Por primera vez en la historia, un foro de las Naciones Unidas ha reconocido explícitamente el ecocidio como una prioridad estratégica ambiental a escala continental. Esta decisión histórica, adoptada durante la 20ª sesión de la Conferencia Ministerial Africana sobre el Medio Ambiente (CMAE), marca un punto de inflexión en la lucha mundial por la justicia ecológica. Que el continente africano —y en particular la República Democrática del Congo (RDC)— haya liderado este esfuerzo debe resonar con fuerza en todo el mundo, en especial, en América Latina. Ello, porque, si hay dos regiones unidas por la riqueza de sus ecosistemas, por la dureza de sus luchas sociales y por los impactos de la crisis ambiental y climática, son precisamente éstas.
En Nairobi, en julio de 2025, los ministros africanos de medio ambiente no sólo incluyeron el ecocidio entre las prioridades para el período 2025–2027, sino que también acordaron crear un comité ad hoc encargado de evaluar la tipificación jurídica de la destrucción masiva de ecosistemas como crimen. Esta hoja de ruta, promovida con determinación por la RDC, puede y debe inspirar dinámicas similares en América Latina.
RDC: un liderazgo desde el corazón del Congo
La RDC es uno de los pulmones verdes del planeta. Su selva representa el 62% de la cobertura forestal de la cuenca del Congo, el segundo mayor bosque tropical del mundo después del Amazonas. A esto se suma una riqueza considerable en minerales estratégicos para la transición energética —como el cobalto, el cobre y el litio—, lo que sitúa al país en el centro de numerosas tensiones entre desarrollo, conservación y soberanía.
Impulsada por una visión clara de futuro, la RDC se posiciona como un actor clave del cambio. Desde 2024, ha multiplicado las acciones diplomáticas concretas: en la COP16 en Cali, en eventos ante la Corte Penal Internacional (CPI), en la Asamblea de la Organización de Estados Africanos, Caribeños y del Pacífico (OACPS) en Bruselas, y mediante recepciones estratégicas durante la Cumbre de Océanos en Niza. Esta implicación no es sólo simbólica. Su objetivo es establecer un marco penal internacional para que los crímenes más graves contra la naturaleza no queden impunes.
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Como lo subrayó la ministra Medio Ambiente de República Democrática del Congo, Ève Bazaiba: «La destrucción de los ecosistemas africanos ha quedado impune durante demasiado tiempo. Incluir el ecocidio entre las prioridades continentales significa que ya no solo pedimos cambios: estamos moldeando la agenda mundial».
El impulso continental: del liderazgo de la RDC a una adhesión creciente
El apoyo a esta iniciativa se está ampliando: la República del Congo y Burundi se unieron oficialmente a la causa, marcando un punto de inflexión. Su adhesión muestra que esta preocupación, durante mucho tiempo promovida por algunos pioneros, se está convirtiendo en una exigencia colectiva para el futuro del continente.
En un poderoso discurso, la ministra de Medio Ambiente de la República del Congo, Arlette Soudant-Nonault, destacó a través de su representante: «El paradigma africano persiste: somos ricos en recursos estratégicos, pero pobres en beneficios económicos […] La explotación ilegal alimenta redes informales, priva al Estado de ingresos y suele ir acompañada de prácticas mineras devastadoras».
Para afrontarlo, hizo un llamado al reconocimiento del ecocidio como herramienta de soberanía, disuasión y justicia, capaz de proteger a las comunidades y a los ecosistemas frente a la explotación abusiva.
El mismo mensaje llegó desde Burundi, en palabras del ministro Prosper Dodiko: «Este ‘genocidio contra los ecosistemas’ es un factor determinante. Si no actuamos, corremos el riesgo de enfrentarnos a una situación inmanejable».
El ministro insistió en la necesidad de equilibrio entre desarrollo económico y preservación ambiental, haciendo un llamado a mecanismos conjuntos para que la minería no tenga como costo la deforestación y la destrucción de los ecosistemas forestales.
El llamado de Burundi y de la República del Congo refuerzan el mensaje liderado por la RDC.
América Latina: un espejo y un aliado natural
Al otro lado del Atlántico, América Latina afronta importantes desafíos ambientales que impactan a sus comunidades, ecosistemas y estabilidad climática global. La deforestación del Amazonas, los derrames de petróleo en Ecuador, la contaminación minera en los Andes, la degradación de ríos emblemáticos como el río La Pasión en Petén, Guatemala, o los incendios en el Gran Chaco son realidades que requieren atención urgente.
Sin embargo, la región también es un ejemplo de movilización y avances significativos. La histórica Opinión Consultiva nº32 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) establece que prevenir daños irreversibles al medio ambiente y al clima es una obligación jurídica de alcance mundial. Previo a ello, la CIDH ha reconocido el carácter vinculante y supremo de las normas imperativas o ius cogens, especialmente en materia de acceso a la justicia, prohibición de tortura, derecho a la vida y presunción de inocencia.
En paralelo, países como Argentina, Brasil, Perú y República Dominicana están dando pasos concretos para tipificar y penalizar el ecocidio a través de iniciativas legislativas ambiciosas.
Además, instrumentos regionales como el Acuerdo de Escazú, el reconocimiento constitucional de los derechos de la naturaleza en países como Ecuador, y sentencias judiciales que reconocen la conexión entre daños ambientales y violaciones a los derechos humanos, muestran que América Latina avanza hacia una justicia ambiental cada vez más sólida y comprometida.
Aún así, es necesario que esta voz colectiva se fortalezca a nivel internacional, situando al ecocidio donde merece estar: como el quinto crimen internacional en el Estatuto de Roma, junto al genocidio y los crímenes de lesa humanidad.
Rumbo a la COP30: unir fuerzas en Belém
La COP30, que se celebrará en Belém do Pará (Brasil) en 2025, será un momento crucial para que África y América Latina converjan en una exigencia común: proteger la vida en la Tierra mediante el derecho penal internacional. Frente a una crisis climática que avanza con violencia —desplazando pueblos, secando ríos, aniquilando especies—, las promesas ya no bastan: se necesitan mecanismos jurídicos claros para exigir responsabilidades.
Reconocer el ecocidio como crimen internacional es dotar a los pueblos de herramientas para exigir justicia, es poner freno a la impunidad de los grandes destructores ambientales, y es, sobre todo, construir una gobernanza mundial coherente con la urgencia ecológica.
África ha mostrado el camino. Ahora le corresponde a América Latina unirse, tejer alianzas y hacer oír su voz. Porque proteger la selva congoleña es también proteger el Amazonas. Preservar las aguas del lago Kivu es también cuidar el río Magdalena. Los crímenes contra la naturaleza no tienen fronteras, y la justicia ambiental tampoco debe tenerlas.
