Víctor Accastello, promotor de la primera ley de biocombustibles en Argentina, valoró los avances hacia una nueva legislación pero sostuvo que el potencial del maíz argentino para bioetanol sigue estando muy por debajo de su capacidad productiva real.
Las declaraciones llegan en un momento clave para el sector, cuando el Congreso debate la actualización del marco regulatorio que rige desde 2006 y que define cuánto biocombustible deben mezclar obligatoriamente las naftas y el gasoil en el país.
El maíz argentino está para mucho más, según Accastello
Según publicó Bichos de Campo, Accastello señaló que si bien hay consenso político para avanzar en una nueva normativa, la escala de producción de bioetanol a partir de maíz no aprovecha ni una fracción del potencial agronómico nacional. Argentina cosecha entre 50 y 60 millones de toneladas de maíz por campaña, pero apenas una porción marginal se destina a la industria del bioetanol.
La nueva ley de biocombustibles en discusión busca elevar los porcentajes de corte obligatorio, mejorar las condiciones para inversiones en plantas y establecer metas de descarbonización del transporte terrestre. El proyecto contempla incentivos fiscales para quien instale capacidad de procesamiento de maíz y soja con destino a combustibles renovables.
Por qué importa la actualización de la legislación
La transición energética en el sector transporte argentino depende en buena medida del marco que fije esta ley. Hoy el corte de bioetanol en naftas ronda el 12%, mientras que en gasoil el biodiesel alcanza el 7,5%. Esos porcentajes están por debajo de lo técnicamente viable y de lo que exigen las metas climáticas asumidas por el país en el Acuerdo de París.
Accastello, quien impulsó la primera legislación cuando era legislador, advirtió que sin señales claras de precio y volumen garantizado, las inversiones en nuevas plantas de bioetanol seguirán postergadas. La capacidad instalada actual apenas supera los 1.200 millones de litros anuales, cuando la demanda potencial con un corte del 15% rondaría los 2.000 millones.
El debate en comisiones del Congreso continúa con audiencias públicas previstas para las próximas semanas, según confirmaron fuentes legislativas a Bichos de Campo.
