El pueblo ecuatoriano votó en una consulta popular histórica frenar la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, el corazón de la Amazonía de ese país y una de las zonas más biodiversas del mundo, y la minería en la Reserva de Biósfera del Chocó Andino.
Tras más de diez años de lucha, Ecuador dijo “Sí” al cuidado de Yasuní. La votación fue el 20 de agosto, cuando también tuvieron que elegir nueva Asamblea y presidente. El 59% de los ecuatorianos decidió que el bloque 43 Ishpingo-Tambococha-Tiputini, más conocido ITT, no podrá abrir más pozos petroleros y tendrá un año para irse progresivamente. La producción del bloque representa actualmente alrededor de un 12% de la producción nacional. Sin embargo, aún hay proyectos petroleros en los bloques 16, 31 y 67 de la reserva, a los que no afecta el resultado de la consulta popular.
“¡Esta es una victoria histórica para Ecuador y para el planeta! Esta consulta popular, nacida desde la ciudadanía, demuestra el mayor consenso nacional en Ecuador. Además, es la primera vez que un país decide defender la vida, dejar el petróleo bajo tierra y comenzar un cambio para buscar un mejor futuro para todas y todos”, posteó en sus redes sociales el colectivo “Yasunidos”, impulsor de la consulta.
Además, el 68% de los votantes de Quito eligió prohibir la explotación minera metalífera a cualquier escala en varios pueblos rurales del Distrito Metropolitano de Quito, pertenecientes a la Reserva del Chocó Andino. Quito tiene una zona muy importante para la conservación de la biodiversidad mundial: el Chocó biogeográfico y los Andes tropicales. Por eso, en 2018, la UNESCO incluyó a gran parte de su territorio dentro de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino. También, en 2013, Quito creó el Corredor Ecológico del Oso Andino para proteger a este mamífero.
Cerca de 21 000 habitantes de esta zona se dedican al ecoturismo y a la agroecología, que les brindan trabajo de calidad a sus habitantes. Tienen cultivos como caña, café y cacao.
En 2007, Ecuador intentó lograr un acuerdo internacional en el que se comprometía a no extraer los millones de barriles de crudo del bloque 43 a cambio de una compensación económica de 3600 millones de dólares, el equivalente a la mitad de los ingresos que perderían por no explotar el petróleo. Si bien este hubiese sido un paso histórico para financiar la transición de países en desarrollo hacia energías limpias, no se logró llegar a un acuerdo.
