre sí, los intereses económicos de la industria láctea son demasiado grandes y nuestra zona rural no es una prioridad”, añade.
Cuando las lluvias volvieron a llenar el embalse Sierra Boyera unos meses después, la crisis desapareció de la agenda pública. Tres años después, Unidos por el Agua sigue luchando por una solución estructural que permita atajar la contaminación de la reserva de agua destinada al abastecimiento.
La próxima sequía encontrará a la región en las mismas condiciones que provocaron la crisis de 2023, sin controles efectivos sobre los vertidos agroindustriales ni consenso entre las administraciones responsables.
Fuente original: https://climatica.coop/crisis-agua-potable-cordoba/