Del 22 al 24 de abril del año en curso se celebrará en Bahamas la IV Conferencia de las Partes (COP) del Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, conocido comúnmente como el Acuerdo de Escazú.
Se trata de la primera COP que se realiza en el Caribe, lo cual refleja el creciente interés e importancia de este tratado regional en esa zona. De los 18 Estados Parte, 8 son Estados caribeños. El año pasado, en abril, se realizó el III Foro de Defensores de Derechos Humanos en Asuntos Ambientales en San Cristóbal y Nieves, mientras que el Comité de Apoyo a la Aplicación y Cumplimiento (CAAC) del Acuerdo sostuvo un diálogo con Santa Lucía en el mismo mes.
¿Qué es el Acuerdo de Escazú?
El Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso: el derecho de acceso a la información, la participación pública en la toma de decisiones y el acceso a la justicia en asuntos ambientales. Es el primer tratado ambiental de la región y el primero en el mundo en incluir disposiciones específicas para la protección de las personas defensoras de derechos humanos en asuntos ambientales.
Su entrada en vigor ha sido un proceso rápido para un instrumento internacional. Entró en vigor en 2021 con 13 Estados Parte —dos más de los necesarios según lo acordado— y actualmente 18 países han depositado el instrumento de ratificación o adhesión.
Para esta COP existen 10 propuestas de decisión, cuyo contenido abarca desde temas de gobernanza y asuntos financieros hasta disposiciones sustantivas sobre participación, transparencia y justicia ambiental.
Gobernanza y organización
Decisión 1: Elección de la Mesa Directiva
La Mesa Directiva está compuesta por una Presidencia y cuatro Vicepresidencias. Además, participa una persona de los Representantes Electos del Público con voz pero sin voto, encargada de mantener un diálogo continuo con el público.
Hasta ahora, Uruguay ocupaba la Presidencia, mientras que Antigua y Barbuda, Argentina, México y Santa Lucía se desempeñaban en las Vicepresidencias. En la nueva elección se buscará mantener un equilibrio entre las subregiones: Mesoamérica, América del Sur y el Caribe.
Decisión 2: Sede de la próxima COP
Se definirá la sede de la V COP, que se celebraría del 20 al 22 de abril de 2028. En caso de que ningún Estado Parte se ofrezca como anfitrión, la reunión se realizará en la sede de la Secretaría en Santiago de Chile.
Decisión 3: Ampliación de mandatos del CAAC
Se propone extender por un año los plazos de los integrantes del Comité de Aplicación y Cumplimiento (CAAC), para que sus sucesores puedan ser electos en la próxima COP de 2028. Este desfase se originó porque los miembros del Comité fueron electos en una COP extraordinaria realizada en 2023. De aprobarse, cuatro integrantes extenderían su mandato hasta 2028 y tres hasta 2030.
Implementación nacional y financiamiento
Decisión 4: Planes y hojas de ruta para la implementación nacional
Esta decisión reconoce el esfuerzo de los Estados Parte que ya han elaborado y publicado sus planes y hojas de ruta para la implementación nacional del Acuerdo, dando cumplimiento a la decisión III/1. Hasta el momento, Argentina, Chile, Ecuador, Granada, Panamá, Saint Kitts y Nevis, Santa Lucía y Uruguay han completado este proceso.
Se alienta a las partes que aún no lo han hecho a iniciarlo, y se propone una metodología —detallada en el anexo— que incluye:
- La conformación de un Comité Directivo con puntos focales nacionales y otras entidades públicas.
- La elaboración de una línea de base sobre normativa y prácticas nacionales.
- Un mapa de actores clave: instituciones públicas, sociedad civil, sector privado, academia, defensores de derechos humanos y pueblos indígenas.
- La definición de un sistema de gobernanza con participación pública significativa.
- La clasificación de acciones por plazos (corto, mediano y largo plazo) y la identificación de espacios de cooperación regional.
Además, se solicita a la Secretaría diseñar un sistema de seguimiento, presentación de informes y verificación de estos planes.
Decisión 5: Fondo de contribuciones voluntarias
Se trata del mecanismo de financiamiento del Acuerdo. Se solicita a la Secretaría redoblar esfuerzos para obtener fondos adicionales y a los Estados Parte aportar contribuciones multianuales o anuales recurrentes. Esta decisión es crucial para mantener el ritmo de trabajo y el apoyo a los Estados Parte y al público.
