Los sobrevivientes del deslizamiento mortal en Uganda que mató a más de 50 personas en 2019 llevaron su reclamo de compensación y reubicación ante las Naciones Unidas. Los 48 demandantes acusan al gobierno de violar la constitución nacional al no implementar sistemas efectivos de gestión de desastres en Bududa, un distrito montañoso propenso a deslizamientos.
El caso, que ahora está en manos del Comité de Derechos Humanos de la ONU, podría convertirse en el primer precedente global que obligue a un Estado a tomar medidas de adaptación climática. Entre los 53 muertos en 2019, al menos 33 eran menores de edad.
William Tsama, uno de los reclamantes, perdió cuatro miembros de su familia. “Mi búsqueda debería ser una lección”, dijo a la BBC. “Las víctimas en estas situaciones, ignoradas por los gobiernos, pueden llevarlos a la justicia para obligarlos a ayudar a sus ciudadanos”.
El gobierno lanzó un plan de reubicación bajo presión
Uganda introdujo un programa de reasentamiento para zonas de riesgo en 2011, pero el avance fue limitado. El mes pasado lanzó un nuevo esquema que ofrece 18 millones de chelines ugandeses (USD 4.300) por hogar para facilitar el traslado a áreas seguras.
Las familias pueden elegir entre recibir dos acres de tierra valorados en 8 millones de chelines más 10 millones para construcción, o tomar el equivalente en efectivo. El programa alcanza a 1.410 hogares identificados en zonas de alto riesgo. Sin embargo, algunos sobrevivientes cuestionan si el monto alcanza para reconstruir sus vidas.
El gobierno dio dos meses, entre noviembre y diciembre, para que los residentes abandonen las áreas designadas o enfrenten desalojos forzosos.
Lluvia y suelos degradados amenazan los medios de vida
Los demandantes sostienen que los patrones de lluvia cambiantes y la caída en la fertilidad del suelo también afectaron la agricultura, dejando a muchas familias sin poder sostener sus ingresos. “Quiero conseguir un buen lugar nuevo para mi gente, así si muero, estarán bien. Soy un hombre viejo, pero lo hago por mis hijos”, dijo Tsama a la BBC.
La organización ambiental ugandesa Greenwatch se sumó al caso en 2023, después de que los sobrevivientes iniciaran acciones legales en 2020. Buscan compensación por familiares y medios de vida perdidos, además de medidas de emergencia que incluyan sistemas de alerta temprana accesibles en áreas de alto riesgo.
Samantha Atukunda Kakuru Mwesigwa, directora ejecutiva de Greenwatch, afirmó a la BBC que “la justicia para los reclamantes no es solo ganar en la corte. Se trata de forzar a que las políticas gubernamentales vayan al ritmo de un clima cambiante, y asegurar que pérdidas y daños no sean una idea tardía en la gestión de desastres”.
El riesgo se extiende por toda África oriental
En Kenia, inundaciones y deslizamientos mataron al menos 181 personas entre marzo y mayo de 2024, según la Cruz Roja de Kenia. En Ruanda, inundaciones y deslizamientos dejaron 135 muertos en mayo de 2023.
Vesselina Newman, abogada de ClientEarth, dijo a la BBC que “los desastres como el de Bududa solo empeoran por el cambio climático, y están pasando en todo el mundo, como vimos recientemente y trágicamente en Nepal”. En octubre de 2026, una crecida repentina en el distrito nepalí de Gorkha, provocada por un deslizamiento que bloqueó un río, mató a más de 1.500 personas.
Newman sostiene que los países de menores ingresos, que contribuyeron relativamente poco a las emisiones globales, están soportando algunas de las consecuencias más pesadas del cambio climático y necesitan mayor apoyo financiero. “Los países de altos ingresos deben proveer asistencia financiera y asegurar que suficiente dinero vaya directamente a países como Uganda, para que puedan desplegar medidas de adaptación que salven vidas”, afirmó.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU pedirá al gobierno ugandés que responda dentro de seis meses.
Fuente original: https://www.bbc.co.uk/news/articles/c920xgxp5785o?at_medium=RSS&at_campaign=rss












