En el marco de la XXIV Reunión del Foro de Ministras y Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe, la sociedad civil regional presentó una declaración conjunta en la que reclamó mayor ambición, inclusión y protección frente a la crisis socioambiental que atraviesa el continente.
El documento, firmado por grupos de niñez y juventud, pueblos indígenas, mujeres, sindicatos, ONG, autoridades locales, comunidad científica y agricultores, urgió a los Estados a revitalizar el Foro Ministerial como “un ejemplo de gobernanza democrática e inclusiva” y a garantizar la participación permanente de la sociedad civil en sus deliberaciones.
Uno de los puntos centrales fue la protección de defensoras y defensores ambientales en una región señalada como la más peligrosa del mundo para quienes defienden la naturaleza. “La acción ambiental debe ser interseccional, intergeneracional e inclusiva, con mecanismos concretos de protección, monitoreo y sanción”, subraya la declaración, al tiempo que insta a los países a ratificar e implementar el Acuerdo de Escazú.
La sociedad civil también apoyó la actualización del Plan Regional de Restauración de Ecosistemas, pero reclamó que se prioricen áreas críticas como ecosistemas amazónicos, marinos y andinos, con financiamiento justo, participación comunitaria y salvaguardas sociales. Asimismo, pidió fortalecer sistemas de alerta temprana frente a desastres climáticos, integrando el conocimiento indígena y afrodescendiente.
En materia de contaminación, exigió una transición hacia economías circulares y energías renovables, con generación de empleo verde y justicia social, además de respaldar un tratado internacional vinculante para poner fin a la contaminación por plásticos.
Otro de los ejes fue el acceso al agua. “La hoja de ruta adoptada en Lima debe garantizar gobernanza por cuencas, acceso justo y seguro al agua, y participación de comunidades y juventudes”, señala el texto. También se reclamó financiamiento directo, ágil y simplificado para actores locales, evitando barreras burocráticas.
La declaración incluye un llamado a reconocer el ecocidio como crimen internacional, considerando que las afectaciones graves y duraderas a los ecosistemas representan una amenaza existencial para la región y sus pueblos.
Finalmente, los actores de la sociedad civil reafirmaron su disposición a colaborar con los Estados, el Foro Ministerial y el PNUMA “para asegurar que las voces de la sociedad civil, en toda su diversidad, estén en el centro de la gobernanza ambiental de América Latina y el Caribe”.