La propuesta de modificación de la Ley de Glaciares que hoy circula en los pasillos del Senado no constituye un ajuste técnico mínimo ni una actualización meramente interpretativa. Se trata, en rigor, de un cambio profundo que vulnera la esencia misma de la normativa y pone en jaque el recurso más estratégico de la Argentina: el agua dulce. En un escenario global de crisis climática y estrés hídrico creciente en gran parte de nuestro territorio, debilitar la protección de nuestras reservas de hielo es avanzar a contramano del consenso científico y del interés general.
La protección de los glaciares y del ambiente periglacial no es una consigna abstracta, sino una garantía de supervivencia para millones de personas. Modificar esta ley implica una regresión ambiental incompatible con el artículo 41 de la Constitución Nacional, que obliga al Estado a establecer presupuestos mínimos de protección ambiental que no pueden ser reducidos por decisiones posteriores de los gobiernos provinciales.
Aunque el proyecto que se intenta aprobar de forma acelerada no deroga la ley formalmente, sí la desarma por completo desde su interior. La reforma pretende que los glaciares y su entorno pasen a depender de evaluaciones administrativas sin criterios mínimos comunes a nivel nacional. Bajo esta lógica, sería una autoridad provincial quien decida si un cuerpo de hielo cumple con una “función hídrica” que justifique su protección. De este modo, incluso reservas ya inventariadas podrían perder su estatus de conservación, no por razones científicas fehacientes, sino por decisiones administrativas discrecionales.
Este cambio de paradigma transforma una política ambiental nacional y preventiva en una serie de evaluaciones caso por caso, atravesadas por presiones políticas y económicas a nivel local. Al mismo tiempo, el proyecto redefine las prohibiciones vigentes condicionándolas al concepto de “alteración relevante”, una expresión vaga y deliberadamente imprecisa, que no cuenta con definición ni criterios claros en la ley. Así, la evaluación de impacto ambiental deja de funcionar como una herramienta de control estricto y preventivo para convertirse en un filtro que habilita intervenciones, una práctica que la experiencia en nuestro país ha demostrado que debilita la integridad de los ecosistemas.
Este enfoque desconoce la evidencia científica disponible. Todos los glaciares y el ambiente periglacial cumplen funciones esenciales para el equilibrio de los ecosistemas de montaña. No solo regulan el aporte de agua a ríos y acuíferos, sino que amortiguan los impactos de las sequías y contribuyen a la estabilidad del terreno. Cuando estas reservas se degradan, aumentan los riesgos ambientales y sociales aguas abajo. Y hay un punto central que no admite discusión: cuando un glaciar o el ambiente periglacial se destruyen, no se recuperan.
Que este debilitamiento se impulse hoy no es un dato menor: ocurre en un contexto de crisis climática que ya impacta de manera concreta en nuestro territorio. Frente a un escenario de riesgo creciente, la respuesta razonable es fortalecer las normativas de protección ambiental, no desmantelarlas. Una ley de avanzada como la Ley de Glaciares no es un freno al desarrollo, sino una condición básica para que este sea posible y sostenible en el tiempo. No existe producción viable ni bienestar social duradero sin ecosistemas sanos; la economía, la sociedad y el ambiente son pilares inseparables de un sistema que se vuelve inviable cuando se pone en riesgo el agua para sostener una rentabilidad de corto plazo.
Finalmente, es necesario recordar que la Ley de Glaciares es el resultado de la movilización social y de una clara voluntad popular. No puede tratarse como un expediente menor ni resolverse a puertas cerradas. Una conquista construida con participación ciudadana masiva sólo puede discutirse bajo los mismos estándares de transparencia y debate público. La Ley de Glaciares no requiere “mejoras” como sostienen algunos sectores, requiere su cumplimiento pleno y efectivo, ya que protege un recurso vital. El agua es un límite que no debe traspasarse, ya que esto significaría hipotecar el futuro de todos.
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