La demanda por la Ley de Glaciares presentada en mayo aún no tiene respuesta judicial pese al respaldo de más de 850.000 personas que firmaron el amparo. Cinco meses después de la presentación, el Juzgado Federal de Santa Rosa, a cargo del juez Juan José Baric, recién se declaró competente el 8 de octubre, sin expedirse sobre las medidas cautelares solicitadas.
Greenpeace Argentina, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) presentaron el 5 de mayo un amparo colectivo para declarar inconstitucional la reforma de la Ley de Glaciares 26.639. Según las organizaciones, la reforma eliminó la protección real de los glaciares y las cuencas hídricas.
El amparo incluía un pedido de medida cautelar para suspender los efectos de la Ley 27.804 mientras se resuelve el fondo del caso. El objetivo era frenar autorizaciones de proyectos que pudieran producir daños irreversibles sobre los glaciares inventariados. Ese pedido nunca recibió respuesta.
El caso del proyecto minero Vicuña y el Glaciar GE110
El 16 de junio, el Gobierno nacional aprobó el ingreso al RIGI del proyecto minero Vicuña, en San Juan. En la zona de intervención está el Glaciar GE110, incorporado al Inventario Nacional de Glaciares, de acuerdo con el informe de Greenpeace Argentina.
Frente a ese hecho, el 23 de junio las organizaciones realizaron una nueva presentación judicial. Solicitaron una medida cautelar específica para impedir que ese glaciar pueda ser retirado del Inventario mientras se resuelve la causa. Ese pedido tampoco recibió una respuesta del juzgado.
En la resolución del 8 de octubre, el juez Baric cuestionó distintas presentaciones de referentes y asambleas que acompañan la acción. Entre ellas las de Marta Maffei, autora de la Ley de Glaciares, y referentes de la Asamblea de Jáchal. Estas observaciones podrían dejar fuera del proceso a personas directamente vinculadas con la defensa de la ley y de los territorios afectados, según advirtieron las organizaciones en el comunicado.
Cinco meses sin pronunciamiento sobre las cautelares
Las organizaciones advirtieron en su presentación judicial que, si el Glaciar GE110 perdiera su protección antes de una sentencia, podrían consolidarse hechos consumados y la decisión judicial llegar cuando el daño ya estuviera hecho. El proyecto Vicuña ya fue incorporado al RIGI y la Ley 27.804 sigue vigente.
La demanda colectiva reunió más de 850.000 adhesiones en menos de dos semanas. Las organizaciones presentaron dos pronto despachos para acelerar el tratamiento de las cautelares. A más de cinco meses del inicio de la causa, el juzgado aún no se expidió sobre las medidas urgentes solicitadas para proteger los glaciares inventariados mientras se resuelve la constitucionalidad de la reforma.