La transición energética avanza en todo el mundo y expone las limitaciones de marcos normativos como consecuencia de la velocidad del cambio tecnológico. En Argentina, esa tensión se siente con fuerza en el sector de los biocombustibles: productores y cámaras empresarias coinciden en que la Ley 27.640, sancionada en 2021, ya no acompaña las necesidades del mercado ni las oportunidades de inversión.
¿Qué establece la Ley 27.640?
La Ley 27.640 creó el marco que regula la producción, comercialización y mezcla de biocombustibles. Fue sancionada en 2021 y tiene vigencia hasta el 31 de diciembre de 2030, aunque podría prorrogarse por cinco años. Su autoridad de aplicación es la Secretaría de Energía, que controla el sector y define los porcentajes obligatorios de corte con combustibles fósiles.
Conforme a la normativa, las mezclas mínimas fijadas por la ley son: 5% de biodiésel en gasoil y 12% de bioetanol en naftas (6% caña y 6% maíz).
Además, la ley estableció fuertes restricciones en el sector, indicando que solo pueden operar las plantas habilitadas, impidiendo sumar nuevos actores si existe capacidad instalada ociosa, y prohibiendo la integración vertical entre petroleras y productores.
Los límites actuales de la Ley 27.640 que regula los biocombustibles
Uno de los reclamos centrales de la industria es ampliar los porcentajes de mezclas mínimas. En un comunicado difundido en redes sociales, la Cámara Santafesina de Energías Renovables (CASFER) señaló que “el mundo avanza hacia mayores porcentajes de corte con biocombustibles, pero en Argentina seguimos sin un marco que impulse el crecimiento del sector”.
“La ley actual (27.640) ha perdido vigencia y ni siquiera se está aplicando correctamente. Necesitamos con urgencia un nuevo marco regulatorio que brinde previsibilidad”, reclama la entidad en sus redes sociales.
En este sentido, otro reclamo sobre la legislación es el precio oficial del biodiésel. Según datos de CASFER compartidos a comienzos de año, el valor publicado (que en febrero fue de 980 pesos por litro) no cubre los costos de producción y genera “una transferencia de ganancias a las mezcladoras”. La observación apunta al artículo 14 de la ley, que exige fijar precios que garanticen rentabilidad sobre la base de costos reales.
Durante una presentación en la Unión Industrial de Santa Fe, Marcelo Kusznierz, director de Doble L Bioenergías y presidente de CASFER, afirmó que el sector del biodiésel está paralizado por un precio oficial que lleva más de un año por debajo de los costos y por una ley que ha perdido vigencia.
Según datos expuestos por Kusznierz, unas 25 plantas PyME no están logrando abastecer el corte obligatorio, lo que compromete el cumplimiento del artículo 10, que obliga a garantizar el suministro.
Ante esta situación, la industria ha solicitado reunirse con las autoridades nacionales y propuesto cambios para lograr avanzar hacia un esquema que dé previsibilidad, transparencia y estímulo a la inversión, sin renunciar al control estatal ni a la trazabilidad.