El presidente de la Argentina, Javier Milei, envió al Congreso de la Nación a fines de diciembre el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, más conocido como “Ley Ómnibus” que se tratará mañana y pasado en sesiones extraordinarias. Sin embargo, tuvo modificaciones. ¿Qué quiere modificar finalmente en las leyes ambientales?
Hoy es un día convulsionado en la Argentina. Convocado por la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGT), hay paro general y movilizaciones. Decenas de colectivos de distintas aristas de la sociedad adhieren a la medida de fuerza por considerar que el proyecto de ley y el decreto 70/2023 atentan contra los derechos de las personas y la Constitución Nacional.
Más de 100 organizaciones ambientalistas también mostraron su rechazo por asegurar que van en contra del derecho de todas las personas a vivir en un ambiente sano.
El proyecto tuvo dictamen y será debatido en el Congreso el 25 y 26 de enero en el Congreso. Así quedaron las modificaciones ambientales:
En un primer momento, no iba a ser obligatorio descargar en puerto argentino, pero finalmente dieron marcha atrás.
Sin embargo, sigue permitiendo que no se contrate tripulación argentina para trabajar dentro de la 200, dentro de la Zona Económica Exclusiva Argentina (ZEE). Esto da a entender que podrán pescar buques extranjeros de manera legal.
Además, debilita al Consejo Federal de Pesca, pone a competir a empresas argentinas contra las internacionales por las cuotas de pesca y elimina restricciones en torno a los buques que apuntan al cuidado de la fauna marina.
Dieron marcha atrás con permitir la deforestación en las zonas protegidas (amarillas y rojas).
No obstante, se mantiene la desfinanciación de la ley: se sacó el mínimo de financiamiento y no recibirá más parte del dinero de las exportaciones. Solo se compromete a seguir con el mismo presupuesto asignado en 2023, que fue insuficiente y que además fue subejecutado. Además, la inflación interanual a diciembre da 213%: si en 2023 le dieron 100 pesos, en 2024 va a recibir 46 pesos argentinos.
Insiste con las quemas tácitas. Con la ley vigente actual sin permiso no se puede quemar. Ahora, el proyecto final pone 90 días, en vez de 30 como era el primero, para que el Estado responda al pedido: si no contesta en ese término, se habilita la quema igualmente.
Sigue igual: le abre la puerta a la megaminería. Flexibiliza las definiciones de glaciar y ambiente periglacial. El problema principal es en el ambiente periglacial: solo protege al de ‘escombro activo’ y deja afuera a todas las demás geoformas que forman el ambiente periglacial.
En el proyecto final sumaron la derogación de la Ley de Manejo del Fuego. Esto permite desarrollos económicos en zonas incendiadas. La ley vigente cuida la regeneración de las tierras después de un incendio. Por eso, los propietarios de los terrenos tienen que esperar 60 años si quieren darle un nuevo uso a esa zona arrasada. ¿Por qué? Para evitar el avance de la frontera agropecuaria y de las inmobiliarias. Con esta derogación, el incendio de un bosque puede ser excusa para crear, por ejemplo, un country.
También se elimina la protección contra el fuego de nuevos bosques nativos.
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