Fortaleciendo los mecanismos del Acuerdo
Decisión 6: Modalidades de trabajo del CAAC y mecanismo de respuesta rápida
Se acogen con beneplácito las modalidades de trabajo aprobadas por el CAAC en la COP de 2024, las cuales desarrollan las reglas de composición y funcionamiento del Comité.
Se le solicita que elabore un informe sobre buenas prácticas en relación con las medidas de protección previstas en el párrafo 2 de la regla V.
Se refiere a la implementación del mecanismo de respuesta rápida, un conjunto de medidas que el Comité puede ordenar cuando una persona del público —física o jurídica— se encuentre en riesgo en el marco de una comunicación. En la III COP, el Comité nombró a Carole Excell, su Vicepresidenta, como relatora para este tema.
Avances sustantivos: participación, transparencia y justicia
Decisión 7: Participación pública en autorizaciones ambientales
Se recibe el informe de la Secretaría sobre buenas prácticas nacionales en participación pública durante los procesos de toma de decisiones relativos a autorizaciones ambientales de proyectos y actividades que tengan o puedan tener un con impacto significativo en el ambiente. El informe incluye conclusiones y recomendaciones sobre todo en cuanto a la aplicación del artículo 7 sobre evaluaciones de impacto ambiental.
Decisión 8: Registros de emisiones y transferencia de contaminantes (RETC)
Se presenta el informe “Registros de emisiones y transferencia de contaminantes en América Latina y el Caribe: estado actual, buenas prácticas y recomendaciones”, realizado por la Secretaría y solicitado en la COP III.
Las recomendaciones apuntan al fortalecimiento institucional, la estandarización de la información, la interoperabilidad de los sistemas nacionales y la mejora de la calidad y accesibilidad de los datos.
Se propone además establecer un grupo técnico de expertos que, con participación de las Partes y del público, para que prepare una propuesta de lineamientos regionales para el desarrollo y fortalecimiento de los RETC.
Decisión 9: Acceso a la justicia ambiental
Se propone crear un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta sobre el derecho de acceso a la justicia en asuntos ambientales, coordinado por las Partes y apoyado por especialistas y la Secretaría. Su objetivo será servir como espacio de diálogo para analizar las mejores vías de implementación del artículo 8 del Acuerdo y fortalecer las capacidades de las Partes y del público.
Se le encargará a un grupo de trabajo ad hoc de composición abierta, a realizar un relevamiento de buenas prácticas y considerar la elaboración de lineamientos para fortalecer la implementación de este derecho, los cuales deberán presentarse en la próxima COP.
Cooperación y alianzas
Decisión 10: Cooperación y alianzas estratégicas
Esta decisión aborda el establecimiento de alianzas con Estados de otras regiones, organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales, académicas, privadas y la sociedad civil. También promueve sinergias con otros foros y acuerdos multilaterales para fortalecer las capacidades de los Estados Parte en la aplicación de los derechos de acceso. Se solicitará presentar un informe sobre estos avances en la siguiente COP.
Un programa intenso para tres días
Las diez propuestas de decisión se orientan a fortalecer la gobernanza del Acuerdo, su capacidad financiera y, en lo sustantivo, recogen los informes solicitados en la COP anterior sobre RETC y participación en la toma de decisiones, sumando ahora el derecho de acceso a la justicia ambiental.
Se trata de un programa de trabajo intenso para tres días, que involucra a los Estados Parte, la Secretaría, los representantes electos del público, el público y órganos subsidiarios como el CAAC.
Este Comité presentará su segundo informe de labores, que incluye tres diálogos con Estados Parte (Chile, Santa Lucía y Panamá), el trabajo sobre personas y grupos en situación de vulnerabilidad, el avance del mecanismo de respuesta rápida y la atención a las comunicaciones recibidas a través de la plataforma digital.
Confiamos en que este proyecto de cooperación regional, basado en los valores comunes de los pueblos de América Latina, contribuya a fortalecer nuestros sistemas democráticos y los Estados de Derecho para la protección de los derechos humanos de todas las personas.