Por la seguridad alimentaria y contra la pesca ilegal: el proyecto de ley que boicoteó el oficialismo

En la última sesión maratónica en el Congreso, uno de los proyectos de ley que iba a ser tratado era el Sistema Argentino de Trazabilidad de la Pesca y la Acuicultura, pero parte del oficialismo (alrededor de 30 legisladores del Frente de Todos) abandonó el recinto justo cuando era su momento y no dieron quórum. Tres miembros de la Cámara fueron quienes lograron incluir el proyecto en el temario: Graciela Camaño, peronista del bloque “Identidad Bonaerense”, Carlos Selva, del Frente de Todos, y Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica. Por eso fue muy llamativo que quienes impidieron su tratamiento hayan sido diputados del FdT.

La importancia de la trazabilidad: ¿dé dónde viene el alimento?

“Del mar a la mesa”, señala el proyecto de ley que busca crear el “Sistema Argentino de Trazabilidad de los productos de la pesca y de la acuicultura con destino al mercado interno y de exportación, con el fin de garantizar el adecuado control de cumplimiento de las normas de procedencia, salubridad, seguridad, competencia y sostenibilidad del recurso pesquero”. La iniciativa aplica a todo el territorio nacional y alcanza “las operaciones de captura, traslado, transporte, industrialización y comercialización de productos y subproductos de la pesca, sea marítima o continental, y de la acuicultura”. La pesca de supervivencia queda excluida del régimen.

El proyecto señala que debe crearse un etiquetado claro de estos productos marítimos. “Deberán estar adecuadamente etiquetados o identificados para permitir su trazabilidad, desde la captura hasta el comercio minorista. Asimismo deberán incluir información de interés para el consumidor, según lo establezca la reglamentación”, señala el texto. Y detalla algunos de los puntos que el reglamento debe tener en cuenta obligatoriamente:

• la identificación de cada lote (la fracción de unidades de productos de la pesca o la acuicultura. Un lote contendrá únicamente determinada cantidad de productos de la pesca y de la acuicultura de una única especie que tengan la misma presentación y procedan de la misma zona geográfica correspondiente y del mismo buque o grupo de buques pesqueros, o de la misma unidad de producción acuícola), según se defina reglamentariamente en base a los sistemas de pesca utilizados;
• la identificación del buque pesquero y su nombre o el nombre de la unidad de producción acuícola. En el caso de grupos de buques se informará el nombre de cada uno de los que han intervenido en cada captura;
• el código 3-alfa de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) de cada especie;
• la fecha de la captura o producción;
• la localización geográfica de la captura, indicándose las coordenadas geográficas, con la precisión que defina la reglamentación;
• el arte de pesca utilizada;
• las cantidades de cada especie en kilogramos expresados en peso neto, o cuando
  proceda, en número de ejemplares;
• el nombre y la dirección de los proveedores y de los destinatarios inmediatos. En
  caso que alguno de ellos no sea propietario del producto, se especificará asimismo
  su nombre y dirección;
• la información al consumidor: denominación comercial, nombre científico, zona
  geográfica de captura y método de producción;
• la indicación acerca de si el producto de la pesca ha sido congelado o no, y en su caso, nivel de congelación;
• fecha de expedición.

Esta información tendrá carácter de declaración jurada y, de no cumplirse, los operadores (las personas involucradas en el proceso) recibirán apercibimientos, multas, suspensión o inhabilitación permanente para realizar la actividad o clausura permanente del establecimiento, según cada caso.

Por una ley que luche contra la pesca ilegal

El autor de este proyecto que volvió a presentarse por el mismo espacio político compartido es el ex diputado nacional Alberto Gustavo Menna de la UCR. Entre los fundamentos del proyecto, aparecen que “la trazabilidad de los productos permite garantizar la seguridad de los alimentos, la veracidad y confiabilidad de la información proporcionada a los consumidores y la explotación de los recursos de la pesquería en condiciones económicas, sociales y ambientales sostenibles”; y que existe “la responsabilidad internacional de los países de contribuir a alcanzar una pesca sostenible, donde la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada (INDNR)” que constituye una de “las principales preocupaciones a nivel global”.

Por parte del Círculo de Políticas Ambientales, sostuvieron en redes sociales que el tratamiento de esta ley es fundamental para “combatir la pesca ilegal y no reglamentada, especialmente de China”, porque la trazabilidad le daría “transparencia al sector” y evitaría “el fraude de los productos de pesca”.