Argentina necesita dólares. Los argentinos estamos cansados de escuchar que el país no sale adelante. Encima, tenemos uno de los territorios más grandes, ricos y diversos del mundo. ¿Por qué no explotamos más nuestros recursos naturales en pos del desarrollo económico? ¿Por qué los ambientalistas se oponen a que el país progrese?
Esta es una duda genuina que resuena en medio de una política de Estado que impulsa la explotación minera y que se propone, para eso, modificar una de las leyes más importantes en materia ambiental: la Ley de Glaciares. Sí. El país con una de las reservas de agua dulce más codiciadas en el mundo logró deshacerse por un rato de la etiqueta del subdesarrollo y dio una lección inesperada: protegió sus reservas de agua ante los ojos atónitos de los más escépticos. Fue el primer país del mundo en legislar sobre los glaciares: Argentina Campeona Mundial de Glaciares.
Pero no por mucho tiempo más. La ley protege solo al 1% del territorio nacional, pero es un obstáculo para las mineras que necesitan reservas de agua para realizar sus operaciones. Y los que quieren dejar de ver estallidos económicos en la televisión -entendible- apoyan estas iniciativas, pero con una condición: que haya controles. Claro. Nadie quiere que vengan a su casa y la destrocen, por más que paguen un alquiler caro (con suerte). La pregunta del millón es: ¿Argentina controla?
Caso Veladero, San Juan & Barrik Gold
El 13 de septiembre de 2015, en la mina Veladero, operada por la canadiense Barrick Gold, se produjo el mayor derrame minero de la historia argentina: más de un millón de litros de solución cianurada derramados en plena cordillera sanjuanina, a más de 4.000 metros de altura, con impacto en la cuenca del río Jáchal.
Recomendados de Econews
La empresa habló primero de “incidente”. La palabra cambió después: derrame. La información llegó tarde y fragmentada. Los vecinos de Jáchal se enteraron por un mensaje de WhatsApp antes que por un comunicado oficial. Durante días, la pregunta sin respuesta fue una: ¿se puede tomar el agua? Cri, cri. Silencio.
Los análisis independientes posteriores detectaron metales pesados. Tanto el gobierno provincial como la empresa sostuvieron que no había riesgo para la salud, hasta el día de hoy. Los estudios completos no se difundieron en tiempo real. Y las versiones del derrame siguen sin respuestas. Barrick sostiene que fue una válvula y un millón de litros de solución pobre, solo cianuro y agua, lo que escapó al río. La Asamblea sostiene que fueron 4 millones de litros y que el derrame fue por un colapso estructural por sobreexplotar la mina.
Esa diferencia no es técnica. Define responsabilidades. Si fue una válvula: operarios. Si fue un colapso estructural: directivos y funcionarios.
La justicia: el rol clave de Casanello
La causa federal recayó en el juzgado de Sebastián Casanello y marcó un punto de inflexión. Aceptó a los vecinos como querellantes, les dio acceso al expediente y rompió el hermetismo inicial. Ordenó una inspección inédita en la mina y trajo a un perito yankee internacional, lo que le dio el toque “Hollywood” al caso. Robert Moran, eminencia en el rubro, cuestionó la independencia de los datos producidos por Barrick y puso en duda tanto el volumen como el alcance real del derrame. “Esperar que la mina entregue información independiente es una locura”, sostuvo.
La investigación de Casanello avanzaba a paso firme sobre responsabilidades empresariales y posibles fallas en los controles estatales. Demasiado firme, se ve. La provincia de San Juan, a través del Fiscal de Estado, Guillermo de Sanctis, pidió que el caso quedara bajo su órbita. La Corte Suprema apartó a Casanello y el expediente pasó a la justicia sanjuanina. A un cajón de la justicia sanjuanina, mejor dicho.
Hubo multas e imputaciones a empleados. No hubo condenas firmes a los responsables.
El derrame, según la Corte, debía investigarlo San Juan. Pero en paralelo, Casanello en solo tres años procesó y elevó a juicio oral a funcionarios nacionales por incumplimiento de deberes de control de la mina. La causa cayó en manos de María Servini de Cubría, pero el expediente terminó prescribiendo y los procesados fueron sobreseídos.
La discusión principal: los controles
Veladero es un caso emblemático que expuso grotescamente la discusión sobre controles ambientales en Argentina. ¿Quién controla? ¿Con qué transparencia? San Juan es, como todas las provincias mineras, al mismo tiempo, promotora de la actividad minera y autoridad de aplicación que debe fiscalizarla. El Estado provincial depende en buena medida de las regalías que genera la actividad que controla. El conflicto de interés no es una teoría ni tiene banderas partidarias: es estructural.
Plantear la discusión en términos de “progreso versus ambientalismo” es un triunfo dialéctico de los lobbies que necesitan que el debate se simplifique en una dicotomía absurda. La pregunta no es solo minería sí o minería no. Sino también la capacidad de control y el costo-beneficio real de la actividad minera. ¿Es lo mismo declarar el uso de agua que no declararlo? ¿Da igual que la mina descarte el agua sin tratarla? ¿Es justo que la mina tenga permiso de usar agua todo el año mientras que los productores tienen uso limitado? ¿Qué pasa con el agro de la zona? ¿Cuánta plata le queda a la provincia? ¿A dónde van los metales y para qué?
Veladero expuso que, cuando el sistema falla, el costo no lo paga la empresa. Lo paga una comunidad que vive bajo emergencia hídrica, que lucha contra un sistema corrupto, que ve morir peces en sus ríos y que escucha promesas de desarrollo mientras duda del agua que sale de la canilla. Lo paga también el país que entrega sus bienes más estratégicos en un contexto global donde el agua y los recursos naturales son piezas centrales de la disputa geopolítica. Regalar recursos, en ese escenario, no parece desarrollo. Parece torpeza supina. Lo sé yo. Lo sabés vos. Lo sabe Trump. Pero algunos por acá, no la ven.
Argentina necesita dólares. Argentina necesita agua.
Sobre EcoNews Opinión: Este espacio reúne voces diversas con una mirada crítica, plural y profunda sobre los grandes temas de la agenda socioambiental. Las opiniones expresadas en esta sección pertenecen exclusivamente a sus autores y no reflejan necesariamente la postura editorial de EcoNews. Promovemos el debate abierto y riguroso, en un contexto de respeto, honestidad intelectual y reconocimiento de las complejidades que atraviesan nuestro tiempo. Porque pensar el mundo que habitamos requiere pluralismo, reflexión y la valentía de abrazar las contradicciones.
