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En este momento de crisis climática, se escucha cada vez que es necesaria una “transición energética”. ¿Ejemplos? Más paneles solares, energía eólica, entre otras. Pero, ¿en qué consiste la transición energética? ¿Se trata solamente de descarbonizar para afrontar el cambio climático o hay algo más? En esta nota te contamos por qué hablar de una transición no es hablar (solamente) de números.
Siguiendo al informe “Introducción a la Transición Energética” de la ONG de Acción para la Sostenibilidad, Eco House Global (EHG), es fundamental tener presente que “la transición energética no se limita a descarbonizar las fuentes —cerrando centrales de carbón y desarrollando energías renovables y bajas en emisiones—, sino que implica un cambio de paradigma de todo el sistema energético en conjunto”. La transición trae aparejadas profundas transformaciones tanto en el aspecto social, ambiental y económico. Para que la transición sea sostenible tiene que ser pensada y planificada con políticas integrales y coherentes a largo plazo.
Energía para las personas
El informe destaca que es necesario tener en cuenta siempre a las necesidades de las comunidades y que la descarbonización sea una oportunidad de mejora de calidad de vida. Por eso, se dice que justicia ambiental es justicia social. En este marco, para que una transición sea justa hay tres conceptos importantes: diversificación, soberanía y descentralización.
En primer lugar, el documento dice que “la diversificación energética es un paso central para alcanzar el autoabastecimiento y la sostenibilidad energética”. “La puesta en marcha de proyectos de generación renovable es central para impulsar oportunidades socioeconómicas y en muchos casos desarrollar la industria nacional. La implementación de un sendero de transición energética acorde a la realidad del país puede ser un vector para la expansión de la economía formal, con maximización de capacidades industriales nacionales, que optimice la creación de empleo de calidad y oriente la búsqueda hacia los sectores de alto valor agregado en los eslabones de servicios basados en el conocimiento y el desarrollo de tecnologías”, agrega.
Por otra parte, la soberanía energética se entiende como “la capacidad de la sociedad, sean las comunidades urbanas o rurales, de tomar decisiones en torno a cuestiones energéticas. El uso, propósito, control y acceso a la energía se dará con el objetivo de satisfacer las necesidades que estas tengan”, explica. En este sentido, “una vía para alcanzarla es la promoción de un sistema descentralizado, donde las fuentes son aprovechadas en función de la heterogeneidad de los territorios y la disponibilidad de recursos energéticos”, destaca.
“Esta generación distribuida favorece la autonomía, la participación de la comunidad, el consumo energético cerca de su lugar de generación y una mejor gestión de posibles impactos socioambientales”, añade. Además, es central comprender que la energía constituye un factor central en la vida de las personas, “funcionando como condición de posibilidad para el acceso a derechos. En este sentido, la transición energética debe ser una oportunidad para ampliar derechos, no reducirlos”.
En conclusión, “las transiciones energéticas no tratan solamente de que las energías renovables sustituyan a las fósiles, sino también de trabajar por un sistema energético más inclusivo, justo y resiliente. Frente a esto surge la noción de transición energética justa y la importancia de que cada país lleve adelante su transición energética de manera diferenciada, ajustando el proceso a sus necesidades locales”.
