En la provincia de Neuquén, Argentina, se desarrolla un juicio histórico que podría marcar un precedente en la lucha por la protección ambiental frente al avance de la industria petrolera en Vaca Muerta. La empresa Comarsa (Compañía De Saneamiento y Recuperación de Materiales Sociedad Anónima), una de las principales contratistas de YPF, fue demandada por un grupo de vecinos y organizaciones ambientalistas por la contaminación generada por los “basurales petroleros”, vertederos a cielo abierto donde se depositan residuos del fracking sin el tratamiento adecuado.
A lo largo de la meseta patagónica, en las inmediaciones de la formación Vaca Muerta, se extienden kilómetros de tierra árida y agrietada. Enormes montañas de residuos, cubiertos de una lona negra que se agita con el viento, conforman un paisaje desolador que contrasta con la vastedad de la estepa. Estos basurales contienen lodos, recortes de perforación, agua de producción y otros materiales contaminantes que, según las denuncias, están filtrándose al suelo y contaminando las napas freáticas.
JUICIO A LA CONTAMINACIÓN DE VACA MUERTA
— Asoc. Argentina de Abogadxs Ambientalistas / CAJE (@AbogadesAmbient) February 21, 2024
⚖️Millonarios embargos contra directivos de Comarsa . Avanza la investigación por el escandaloso negocio de los basurales petroleros en Vaca Muerta. pic.twitter.com/CNsWKzLh1R
Vaca Muerta: embargos millonarios por daño ambiental
La Justicia imputó a tres personas: J.M.L, presidente desde abril de 2014 y accionista mayoritario y controlante de Comarsa; H.E.B, director suplente entre abril de 2014 y mayo de 2017, pero que permaneció en la toma de decisiones hasta enero de 2021; y F.A.P, gerente general y responsable técnico de la firma de 2013 a 2016.
Están acusados por los delitos de contaminación peligrosa para la salud pública (artículos 57 y 55 de la ley 24.051 de residuos peligrosos, con remisión al artículo 200 del Código Penal; y 45 del Código Penal, en calidad de coautores); y administración fraudulenta (artículo 173, inciso 7, del Código Penal).
Además, pidieron un embargo de los bienes de la empresa y de dos de los imputados hasta cubrir un total de 7 000 000 dólares. Incluso, se les impuso otro embargo preventivo sobre los activos intangibles de la empresa, como sus cuatro galpones y sus tres hornos pirolíticos en la planta de la localidad de Añelo.
El juicio, que comenzó en febrero de 2024, busca responsabilizar a Comarsa por los daños ambientales y los riesgos a la salud que generan estos basurales. Los demandantes, representados por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (AAdeAA), exigen la remediación del sitio, el pago de una millonaria indemnización por daños y perjuicios, y la implementación de medidas para prevenir futuros daños ambientales.
Por su parte, Comarsa niega las acusaciones y asegura que los basurales cumplen con todas las normas ambientales. Sin embargo, las pruebas presentadas por los demandantes, incluyendo fotos, videos y análisis de laboratorio, indican lo contrario.
Un juicio histórico
Los vecinos de las zonas afectadas por los basurales petroleros están preocupados por la salud de sus familias y el futuro de la región.
Este juicio se está convirtiendo en un caso testigo para la lucha por la protección ambiental en Argentina. El resultado podría tener un impacto significativo en la industria petrolera y en la forma en que se gestionan los residuos del fracking. Incluso, puso en agenda una pregunta fundamental: ¿es compatible el fracking con un modelo de desarrollo sostenible?
