Los incendios forestales que han marcado la última temporada en la Argentina y Chile no son un fenómeno aislado ni una anomalía pasajera. Son la expresión más visible de un sistema bajo presión. Más de 60.000 hectáreas se quemaron en la Patagonia, muchas de ellas dentro de áreas protegidas y territorios de alto valor de conservación. Lo que está en juego no es solo biodiversidad: es también la estabilidad de nuestras economías regionales, la seguridad hídrica y el bienestar de las comunidades.
Cuando el fuego avanza, no solo se pierde vegetación. Se degrada el suelo y todo el ecosistema que tarda décadas —o siglos— en recuperarse. La erosión aumenta, los sedimentos contaminan fuentes de agua dulce claves como ríos y lagos, afectando los ciclos del agua, y la calidad del aire se deteriora con material particulado fino y emisiones de CO₂. Este círculo vicioso se agrava en un contexto de cambio climático, donde las condiciones más cálidas y secas multiplican el riesgo de nuevos incendios.
Pero hay otra dimensión que muchas veces queda invisibilizada: el impacto económico. Este impacto va mucho más allá del gasto fiscal y las pérdidas materiales, se afectan los servicios ecosistémicos de los territorios que son el motor de actividades como la ganadería, el turismo de naturaleza y la producción agrícola. Cuando estos paisajes se degradan, se interrumpe mucho más que un equilibrio ecológico: se afectan directamente los medios de vida, la seguridad alimentaria y la sostenibilidad de economías locales enteras.
Durante años, los esfuerzos se han concentrado -con razón- en mejorar la respuesta ante emergencias. Argentina y Chile han avanzado significativamente en el combate directo del fuego. Sin embargo, la evidencia es clara: seguir invirtiendo principalmente en la reacción es insuficiente. Se enfrentan desafíos clave antes y después de los incendios.
La prevención no empieza en verano, ni cuando se enciende la primera llama. Empieza con planificación territorial, con manejo activo del paisaje, con reducción de material vegetal seco, y, sobre todo, con comunidades preparadas y empoderadas. La inversión en prevención no solo es más efectiva: también es más eficiente. El retorno de esa inversión supera ampliamente los costos económicos, sociales y ambientales de enfrentar incendios ya desatados.
Esto implica un cambio de paradigma. Pasar del manejo de crisis a un enfoque de manejo integral del fuego. Un enfoque de corresponsabilidad que combine ciencia, política pública, financiamiento e involucramiento comunitario. Que entienda que el fuego es parte de muchos ecosistemas, pero que su descontrol responde a decisiones humanas, a modelos productivos y a configuraciones del paisaje.
Hoy sabemos, por ejemplo, que la expansión de especies exóticas que producen altas cantidades de material vegetal seco aumenta la carga de combustible y la continuidad del material inflamable, favoreciendo incendios más intensos y difíciles de controlar. También sabemos que bosques gestionados de manera sostenible, con menor carga de combustible y mejor accesibilidad, son significativamente más resilientes.
Desde The Nature Conservancy (TNC), trabajamos bajo una premisa clara: no hay solución posible sin integrar conservación y desarrollo. Nuestra estrategia hacia 2030 en Chile busca justamente eso: construir paisajes preparados para el fuego y comunidades capaces de convivir con este riesgo de manera resiliente. Esto implica fortalecer capacidades locales, mejorar la planificación, desarrollar herramientas científicas —como la modelación de combustibles finos y la evaluación temprana de la severidad de los incendios— y generar mecanismos financieros que incentiven la prevención.
A nivel global, la organización impulsa metas ambiciosas para enfrentar las crisis de clima y biodiversidad, entendiendo que ambas están profundamente conectadas. En Chile, esto se traduce en iniciativas concretas de manejo integral del fuego, promoción de la restauración temprana de áreas afectadas y fortalecimiento de redes de colaboración entre actores públicos, privados y comunitarios.
También estamos avanzando en soluciones innovadoras de financiamiento. En Chile, por ejemplo, se están desarrollando estudios sobre el retorno de la inversión en prevención comunitaria de incendios, con el objetivo de diseñar programas que canalicen recursos hacia territorios críticos. En la Argentina, se están implementando herramientas de educación y concientización dirigidas a quienes visitan áreas protegidas, reconociendo que una gran parte de los incendios tiene origen humano.
El punto de fondo es simple, aunque incómodo: no podemos seguir reaccionando a los incendios como si fueran inevitables. Son, en gran medida, prevenibles. Y su impacto puede reducirse significativamente si actuamos sobre las causas estructurales.
La pregunta no es si vamos a enfrentar más incendios en el futuro. Eso ya está ocurriendo. La verdadera pregunta es si vamos a seguir apagando fuegos o si finalmente vamos a empezar a gestionar el riesgo.
Porque en esa decisión se juega no solo la salud de nuestros ecosistemas, sino también el futuro de las comunidades que dependen de ellos.
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