Los presupuestos públicos, atrapados en números, muchas veces ignoran su verdadero impacto en las personas, los territorios y el futuro. Gobernar bien es cuidar la vida. Hoy, los gobiernos locales latinoamericanos necesitan una nueva brújula: el Índice de Bienestar Económico Sostenible (IBES).
Este índice supera al Producto Bruto tradicional. Evoluciona a una mirada integral, sirve para romper los compartimentos estancos entre áreas de gobierno: que un Ministerio de Educación entienda, por ejemplo, su impacto en salud mental. Que Obras Públicas mire cómo su obra afecta el ecosistema o la economía local. Sirve también para generar consensos sociales en torno a prioridades comunes, algo urgentes en contextos polarizados y mide un bienestar económico real, justo y sostenible. Y sobre todo, para volver a poner al ser humano, y a la naturaleza que lo sostiene, en el centro de la política.
Lecciones de quienes se animaron primero:
- Nueva Zelanda destinó NZ$1.9 mil millones a salud mental en su Wellbeing Budget 2021, priorizando indicadores sociales como la ansiedad y la pobreza infantil (The Conversation).
- Escocia vincula todas sus políticas al bienestar común a través del National Performance Framework, dentro de la alianza internacional Wellbeing Economy Governments (WEGo).
- En Waterloo, Canadá, se usaron índices similares al IBES para reorientar inversiones sociales y mejorar la calidad de vida en barrios vulnerables (2022, reportes municipales).
- Finlandia recicla el 49 % de sus residuos electrónicos, muy por encima del promedio europeo (34,8 %), gracias a políticas estructuradas desde indicadores de economía circular (Eurostat 2023).
Modelos emergentes en América Latina
- En Costa Rica, el Índice de Progreso Social ayudó a aumentar un 10% el acceso a servicios esenciales en San José entre 2020 y 2023 (Progreso Social CR).
- Medellín, al priorizar indicadores multidimensionales, logró reducir un 15% la desigualdad en sectores clave como educación, movilidad y acceso a salud (2023, Alcaldía).
Estos casos muestran que los pilotos son viables y que América Latina tiene con qué liderar este cambio global.
Garantizar que este enfoque tenga impacto exige institucionalizarlo. Incorporarlo mediante leyes, decretos u ordenanzas que vinculen el presupuesto público a estos indicadores es clave para que la transformación no dependa de un solo gobierno o coyuntura.
Convocar a ciudadanos, universidades, gobiernos y organizaciones sociales a codiseñar un IBES local no es utopía: es una estrategia concreta.
Los beneficios de este cambio no son solo teóricos: son ahorro en costos sociales y ambientales, mayor eficacia en la gestión, reducción de la pobreza y desigualdad, y comunidades más resilientes y cohesionadas. Invertir desde el cuidado no es solo más justo, también es más inteligente.
En América Latina, donde las brechas sociales, ambientales y económicas persisten, este enfoque no es un lujo: es una necesidad. Y los gobiernos locales, por su cercanía con la ciudadanía y su capacidad de innovación, pueden liderar esta transformación.
¿Estamos dispuestos a invertir con propósito, pensando no solo en quienes hoy habitan, sino también en quienes heredarán este territorio? ¿Queremos gobiernos que cuiden la vida y la dignidad en todas sus formas? ¿Cómo diseñar presupuestos que rindan cuentas no solo en números, sino en bienestar, equidad y sostenibilidad?
Invertir con propósito significa pasar de la administración mecánica a la gestión consciente. Cada peso se convierte en una semilla para que personas y naturaleza florezcan juntas, hoy y en las futuras generaciones.
*Rafael Kemelmajer es economista y co-fundador de R.I.T.A. (Regional Impact Trade Alliance)
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