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Comunidades originarias de Jujuy y demás sectores sociales rechazaron la reforma constitucional de Gerardo Morales. Acusan al gobierno jujeño de impulsar el desalojo expeditivo de quien no tenga título de propiedad para beneficiar el extractivismo del litio por multinacionales extranjeras.
Las protestas e incidentes a raíz de la reforma constitucional dejaron alrededor de 170 heridos —uno de gravedad por traumatismo de cráneo— y, al menos, 68 detenidos, según informó NA. Los enfrentamientos entre la Policía de Jujuy y algunos manifestantes duraron casi cuatro horas.
“Resulta aprobada la reforma parcial por unanimidad de los 40 convencionales presentes”, anunció Gerardo Morales. Tanto el Frente Cambia Jujuy, como el Frente Justicialista votaron a favor de la reforma. El Frente de Izquierda, por su parte, se retiró de la Convención Constituyente como forma de repudio a la reforma.
Denuncian intereses detrás de la reforma: el litio
Distintos sectores de la política denunciaron que el interés oculto detrás de la reforma es el manejo del litio. Los opositores de la reforma acusaron al gobierno jujeño de impulsar el desalojo de las comunidades indígenas que no tenga título de propiedad para poder explotar el litio. Si bien son pobladores ancestrales, el 90% de las comunidades carece de títulos de propiedad.
El Ministro de Ambiente, Juan Cabandié, se expresó en sus redes sociales y denunció la “entrega del litio a potencias extranjeras”. Advirtió que este mineral “es un recurso estratégico para el desarrollo y la transición justa. El litio de Jujuy no es de Gerardo Morales, es del pueblo jujeño”.
Myriam Bregman, diputada por el Frente de Izquierda, se manifestó en contra de la reforma impulsada por el gobierno de Morales. “Es el modelo que propone. Y no solo incluye el saqueo del litio y la represión, sino que incluye el acuerdo con el peronismo”, según informó Página 12.
La diputada nacional del Frente de Todos por Jujuy, Carolina Moisés, denunció que “el trasfondo de la reforma es el manejo de la industria del litio en una provincia donde el gobernador cree tener la suma del poder”, en declaraciones a El Destape Radio. “Se bajaron algunos artículos, pero no se cambia en nada la explotación de los recursos naturales ni otros atropellos”, dijo.
Por su parte, el presidente de la Comisión Redactora de la Constitución, Alejandro Nieva, sostuvo en diálogo con TN que “hubo mucha desinformación que llevó a que las comunidades temieran que los desalojen de sus tierras, y no está previsto despojarlos de sus tierras”.
La lucha indígena en contra del extractivismo del litio
Las comunidades indígenas de Jujuy se alzaron en contra de la reforma constitucional impulsada por Morales. Erica Chañari, presidenta de la comunidad Pozo Colorado, aseguró que la reforma constitucional se relaciona con el aumento de la demanda de litio a nivel mundial.
“En 2019 tuvimos el primer intento de avanzar con exploraciones de litio en las salinas, rápidamente comenzamos a repudiarlo porque no fuimos informados y porque no lo queremos. El gobernador nunca se acercó y desde entonces comenzó a inhabilitar las movilizaciones”, sostuvo Chañari en diálogo con Agencia Tierra Viva.
“Se acaba de firmar la reforma inconstitucional del señor Gerardo Morales, la que le da permiso para ir a robar todo el litio, todas las riquezas naturales, todos nuestros territorios”, denunció una representante de la comunidad originaria del Malón de la Paz a Agencia Tierra Viva.
¿Qué dice el artículo que inició la polémica por las tierras de las comunidades indígenas?
Uno de los artículos que detonó las protestas trata sobre los derechos de las comunidades originarias. Si bien luego del rechazo, el artículo 50 fue suprimido, la nueva Constitución buscaba sancionar lo siguiente:
- La Constitución reconoce la preexistencia étnica y cultural de las comunidades originarias de Jujuy y garantiza el “respeto a su identidad, espiritualidad, herencia cultural, conocimientos ancestrales”. Además, otorga el “derecho a una educación bilingüe e intercultural”.
- El Estado es el encargado de reconocer si las tierras que las comunidades indígenas ocupan tradicionalmente son propiedad de ellos, “con el fin de garantizar y reafirmar la integridad territorial de la Provincia en la Nación”.
- El Estado, a su vez, podría entregar otras tierras a las comunidades indígenas que sean “aptas y suficientes para el desarrollo humano”.
- Ninguna de las tierras mencionadas anteriormente serán “enajenables, transmisibles, ni susceptibles de gravámenes o embargos”.
- Las comunidades indígenas tendrán derecho a la participación y consulta previa acerca de los recursos naturales y demás intereses que los afecten directamente.
Luego del rechazo por parte de las comunidades indígenas y demás sectores de la población, la modificación del artículo 50 fue suprimida. La Constitución quedó con el artículo original de 1986. Este dice que el Estado jujeño deberá “proteger a los aborígenes por medio de una legislación adecuada que conduzca a su integración y progreso económico y social”.
