El avance de la mina de cobre Warintza en Ecuador contra la oposición de comunidades indígenas Shuar marca un nuevo capítulo en la tensión entre extractivismo y derechos territoriales en la Cordillera del Cóndor. El proyecto, impulsado por Lowell Mineral Exploration Ecuador S.A. —subsidiaria de Solaris Resources—, recibió autorización ambiental en abril de 2026 y ahora enfrenta un proceso de consulta con comunidades que, en muchos casos, se niegan incluso a participar.
“No queremos absolutamente nada con la minería”, dijo a Mongabay un miembro de la comunidad que pidió anonimato por temor a su seguridad personal. “Y ni siquiera queremos ser consultados”.
La mina operaría durante 22 años en aproximadamente 8.660 hectáreas distribuidas en seis concesiones, extrayendo cobre, molibdeno, oro y plata. Según la evaluación de impacto ambiental aprobada en abril, la construcción arrasaría más de 2.025 hectáreas de bosque primario y desviaría los ríos Warints y Piuntz, vitales para el modo de vida indígena.
El proyecto obligaría a reubicar a 722 personas Shuar
El tajo abierto mediría 3,4 kilómetros de largo por 1,2 de ancho, y el depósito de relaves cubriría 860 hectáreas. La evaluación concluyó que las comunidades de Warints (512 habitantes) y Yawi (210) no podrían permanecer en sus territorios por riesgo de seguridad, y recomendó la “reubicación total” de los residentes. Descartó opciones de traslado individual o integración con comunidades mestizas cercanas.
La zona afectada alberga 552 especies vegetales —20 endémicas—, 154 aves, 69 anfibios y reptiles, y 31 mamíferos, incluido el oso andino (Tremarctos ornatus), según el estudio de impacto. Un activista consultado por Mongabay, que también pidió anonimato, cuestionó la evaluación: “Hay errores graves sobre los tipos de químicos que se emitirán, los metales pesados y los metales radioactivos que saldrán de la mina”.
La consulta llega tarde, según la OIT
En 2021, una queja ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) argumentó que Ecuador debió aplicar el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) antes de otorgar derechos de exploración en el área. En 2024, la OIT ratificó esa posición y determinó que la mina no debería avanzar sin consultar a las comunidades Shuar de Maikiuaints, Warints, Yawi y Tinkimints.
El gobierno ecuatoriano inició ahora ese proceso, pero muchos residentes desconfían. “El gobierno viola los derechos constitucionales y los derechos internacionales que los refuerzan. Sin embargo, después de todo eso, quieren realizar una consulta previa e informada”, señaló el miembro de la comunidad a Mongabay. Temen que el proyecto avance independientemente de su decisión.
Solaris Resources dijo en un comunicado de septiembre que trabaja para finalizar permisos de agua, trámites de concesión minera y autorizaciones de infraestructura. Afirmó también que las comunidades de Warints y Yawi habían completado “planes de vida” —marcos de desarrollo comunitario a largo plazo—, aunque el fallo de la OIT de 2024 aclaró que los acuerdos entre empresas y comunidades no califican como consulta previa.
Ni Solaris Resources ni el Ministerio de Energía y Minas respondieron a las solicitudes de comentarios de Mongabay al cierre de esta nota. El proyecto Warintza se suma a una lista creciente de conflictos socioambientales en territorios indígenas de Ecuador, donde la presión extractiva choca con garantías constitucionales que, en la práctica, muchas comunidades ven erosionadas.
Fuente original: https://news.mongabay.com/2026/11/ecuador-copper-mine-advancing-despite-opposition-from-indigenous-communities/












