Al momento de escribir esta columna, más de 14 mil hectáreas se prendieron fuego en la Patagonia argentina, precisamente en la provincia de Chubut. Esto equivale a más de la mitad del territorio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde los primeros días de enero, 32 focos de incendio afectaron bosques andinos, alrededor de 30 viviendas, una estancia y dos complejos turísticos.
Lamentablemente, hechos como este se repiten año tras año. Según datos de Greenpeace, entre octubre de 2024 y marzo de 2025 se incendiaron más de 31.722 hectáreas de bosques andinos patagónicos (11.782 hectáreas en Neuquén, 10.218 en Río Negro y otras 9.722 en Chubut). Esto implica un enorme patrimonio milenario de flora y fauna autóctonas arrasado por el fuego y, con él, la calidad de vida de las poblaciones que sustenta.
A pesar de que el Gobierno nacional niega el cambio climático y los impactos de la actividad humana en el calentamiento global, cuya causa principal es la quema de combustibles fósiles, los efectos de esta crisis se sienten con fuerza en nuestro país. Fenómenos meteorológicos cada vez más extremos y frecuentes, que propician sequías prolongadas (como la que se está viviendo en la Patagonia) y cambios en los patrones climáticos locales, favorecen la propagación de los incendios, en un 95% causados por el hombre de acuerdo con datos del Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF).
Si como país continuamos negando el diagnóstico, difícilmente podamos avanzar con medidas que nos permitan prevenir, mitigar y enfrentar estos fenómenos. En lugar de reducir la extracción de hidrocarburos y promover energías renovables con un menor impacto ambiental y climático, el Estado otorga, a través del presupuesto nacional para este 2026, 651.600 millones de pesos para subsidiar de forma directa a las empresas de gas y petróleo. Esto equivale al doble del total de partidas ambientales, entre las que se encuentran las destinadas a la Subsecretaría de Ambiente, los parques nacionales, la protección de bosques nativos, la promoción de energías renovables y el manejo del fuego.
A esto se suma la inacción estatal en materia de mitigación y prevención y el desfinanciamiento de las áreas públicas destinadas al combate del fuego. El crecimiento desmedido en la Patagonia de plantaciones forestales con especies exóticas invasoras profundamente adaptadas a un régimen mayor de incendios, como los pinos, sumado al desmanejo y la falta de regulación respecto de estos pinares y el riesgo que implican para la población y el ecosistema nativo, generan un caldo de cultivo para estos fenómenos. Además, el crecimiento demográfico exponencial y la falta de planificación urbana, la desinformación y los reiterados intentos de modificar la legislación respecto del uso del suelo, con marcados intereses inmobiliarios y de otro tipo, crean las condiciones para agravar los efectos devastadores del fuego.
En segundo lugar, tanto la reducción del presupuesto destinado al manejo del fuego como la poca ejecución de fondos previstos para estas áreas debilitan las herramientas y capacidades estatales para combatir los incendios. Durante 2024, el Gobierno ejecutó apenas el 22% del presupuesto estatal asignado al SNMF, pese a que se trató del año con la mayor cantidad de focos ígneos en los últimos ocho. En 2025, el SNMF dejó sin ejecutar el 25% de los recursos asignados, lo que equivale a casi $20.000 millones que podrían haberse destinado a mejorar la infraestructura, el equipamiento, las capacitaciones y las condiciones laborales de brigadistas. De acuerdo con la Ley de Presupuesto 2026, la partida presupuestaria del SNMF contará con $20.131 millones, lo que implica una caída real del 71,6% con respecto a 2025.
La trágica situación que se vive hoy en la Patagonia pone una vez más en evidencia la necesidad de que el Estado brinde los recursos necesarios para la prevención del fuego, refuerce el equipamiento y la formalización laboral del personal de brigadas, y coordine los operativos necesarios entre los múltiples actores estatales, tanto de Nación, como provinciales y municipales. La creación de comités de crisis, que incluyan la participación comunitaria local en la alerta temprana y el monitoreo, también son cruciales.
Por último, aunque no menos importante, es urgente que desde el Gobierno nacional se reconozcan la emergencia climática actual, los impactos generados por los combustibles fósiles y la necesidad de avanzar en una transición energética. El Estado debe liderar una acción climática ambiciosa, basada en la ciencia y ajustada a las necesidades y los contextos locales, y contribuir a prevenir las muertes y a reducir las pérdidas y los daños económicos que ocasionan los eventos climáticos extremos.
Sólo así vamos a poder enfrentar la crisis social y ambiental que sufrimos año a año con incendios como los que hoy destruyen nuestra Patagonia.
* Matías Cena Trebucq es integrante del área de Investigación de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Es licenciado en Economía y maestrando en Humanidades Ecológicas, Sustentabilidad y Transición Ecosocial.
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