Vendedoras que madrugan para comercializar api en la plaza de la autonomía indígena de Salinas, señoras que ofrecen quinua en las calles, campesinos que recorren los campos secos, choferes que transportan mercancías en las rutas del contrabando entre Chile y Bolivia y diversas autoridades originarias que están familiarizadas con la palabra “litio”. En los últimos años, han escuchado repetidamente esta palabra, la cual ha estado rodeada de promesas y expectativas en el país boliviano, pero su significado y consecuencias aún son desconocidos para muchos. ¿Qué pasará en el Salar de Coipasa?
Salinas es una geografía marcada por la incertidumbre, y esta duda se extiende al Salar de Coipasa, ubicado en el departamento de Oruro, que, según el gobierno, alberga aproximadamente 1,8 millones de toneladas de litio de las 23 millones de toneladas estimadas en Bolivia. Este salar, con una superficie de 3.300 kilómetros cuadrados, es el segundo más grande del país, después del Salar de Uyuni en Potosí. Casi el 70% de su área está ocupado por el Lago Coipasa, alimentado principalmente por los ríos Lauca, Jurco, Kuchuncho y Lacajahuira. Sin embargo, estos ríos no desembocan en ningún mar y, debido a la intensa radiación solar de la región, la evaporación del agua es mayor que la cantidad que reciben.
En este mundo acuífero marcado por la aridez del altiplano, Lucía Gutiérrez, una autoridad de Yaretani, uno de los cuatro ayllus que conforman Salinas, relata que aún no se ha llevado a cabo un diálogo significativo sobre cómo se usarán las fuentes de agua para la explotación del litio.
El Gobierno Autónomo Indígena Originario Campesino de Salinas (GAIOC-SA), compuesto por los ayllus aymaras de Huatari, Cora Cora, Tunupa, Yaretani y el centro poblado de Salinas, es el cuarto autogobierno indígena de Bolivia, establecido en 2021. A pesar de los acuerdos entre el gobierno y el consorcio chino CBC para invertir y construir una planta industrial en el Salar de Coipasa, colindante con el ayllu Huatari, aún no se han divulgado detalles públicos sobre la ubicación y la construcción del complejo industrial. Además, las autoridades locales informan que no se ha discutido adecuadamente el proceso de consulta previa, un derecho establecido en la Constitución Política del Estado, ni las demandas y negociaciones que esto implica.
“Seguramente el gobierno tiene una agenda apretada, viene muy poco por Salinas”, menciona el Jiliri Mallku, Zenón Huallani, la máxima autoridad originaria. La migración y la distancia dificultan la reunión de personas en Salinas, y las autoridades a menudo evitan hablar sobre los detalles del litio debido a consideraciones políticas o la falta de prioridad en el debate público. Sin embargo, Huallani insiste en la importancia de que Salinas sea reconocida y se convierta en una prioridad política en el país.
Pero, ¿para qué se utilizará el litio? Según la autoridad, el litio significa trabajo, incluso si es en forma de empleo manual. El Jiliri Mallku no está solo en esta entrevista, ya que ha logrado la presencia de Lucía Gutiérrez, quien señala que la falta de información en Salinas se debe al secretismo en el proceso de toma de decisiones. Ella espera que los proyectos se discutan en el lugar con la participación de la comunidad, ya que desean estar informados y ser parte activa en el proceso.
Mirá también: ““Bombardeo de nubes”: ¿en qué consiste la medida que tomará Bolivia por la sequía?”
La situación de escasez de agua en el altiplano boliviano es crítica, y hay preocupaciones sobre cómo la extracción de litio afectará a los recursos hídricos de la región. En otros lugares, la minería de litio ha tenido un impacto significativo en el uso del agua, afectando a quienes dependen de ella para la agricultura y la cría de animales.
En respuesta a estas preocupaciones, se está impulsando la creación de un Foro Permanente del Litio, que contará con la participación de diversos actores de la sociedad civil, académicos, comunidades locales y políticos, con el objetivo de monitorear el cumplimiento de las normativas relacionadas con el agua y los derechos de consulta previa, participación ciudadana y control social en los procesos de explotación del litio en el Salar de Coipasa.
La tecnología que se utilizará en Coipasa para la extracción de litio es la de extracción directa de litio (EDL). Aunque se considera más “amigable”, se desconoce cómo afectará al ecosistema del humedal. Diferentes tecnologías de EDL tienen impactos diversos, y es necesario realizar investigaciones específicas para comprender los efectos en este lugar único.
Los investigadores y expertos enfatizan la importancia de respetar el derecho a la consulta previa y proporcionar información completa basada en estudios realistas e independientes. También destacan la necesidad de promover la formación académica y la especialización de los miembros de las comunidades locales, de modo que su participación no se limite a ser mano de obra.
Hasta la fecha, no se han recibido respuestas de las entidades del Estado boliviano sobre las medidas que se están tomando para mitigar los efectos de la extracción de litio en el Salar de Coipasa, a pesar de las solicitudes de información.
El Salar de Coipasa, con su geografía compleja y única, plantea desafíos logísticos y ambientales para la extracción de litio, y los costos pueden superar los beneficios, especialmente si no se tienen en cuenta las cuestiones ambientales. A pesar de los desafíos, el litio se ha presentado como una esperanza para superar la crisis económica en Bolivia y como un recurso crucial en la transición hacia vehículos eléctricos en todo el mundo.
Sin embargo, las preguntas sobre el futuro del Salar de Coipasa y sus implicaciones aún persisten. ¿Cómo se transformará esta región donde se entrelaza el contrabando y la incursión de la industria del litio? ¿Qué impacto tendrá en la vida de las comunidades locales? Estas preguntas, junto con las preocupaciones ambientales y sociales, continúan sin respuesta en un territorio marcado por la incertidumbre.
*Con información del artículo original de Ara Goudsmit que fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y Periodistas por el Planeta.