Hace más de diez años, durante mi investigación doctoral, un libro transformó mi comprensión sobre los orígenes del derecho: La ciudad antigua, de Fustel de Coulanges. Me reveló que la ley, en sus más remotos inicios, no era un misterio reservado a escribas o reyes, sino el fruto de la deliberación colectiva. Una norma que no se discutía en asamblea simplemente no existía.
Es verdad que la participación estaba reservada únicamente a los ciudadanos y que estos generalmente eran hombres, pero Fustel de Coulanges aporta una aclaración importante. Las ciudades antiguas (tanto en Grecia como en Roma) pueden ser mejor comprendidas hoy como una suerte de “federación de familias”, en las que los jefes de dichas familias —en Roma, el pater familias— eran los ciudadanos, con derechos y deberes de participación en los asuntos de la ciudad, especialmente en la aprobación de las leyes. Los jefes de familia, los ciudadanos, generalmente eran hombres, pero también hubo mujeres. Esto dependía de la organización al interior de cada familia, pero no de la ciudad.
Me he acordado de estos viejos aprendizajes, ya que en estos días estoy inmerso en el proceso de crear, junto a mis colegas de Stop Ecocidio Internacional, una Ley Modelo de Ecocidio para América Latina. Y me he acordado precisamente porque, desde el inicio, hemos apostado por recuperar esa esencia democrática original, que pese a sus dificultades —que las hay— creemos que es la única vía legítima para construir esta poderosa herramienta legal capaz de frenar la destrucción de nuestros ecosistemas.
El ecocidio —la destrucción masiva de la naturaleza— ha cobrado un impulso histórico desde que un panel de expertos independientes, del que tuve el honor de formar parte, definió el concepto en 2021. Pero trasladar esa definición internacional a América Latina no es un simple ejercicio de “copiar y pegar”. Nuestra región se rige mayoritariamente por el sistema denominado Civil Law, un sistema legalista y codificado que exige una precisión técnica rigurosa; lo que los juristas llamamos tipicidad penal.
Hasta ahora, los esfuerzos en la región por legislar sobre ecocidio han sido valiosos pero fragmentarios: varios países han presentado proyectos de ley aislados y con definiciones que no siempre coinciden con la definición internacional y que además difieren entre sí, corriendo el riesgo de generar vacíos legales o incoherencias. Aquí es donde una ley modelo se vuelve indispensable, pues armoniza el proceso, a la vez que lo facilita.
Una ley modelo no es un tratado o una norma impuesta, sino una herramienta de cooperación jurídica; una matriz o plantilla de alta calidad técnica que los parlamentos nacionales podrán adoptar directamente, si así lo deciden, o bien hacer las adecuaciones menores para cada realidad nacional, pudiendo confiar en que los problemas técnicos de la adaptación de la definición internacional a lo interno ya están completados y aprobados por especialistas de toda América Latina que habrán sabido recoger e interpretar la voz de la mayoría de quienes hayan participado de esta construcción colectiva, abierta a todas y todos.
Instituciones como el PARLATINO han demostrado su eficacia para armonizar leyes de alto impacto. Por ello, una vez adoptada la ley modelo de ecocidio, la promoveremos ante esta importante instancia regional de coordinación parlamentaria.
La ley modelo de ecocidio ofrecerá a los legisladores latinoamericanos un estándar robusto para proteger ecosistemas compartidos —la Amazonía, el Gran Chaco, los arrecifes del Caribe— bajo un mismo criterio de justicia penal.
Pero el rigor técnico es estéril si carece de legitimidad social. Una ley que aspira a proteger la vida y la biodiversidad no puede redactarse a espaldas de la gente. Por ello, junto a aliados estratégicos como la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático (AIDPAC), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), la Universidad Iberoamericana y la Alianza de Clínicas Jurídicas Ambientales de América Latina y el Caribe, hemos diseñado este proceso como un ejercicio de co-creación democrática.
A través de una consulta pública regional activa, estamos convocando a científicos, defensores ambientales, académicos y, de manera crucial, a las comunidades locales y los Pueblos Originarios, quienes custodian el 80% de la biodiversidad que nos queda. Cada observación recolectada no es un gesto simbólico; es un insumo directo para el texto final que se consolidará en el encuentro de Ciudad de México a finales de septiembre de 2026.
El camino hacia una justicia ambiental efectiva no pertenece a los despachos de abogados ni a las burocracias estatales inaccesibles. Pertenece al diálogo, a la construcción colectiva, a esa misma asamblea que Fustel de Coulanges describió hace más de un siglo.
La herramienta legal que sancionará a quienes destruyen nuestra casa común se está escribiendo hoy, y requiere, necesariamente, de la voz de todos.
Si quieres participar, solo pincha en este enlace: 👉 Formulario de consulta pública