La ley de tierras y comunidades indígenas en Argentina entró en un terreno crítico después de que el Senado aprobara la llamada Ley de inviolabilidad de la propiedad privada. Aunque el oficialismo debió resignar el capítulo sobre extranjerización de tierras tras protestas masivas, mantuvo las modificaciones al régimen de desalojos que amenazan territorios ancestrales.
El proyecto convierte los desalojos en juicios sumarísimos: los plazos se acortan drásticamente, no se admiten excepciones previas y las posibilidades de apelar quedan restringidas. Según un análisis del Colectivo SADO publicado en elDiarioAR, esto quita herramientas básicas de defensa a quienes ocupan territorios históricamente.
El despojo territorial de pueblos originarios se facilita con nuevas reglas procesales
La norma amplía la legitimación activa: cualquier persona que invoque un derecho o interés legítimo puede iniciar un desalojo. En zonas donde los títulos de propiedad son oscuros y la corrupción facilita documentación fraudulenta, esto abre la puerta al hostigamiento judicial masivo.
Las comunidades indígenas están habituadas a la persecución a través del litigio, pero esta reforma profundiza el problema. El texto aprobado debe leerse junto al modelo económico que impulsa el gobierno: el RIGI y el Súper RIGI demandan territorios despejados para proyectos extractivos.
La resistencia indígena en Argentina se enfrenta ahora a un escenario donde la seguridad jurídica que tanto se pregona para el sector empresarial brilla por su ausencia cuando se trata de pueblos originarios. La derogación previa de la Ley 26.160, que suspendía desalojos mientras se relevaban territorios, ya había dejado a las comunidades sin red de protección.
Qué comunidades están en riesgo con el conflicto por tierras en Argentina
El impacto directo recae sobre territorios donde empresas extractivas, agronegocio o megaproyectos de infraestructura presionan por acceso. La ley no menciona explícitamente a pueblos originarios, pero su diseño funciona como llave maestra para remover obstáculos legales a la expansión corporativa sobre tierras ancestrales.
La discusión en Diputados podría traer modificaciones, pero el núcleo duro del proyecto sigue en pie. Las comunidades denuncian que el texto viola derechos constitucionales reconocidos en el artículo 75 inciso 17 y convenios internacionales como el 169 de la OIT.
El Senado dio media sanción en una sesión atravesada por protestas en todo el país. La votación llegó después de que el oficialismo resignara dos capítulos clave, pero mantuvo firme su apuesta por agilizar desalojos y endurecer el régimen de expropiaciones.
Fuente original: https://www.eldiarioar.com/sociedad/ley-tierras-pretenden-despojar-comunidades-indigenas-territorios_129_13452618.html
